40 años exhumando fusilados en Navarra







Imagen 3. Funeral en Ribaforada: banderas republicanas con crespones negros (cortesía de Olga Alcega).

Por Paloma Aguilar:

En la guerra civil y en la posguerra, decenas de miles de republicanos fueron fusilados y enterrados en fosas comunes sin que se permitiera a sus allegados rendirles ningún tipo de tributo ni ofrecerles una sepultura digna. Tras la muerte de Franco, a pesar de los muchos años transcurridos, el anhelo de los familiares por desenterrar a sus deudos, ofrecerles un funeral y llevarles al cementerio se había mantenido intacto. Incluso podría decirse que se agudizó gracias a las posibilidades comenzaron a abrirse durante la transición a la democracia. En muchos pueblos los familiares consiguieron localizar las fosas comunes, celebrar funerales multitudinarios y trasladar los restos a los cementerios, pero en ninguna provincia española el proceso se hizo de forma tan organizada y eficaz como en Navarra. En este artículo, en el que planteamos una nueva mirada sobre la Transición, tratamos de explicar qué factores propiciaron la coordinación de estas audaces iniciativas, sin desatender los muchos obstáculos a los que se hubo de hacer frente. Resulta asombroso que personas tan humildes fueran capaces de desafiar con tanto éxito el intento de las élites políticas del momento de relegar al olvido las páginas más amargas de nuestro pasado.

“Que todo sea una lección para construir una democracia sólida”
Carta de José María Jimeno Jurío a Victorino Aranguren alusiva a la “Operación Retorno”; 27/01/1979)



Introducción1

En 2018 se ha cumplido el 40 aniversario de los primeros traslados colectivos de restos de republicanos asesinados en la guerra que tuvieron lugar en Navarra desde las fosas comunes en que yacían hasta los cementerios de sus localidades de origen2. La pionera fue Marcilla, localidad de la merindad de Olite, que en marzo de 1978 inauguró el primer panteón en honor a los fusilados en la retaguardia tras recoger lo que quedaba de ellos en distintas fosas (Imagen 1). Después vendrían muchos otros homenajes, sobre todo en la comarca de la Ribera, que es donde la represión franquista fue más feroz durante la guerra civil. En Navarra, igual que ocurrió en Canarias, Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla, no hubo más represión que la llevada a cabo por el autodenominado “bando nacional” (Espinosa, 2010: 78).

En la transición, a pesar del miedo, la incertidumbre y la violencia política ejercida por distintos actores, muchos familiares de víctimas del franquismo decidieron no esperar más y comenzaron a organizarse para tratar de dar cauce a un anhelo muy intenso, pero obligadamente reprimido durante décadas: localizar los restos de los asesinados, rendirles tributo y enterrarlos dignamente en el cementerio (Aguilar, 2008; 2018)3.





Imagen 1. Panteón de Marcilla. Fotografía de la autora.

Algunos de los familiares de los fusilados, como Concepción Eguía, Arcadio Ibáñez, Mª Carmen Nieto, Aurora Roa, y otros, crearon una Comisión Gestora en Pamplona para intentar llevar a cabo las primeras exhumaciones. Pocos meses antes se había fundado la Gestora pro fusilados del 36 en la Ribera, que, en realidad, reunía a pequeñas gestoras que se fundaron en muchos pueblos4. La iniciativa, aunque encontró a algunos aliados vinculados a instituciones (sobre todo párrocos, alcaldes y concejales), partió de la sociedad civil.

José María Jimeno Jurío fue, sin duda, el alma mater de estas medidas pioneras de lo que luego se ha conocido como “memoria histórica”5. Él estuvo en todas partes, recogiendo datos, haciendo entrevistas, escribiendo artículos y ayudando de mil maneras a que la recuperación de la memoria de los asesinados por el franquismo en Navarra y La Rioja fuera posible. Con él trabajaron codo a codo muchos familiares, sobre todo Josefina Campos (de Peralta), Terencio Ruiz (de Cárcar, pero residente en Funes) y José Antonio Ruiz Amatria (de San Adrián—) y no pocos sacerdotes, entre los que destacaron Victorino Aranguren y Vicente Ilzarbe. Todos ellos desempeñaron un papel fundamental en lo que vino a conocerse como “Operación Retorno”, por lo que tuvo de vuelta a casa de los restos de los asesinados por el franquismo, mal enterrados y desperdigados por montes, simas y cunetas, particularmente en el sur de Navarra.

