El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la filtración a medios de comunicación de información obrante en el sumario de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional, ha acordado el archivo de este caso al no ver ningún delito de revelación de secretos ya que la causa «ya no era secreta» cuando se publicaron las noticias.

En un auto con fecha del 13 de febrero el magistrado instructor explica que gracias a un «exhaustivo y brillante informe» de la policía judicial a la que se encomendó la investigación de la filtración, ha «acreditado extremos que aclaran de una manera fehaciente los hechos denunciados».

Da por «acreditado que la causa ya no era secreta y que todas las partes de la misma recibieron copia mediante una plataforma digital o ‘cloud», añade la resolución. «Ningún funcionario judicial o policial filtró las actuaciones a la prensa, sino únicamente que el funcionario dio traslado de las mismas a una parte -por problemas informáticos- cuando no eran secretas», apostilla.

El juez continua su exposición señalando que hay que tener en cuenta que cuando esto ocurrió todas las partes tenían ya acceso a las actuaciones «y además de un número indeterminado de personas», a lo que se suma que los periodistas que publicaron dichas informaciones se acogieron a su derecho a no revelar las fuentes de información.

Por todo ello, el juez Carretero, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, acuerda el archivo de las actuaciones al entender que «estaríamos ante una hipotética investigación prospectiva sin datos objetivos para la misma y que podría vulnerar los derechos fundamentales de personas totalmente inocentes y ajenas a la filtración».

La investigación comenzó después de que las defensas de los CDR detenidos el 23 de septiembre de 2018 y que estuvieron unos tres meses en prisión provisional, denunciaran ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instructor de esta causa por terrorismo, que pese a que el procedimiento había sido declarado secreto.

Los abogados aseguraron que estaban apareciendo en los medios de comunicación detalles del modo en que se había desarrollado el operativo policial y filtraciones «masivas» de las diligencias sumariales, por lo que solicitaron la incoación de pieza separada encaminada a averiguar la autoría de las filtraciones denunciadas. El juez de la Audiencia Nacional, con el visto bueno del fiscal, acordó el desglose de los referidos escritos y su remisión al Juzgado Decano de Madrid, por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.
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