“Todo para el pueblo pero sin el pueblo” fue el lema del Despotismo Ilustrado, que sigue vivo en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, como si la Revolución Francesa no hubiera tenido lugar, o como si no fuera socialista el consejero Gimeno, que nos abona la nómina cada mes. Quienes trabajamos en enseñanza concertada, y los sindicatos que nos representan, estamos expulsados de la mesa, en la que solo negocian la Administración y las patronales del sector.
El retroceso respecto a la anterior legislatura es evidente, ya que el consejero Mendoza creó la mesa a tres bandas donde se negoció el Acuerdo anterior al actualmente vigente. Desde 2020 Educación ha vuelto al ”modus operandi” de los gobiernos de UPN: el Departamento y las patronales firman unas Bases con un tope de gasto, y luego las patronales buscan algún sindicato que firme con ellas un acuerdo dentro de esos límites, cuya financiación asume finalmente el ejecutivo. Con los gobiernos de UPN era SEPNA (Sindicato de Enseñanza Privada de Navarra) el que firmaba en solitario, pero en el Acuerdo hoy vigente, son todos los sindicatos menos ELA los que firmaron para el período 2020-2022, sin mejora alguna respecto al de 2017-20.
Para 2022-2024 las Bases tampoco prevén mejoras, según nos han informado las dos partes que las están negociando. Esto, unido a la inexistencia de la mesa a tres bandas, hace que ELA no vaya a legitimar con su firma esta vuelta al Antiguo Régimen. Las personas que trabajan en el sector tienen la oportunidad de darle la vuelta a la situación en las elecciones sindicales que van a celebrarse en casi todos los colegios concertados a lo largo del período concentrado que empieza en septiembre y acabará en junio de 2023.
No hay mayor oportunidad de movilización que la garantizada por el sistema democrático, donde existe el sufragio universal, directo y secreto. Estos tres cursos de pandemia que llevamos, ELA, con la representatividad que tiene, ha seguido movilizándose ante la patronal y ante la Administración, sola o con los demás sindicatos, por una educación segura y presencial que tenía que haber sido pactada, contra la amenaza de nuevos recortes desde que expulsaron a los sindicatos de la mesa, contra la imposición de una extraescolar gratuita a cargo del profesorado, y por la mesa negociadora a 3 bandas que trajera la reversión y la mejora de las condiciones.
La pandemia ha evidenciado aún más los efectos desastrosos de los recortes aplicados en Educación desde la anterior crisis de 2008. Dichos recortes nos han supuesto al personal de enseñanza concertada de Navarra, el equivalente a haber trabajado un año entero gratis. Además, nuestro poder adquisitivo era a principios de curso un 20% menor que 10 años antes, y aunque ha habido pequeños incrementos salariales, el personal recién contratado aún no ha vuelto a estar al 95% de equiparación salarial con la pública que tenía con UPN, como prevén las leyes orgánicas de educación.
El 7 de junio se va a celebrar en el juzgado de lo social el juicio por el que los servicios jurídicos de ELA reclaman que se abone a las plantillas las cantidades equivalentes a dicha equiparación, desde el 1 de enero de 2020, como preveía tanto la Ley 4/2019, de 7 de marzo, como el Acuerdo de enseñanza concertada de Navarra de 2012. Según nuestros cálculos, un/a docente de concertada ahorra a la Administración a lo largo de su vida laboral unos 250.000 €, pues ha dado más clases y ha cobrado mucho menos (-18% el personal con mucha antigüedad) que si fuera contratado directamente por ella.
El Acuerdo de concertada recoge medidas que suavizan (cada vez menos) el final de la vida laboral de este personal, bajando de 23 a 21 horas lectivas a los 57 años, y a 19 cuando falten 4 años para la Jubilación Parcial Anticipada, que ahora se limita al 50%, con una jubilación definitiva que va a ser a los 67 años.
No puede ser que ante ese ahorro, la reacción sea de no revertir recortes ni introducir mejoras. ELA tiene claro que lo que necesita el sector es un Convenio colectivo navarro, donde se refleje la jornada que hacemos (ahora se refleja una 2 horas semanales mayor), las tablas salariales que cobramos (ahora unas bastante menores), y las condiciones laborales reales (algunas no figuran). Las patronales no quieren saber nada de esto, prefieren el río revuelto del deficiente Convenio estatal más el Acuerdo foral y sus complementos salariales.
Tienen muy claro que no quieren estar como las jesuitinas o los jesuitas de Bizkaia o Gipuzkoa, donde hay un convenio autonómico que refleja exactamente las condiciones laborales y salariales que tienen las plantillas de ese territorio, y que los sindicatos que los han negociado (ELA lidera con el 55%), consiguen que se cumplan ante los tribunales, donde las patronales perdieron y tuvieron que devolver hasta el último céntimo de lo recortado, pues el convenio es ley y no se puede incumplir.
ELA va a seguir organizando a las plantillas y movilizándose por estos objetivos, hasta conseguir que las tres partes implicadas se sienten a la mesa y negocien una solución justa para el sector. Entonces ELA firmará, como hicimos todos los sindicatos en 2002, tras 2 días de huelga unitaria, y un acuerdo que, aunque no trajo el Convenio navarro, nos bajó las lectivas de 25 a 23, nos equiparó al 95% en 4 años e incorporó un acuerdo de recolocación.