Antecedentes

Según Fernando Mikelarena, tras la guerra civil los vencedores comenzaron “una campaña de silenciamiento y desmemorización de las víctimas causadas por ellos mismos”; se trataba de una “estrategia terapéutica para extinguir el sentimiento de culpa” (2015: 361). Y esta se complementó con una política de memoria sectaria y obsesiva destinada a rendir tributo exclusivamente a sus propios muertos, que, en el caso de Navarra, habían fallecido en el frente, no habían sido asesinados por sus vecinos ni por partidas llegadas de otros pueblos. Muchos de los fusilados por los franquistas no fueron inscritos en los registros de defunción, lo que explica la abundancia de expedientes de defunción tardíos (2015: 386-393)6.

Los primeros intentos por documentar el número de víctimas navarras como consecuencia de la represión franquista los ha documentado Mikelarena. Él explica que partieron del Gobierno Vasco en el exilio (en concreto de sus servicios de información) y que también se implicó el Consejo de Navarra. Para ello contaron con informes proporcionados por varios párrocos y secretarios de ayuntamientos navarros, y Manuel de Irujo, estellés, desempeñó un papel fundamental en todo ello. Mikelarena menciona la confección clandestina de dos listados de víctimas que se elaboraron, desde el final de la guerra hasta mediados de los años 40, “a partir de la colaboración tanto de nacionalistas como de los diferentes partidos y sindicatos de izquierda, de personas ideológica y familiarmente próximas del clero y de los mismos familiares de los fusilados” (2015: 446). La finalidad de estas listas era dar a conocer al mundo lo que había ocurrido en Navarra. E incluso, desde el exilio, se intentó ir más allá, pues algunos también pretendieron atribuir responsabilidades penales a los franquistas, con una audacia y una contundencia que incluso hoy en día nos sorprenden (2015: 447-8)7, así como la divulgación de los nombres de los verdugos (2015: 449), o “los matones”, como son denominados en estas tierras. Esta operación inicial de recogida de información tendría una gran relevancia sobre lo que ocurriría después, pues, según Mikelarena, el propio Jimeno Jurío partió, al principio de sus investigaciones, de una de las listas que se elaboraron entonces.


Entre tanto, en el conjunto de España, los vencedores no solo recibieron todo tipo de pensiones, reconocimientos y prebendas, sino también ayudas económicas para exhumar y reinhumar los restos de sus deudos. E incluso, antes de trasladarlos, pudieron acotar las fosas, que se beneficiaron de la misma protección legal que los camposantos. Por el contrario, los familiares de los vencidos, salvo en contadas excepciones8, no pudieron trasladar al cementerio los restos de sus allegados, o lo hicieron de forma clandestina, con el enorme riesgo que ello entonces conllevaba. Tampoco pudieron poner lápidas conmemorativas en los emplazamientos de las fosas. Una excepción interesante es la que cuenta en su libro García de Albizu (2017), nieto de uno de los asesinados en la sima de Urbasa9. A principios de los años 60, unos familiares de personas que fueron arrojadas a la sima de El Raso de Urbasa, primero la sellaron con unas piedras y una capa de hormigón para evitar su profanación, y luego añadieron una lápida conmemorativa con los nombres de algunos de los asesinados antecedidos por la frase: “Un recuerdo y una lágrima”. Hace poco se arregló el lugar y en 2017 se añadió otra lápida en la que figuran los nombres de nueve de los diez que se encontraron en la exhumación llevada a cabo por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ya que solo uno de ellos no pudo ser identificado.

Hablar públicamente de los vencidos, y más aún de aquellos cuyos restos aún yacían en fosas comunes, era un tema absolutamente tabú, y los pocos que se atrevieron a mencionarlos solían ser castigados por ello. Por ejemplo, Víctor Manuel Arbeloa10 afirmó en 1966 en un artículo publicado en la revista Signo, de Acción Católica, algo tan aparentemente inofensivo como: “Yo no soy partidario de ningún asesinato; tampoco de los que asesinaron en Badajoz, de los que bombardearon Guernica, de los que mataron en las cunetas de Navarra” (Arbeloa, 1966: 5). Por esta escueta mención a los asesinatos de los franquistas y a la existencia de fosas comunes, el número completo de esta revista fue secuestrado. Además, cuando entrevisté a Arbeloa me dijo: “me condenaron en Primera Instancia a cuatro años, tres meses y un día. Me defendió Gregorio Peces-Barba (…). Eurípides Serrat hizo un recurso después y me absolvieron, en una Segunda Instancia, pero, mientras tanto, tenía que presentarme con el pasaporte cada 15 días”. No fue el único problema con la justicia que tuvo este sacerdote, que años más tarde desempeñaría un papel fundamental en la refundación del PSOE y la UGT en Navarra.

El malestar de algunos sectores de la Iglesia con el régimen franquista se venía larvando desde hacía tiempo, pero recibió un impulso fundamental con los aires de renovación que emanaron del Concilio Vaticano II. El hito fundamental en España fue la celebración en 1971 de la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes11. En sus reuniones preparatorias un grupo de sacerdotes, sobre todo de origen navarro, propuso que la Iglesia española pidiera perdón por su actitud cómplice con el bando de los sublevados durante la guerra civil. Los protagonistas de esta audaz iniciativa fueron Jesús Equiza, recientemente fallecido, quien me dio cuenta con detalle de cómo transcurrieron los hechos cuando le entrevisté, y Victorino Aranguren, uno de los principales promotores de las exhumaciones de la transición, que dejó testimonio de ello en un manuscrito de gran interés (Aranguren, 2006). Esta proposición rezaba: “Reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no siempre supimos ser ministros de reconciliación en el pueblo dividido por una guerra entre hermanos” (Tamayo, 2007: 105)12.

La necesidad imperiosa de pedir perdón no debía ser ajena a la complicidad de una parte importante de la Iglesia Católica española en general, y navarra en particular, con los sublevados durante la contienda13. Esta proposición, tan insólita en aquella época, fue objeto de mucho debate y, aunque el texto no obtuvo la mayoría de dos tercios requerida para su aprobación, lo cierto es que fue apoyada por la mayoría de la Asamblea (obtuvo un respaldo superior al 60% de los votos).

No pocas personas vinculadas a la Iglesia, particularmente en Navarra, ya que el principal impulso para pedir perdón partió de aquí, se quedaron insatisfechas con el resultado de esta Asamblea y trataron de promover otro tipo de iniciativas encaminadas a la superación del rencor y a la reconciliación. Y, como veremos, muchos acabaron actuando como si, en realidad, aquella primera propuesta encaminada a pedir perdón se hubiera aprobado14.

En 1974, en la publicación titulada La Verdad. Hoja Parroquial de las Diócesis de Pamplona y Tudela (a partir de ahora, La Verdad), con la excusa de la preparación del Año Santo de la Reconciliación que se iba a celebrar en 1975, se publicaron una serie de artículos encaminados a promover el reencuentro entre quienes se habían enfrentado en la guerra civil. Uno de ellos, que vio la luz en septiembre de 1974, se titulaba “Vencedores y vencidos”, y venía firmado por Joan de Orreaga, pseudónimo de José Antonio Marcellán. Este religioso hablaba de “reconciliación” y proponía la concesión de una “pensión vitalicia (…) a todos los mutilados, jubilados y pensionistas de los que militaron en el bando republicano”. En diciembre de ese año el mismo autor escribió otro artículo en el que se preguntaba “¿Es posible la reconciliación en Navarra?”. Aquí realizaba una afirmación, sumamente cauta, pero fundamental: “No todos los muertos en Navarra se encuentran en los cementerios”. Recordemos que Franco aún viviría un año más.

En octubre de 1974, como explican algunos de sus protagonistas en un artículo de gran relevancia para dar cuenta de las iniciativas que auspiciaron en la transición para recuperar y honrar la memoria de los fusilados por el franquismo, un grupo nutrido de sacerdotes navarros que se reunían mensualmente en jornadas de reflexión y debate, había encomendado a Arbeloa y a Jimeno Jurío (ya secularizado) que recabaran datos sobre la represión franquista en Navarra (Lesaca, Aranguren y Fernández, 1981: 41-2)15. Jimeno Jurío, no obstante, decidió proseguir, discretamente y en solitario, con el encargo que le habían hecho, lo que suponía recorrer muchísimos pueblos, recoger todo tipo de documentos y grabar multitud de testimonios en cintas magnetofónicas16.

Hay que recordar la gran agitación socioeconómica que existía en Navarra en aquella época17 y, en relación con ello, la situación tan delicada que atravesaba allí la Iglesia (Equiza, 1983). Había comenzado lo que vino a conocerse como la “guerra de las homilías” y, a principios de 1975, eran frecuentes las multas, e incluso la reclusión de sacerdotes, por sermones muy comprometidos con las luchas laborales de la época, como el que se predicó en varias iglesias de Pamplona el 26 de enero. El 7 de febrero de 1975, 268 sacerdotes entregaron un escrito al Arzobispo de Pamplona defendiendo las motivaciones de los curas detenidos; el día 14 el prelado envió una nota al Gobernador Civil de Navarra refiriéndose a las multas y detenciones, y apelando al diálogo, que fue respondida por este tres días más tarde diciendo que la obligación de las autoridades civiles era perseguir los actos subversivos, sobre todo si atentaban contra la unidad de España18.

Precisamente en este contexto es cuando vuelve a surgir la necesidad de reflexionar y pedir perdón por la complicidad de la Iglesia con el bando franquista durante la contienda. Tal y como nos explican algunos de sus protagonistas, “[e]n una de las sesiones del Consejo del Presbiterio de Pamplona, siendo Arzobispo D. José Méndez Asensio, se pergeñaron unas proposiciones, por parte de un importante número de curas, para que la diócesis se pronunciara oficialmente sobre ese borrón de su historia. Pero el Arzobispo prohibió tajantemente que se suscitara la cuestión. Fue en Febrero de 1975 [el día 24]. Año Santo de la Reconciliación” (Lesaca, Aranguren y Fernández, 1981: 42).

En el Boletín Oficial de las Diócesis de Pamplona y Tudela no se recoge esta propuesta porque no se llegó a debatir. Pero lo cierto es que la reunión del Consejo del Presbiterio celebrada el día 24 de febrero de 1975 se presentaron tres iniciativas fundamentales relacionadas con la reparación de las víctimas del franquismo: su inscripción en el Libro de Difuntos de la parroquia correspondiente, el traslado de los restos a los cementerios de la localidad y la celebración de funerales en su honor19. Aunque el presidente del Consejo del Presbiterio no permitió que se votaran estas propuestas es evidente que se creó un clima favorable para que, pocos años después, algunos párrocos decidieran llevarlas adelante por su cuenta20. El 29 de enero de 1978 José María Cirarda sería nombrado Arzobispo de Pamplona y Administrador apostólico de Tudela, y el nuevo prelado, como se verá más adelante, acabó dando un importante respaldo a este tipo de iniciativas.

Otro paso fundamental en Navarra lo dio Eloy Fernández21, párroco de Azagra, cuando en agosto de 1975 publicó en el Diario de Navarra un artículo haciéndose eco de las reivindicaciones de las viudas de guerra republicanas. Este religioso, que había sido multado por la dictadura a mediados de los sesenta, y que acabaría colaborando muy activamente en las exhumaciones y homenajes de la transición, escribía, refiriéndose a las viudas: “no piden ni mucho menos revancha, porque son cristianas, y muchas de ellas buenísimas cristianas. Pero sí piden, y con lágrimas, que se rehabilite cuanto antes la memoria de sus maridos o hijos y que sus nombres figuren en los registros de defunción municipales y parroquiales con toda dignidad. Es un tema tabú. Nadie hace nada. Nadie habla nada. Nadie se siente obligado a pedir perdón (…)”. Este artículo, que aprovechó la oportunidad que brindaba la conmemoración del Año Santo de la Reconciliación, tuvo un impacto enorme. Según el párroco de Falces: “Le llovieron al sacerdote cartas, telegramas, llamadas telefónicas, emocionadas y agradecidas. Contribuyó a preparar el ambiente favorable” (Aranguren, 2006: 7)22.

Pocos años después, parece que algunos párrocos volvieron a intentar disculparse en nombre de la Iglesia por la actitud de esta durante la guerra civil. Josefina Campos (2008: 16 de CD) afirma: “Este error inconcebible de nuestra Jerarquía católica española fue reconocido por una buena parte de sacerdotes navarros en octubre de 1978. Estos sacerdotes navarros hicieron un manifiesto rechazando la acción de la Iglesia en el 36 y pidiendo perdón en nombre de la misma Iglesia, dicho manifiesto fue público y presentado al entonces Arzobispo de Pamplona Don José Mª Cirarda23. Este animó a sus sacerdotes a que no solamente se nos ayudara a los familiares, sino que fuesen, a una con nosotros, promotores de reivindicar el buen nombre de todos los fusilados y, por supuesto, de exhumar sus restos dándoles sepultura digna y funerales por todos ellos”.

De hecho, este prelado escribió un artículo en La Verdad titulado “Ante el 2 de noviembre. Conmemoración de todos los fieles difuntos”, en el que daba el visto bueno a las iniciativas de reparación y memoria llevadas a cabo en algunas de las parroquias navarras: “En los pocos meses de mi servicio episcopal en Navarra, muchas parroquias vienen cumpliendo un deber a que justicia y caridad nos obligan desde hace demasiado tiempo: dar tierra en nuestros camposantos a los restos de quienes murieron en el vértigo de pasiones de nuestra guerra civil, enterrados todavía en fosas improvisadas en las cunetas de los caminos o en cualquier descampado (…). Admirable ha sido el espíritu con que nos han ejemplarizado los familiares más cercanos (…) en las celebraciones litúrgicas ocasionadas por dichos traslados de restos (…). Nuestros sacerdotes y sus comunidades parroquiales han sabido convertir esas celebraciones en momentos de gracia para la reconciliación entre todos, orando juntos por la paz, fruto de la justicia”24. Uno de los protagonistas de estos homenajes, Jesús Equiza, interpretó esta nota del nuevo arzobispo como un espaldarazo a lo que venían haciendo, lo cual les animó a seguir adelante (1983: 241).

La “Operación Retorno”

A la muerte de Franco, como es bien sabido, quedaban decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes dispersas por todo el país. La prohibición de trasladar a los muertos a un lugar digno donde enterrarlos y de celebrar cualquier ritual de duelo en su memoria había dejado unas heridas muy hondas que permanecían abiertas. En esos momentos existía una gran incertidumbre sobre cómo evolucionaría la situación política, pervivían actores poderosos heredados de la dictadura y, sobre todo en las pequeñas localidades, debía de existir un profundo temor a que pudiera producirse una reacción violenta por parte de la derecha si se removía el pasado.

A pesar de que el posfranquismo no parecía ser el momento más propicio para reivindicar la memoria de los vencidos, muchas familias decidieron no esperar más y, superando su propia aprensión, los obstáculos administrativos y, en algunas en ocasiones, las amenazas, se propusieron exhumar a sus deudos y enterrarlos, con honores, en el cementerio de la localidad. Otros lo intentaron y no lo consiguieron, o bien porque nadie les dio información sobre el emplazamiento de las fosas, o bien porque estas habían sido trasladadas al Valle de los Caídos, o incluso porque habían sido destruidas, como ocurrió con la de Zizur25. Por último, no pocas familias siguieron paralizadas por el temor a las consecuencias de remover el pasado y no se atrevieron a promover iniciativa alguna.

Los resultados de las primeras indagaciones de Jimeno Jurío comenzaron a publicarse en Punto y Hora de Euskal Herria (a partir de ahora PHEH), revista de información política, ideológicamente próxima a la izquierda abertzale, que comenzó a ver la luz en abril de 1976. En aquellos momentos, muy pocas publicaciones se atrevían a dar cobertura a lo relacionado con los fusilados, las exhumaciones y los homenajes posteriores. Era un tema que muchos consideraban inoportuno y, escribir sobre él, era visto como cosa de “radicales”. Eso explica que la única revista de tirada estatal que prestó atención a todo ello fuera Interviú, que se nutrió, en no poca medida, de personas que habían sido represaliadas por el franquismo, algunas incluso procedentes del FRAP (Aguilar y Ferrándiz, 2016). En esta revista se publicaron tres artículos sobre las exhumaciones en Navarra: dos en 1978 y uno en 1980.

Personas también procedentes del FRAP fueron las que crearon en la transición la Convención Republicana de los Pueblos de España, uno de cuyos principales objetivos era formar un tribunal internacional para juzgar los crímenes del franquismo, algo que enlaza, de alguna manera, con lo que ya se ha dicho que pretendía el PNV desde el exilio. El órgano de difusión de aquel grupo político se denominaba Vanguardia Obrera y en él dieron cobertura tanto a algunas de las exhumaciones que se hicieron en Navarra y La Rioja como a los homenajes que se organizaron en Málaga, Valencia y otros lugares para rendir tributo a las víctimas del franquismo.

Otro hito importante fue la publicación en PHEH, en mayo de 1977, de la primera carta del familiar de una víctima del franquismo llamando la atención sobre los que aún yacían en fosas comunes. Bajo el significativo título “Sin rencor”, Luis Amatria Marcilla, de Azagra, hijo de fusilado, mencionaba a quienes fueron abandonados sin vida en “las cunetas de las carreteras” y en “los caminos de los campos”. E insistía: “allí siguen, sin sepultura cristiana, sin haberles hecho nadie un funeral, sin haberles inscrito en el registro civil ni eclesiástico, sin la más mínima paga de compensación para sus viudas”. Curiosamente, pedía a los familiares de Paracuellos “que nos ayuden a recuperar los restos de nuestros seres queridos para poder darles honrosa sepultura” y a conseguir pensiones para las viudas. Y remataba afirmando que escribía sin odio ni rencor ni afán de revancha, que había perdonado y que pensaba que “todos [fuimos] culpables”.

Más allá de la indudable importancia de esta carta, fue Jimeno Jurío quien primero se atrevió a abordar, de forma sistemática, todos aquellos temas que habían sido tabúes durante décadas y que, en casi todas partes, lo seguían siendo. Por ejemplo, en noviembre de 1978 publicó un artículo en la revista PHEH (nº 112) sobre el tristemente célebre caso de Maravillas Lamberto y ni siquiera eludió los nombres de los asesinos, cosa que incluso hoy en día sigue trayendo problemas a los historiadores, como ha demostrado Francisco Espinosa (2009).

A finales de noviembre de 1978, en un artículo titulado “Los muertos del 36. Pérdida de vidas humanas en Euskadi durante la guerra” (nº 115 de PHEH), Jimeno Jurío anunció por primera vez algo fundamental: “los familiares de los navarros asesinados durante la guerra han iniciado la recuperación de los restos sepultados en camposantos (…) para darles digna sepultura en los cementerios de sus pueblos. No hay en sus intenciones —se ha repetido públicamente— deseo de politizar ni ansias de revancha. Es legítimo afán de honrar la memoria de quienes fueron muertos por defender unos ideales republicanos y democráticos. Las Comisiones Gestoras de cada localidad saben que tienen a su disposición los datos que he podido obtener durante dos años de investigación”. Más adelante se refería también a “la Gestora pro fusilados de Pamplona, recientemente creada”, la cual, ante las dificultades para recabar datos sobre sus familiares, había decidido abrir una “investigación pública (…), publicando para ello en la prensa una relación de más de doscientos pamploneses ejecutados”. La nota que esta entidad envió a los medios de comunicación rezaba: “Centenares de familias afectadas, que anhelan vivamente satisfacer un deber filial, agradecerían cualquier aportación, que pueden ser enviadas a dicha Gestora, San Antón, 3-1º PAMPLONA”26. Y a continuación se publicaba un primer listado provisional de fusilados, invitando a los lectores a corregirlo y a ampliarlo. En el número siguiente de PHEH (nº 116) se publicó un reportaje absolutamente fundamental —“Los fusilados navarros vuelven a casa”— dando cuenta de las primeras iniciativas de recuperación de restos y/o homenajes a los fusilados, el cual, sin duda, contribuiría a la difusión de este fenómeno27.

Respecto a la sociedad civil, tal y como explica Josefina Campos (2008) en su libro —de imprescindible lectura para saber cómo se organizaron los familiares de la Ribera—, comenzó a movilizarse bastante pronto. El 27 de marzo de 1978 ya se había nombrado una primera comisión gestora para promover la búsqueda de los restos en esta zona de Navarra28. A este esfuerzo contribuyeron muchos párrocos, alcaldes (los que participaron al principio del proceso no habían sido elegidos democráticamente) y concejales.

La coordinación, desde luego, era imprescindible dada la dispersión de los restos. El sadismo de los verdugos se demuestra en datos tan elocuentes como que los fusilados de Peralta, pueblo natal de Josefina, estuvieran enterrados en 30 lugares diferentes (Campos, 2008: 18). También era importante trabajar de forma conjunta con el fin de agilizar los trámites administrativos y para superar el miedo que existía en aquella época a remover el pasado.

Por lo que se refiere a la Gestora de los fusilados de Pamplona, según Orreaga Oskotz, se reunió por primera vez el 27 de octubre de 1978 (en la antigua sede de la RSAP). A ella asistieron unas 17 personas. En esa ocasión acordaron contactar con más familiares y reunirse el 3 de noviembre. En esta segunda fecha ya comenzó a articularse el reparto de trabajo y se acordó la confección de listas de fusilados de Pamplona y alrededores. También decidieron enviar una nota a los medios de comunicación, lo cual acabó siendo fundamental para dar a conocer su existencia y sus intenciones a muchas otras personas interesadas en la recuperación de los restos de los fusilados.

El 8 de noviembre de 1978 convocaron a través del Diario de Navarra a una reunión a los familiares de los fusilados, que iba a tener lugar el día 11 en la sede que les prestaba la RSAP. Ese día, según Orreaga Oskotz, “se juntaron un montón de familiares (…). Mi madre contaba que la gente acudió allí muy alborozada pensando que ya sabían dónde estaban y se les iban casi a entregar. Los sentimientos estaban muy a flor de piel y recuerda, pero no sabe si fue en esa concretamente, que tuvieron un aviso de bomba y tuvieron que desalojar el lugar (…). Allí debieron empezar las amenazas hacia ellos en forma de insultos, pintadas en sus negocios o, como en el caso de mi madre, en el año siguiente, en 1979, cuando vio encima de la mesa dos fotografías de mis dos hermanos mayores amenazados por los Guerrilleros de Cristo Rey. Ella eso me lo ha reconocido hace poco, pero mis padres lo ocultaron. Me lo contó el año pasado Aurora Roa, unos meses antes de fallecer”.

El 5 de diciembre de 1978 los familiares enviaron una carta al Ayuntamiento, encabezada por Concepción Eguía —la madre de Orreaga Oskotz— y firmada por varias personas más, anunciándole la creación de una gestora para la localización y traslado de restos, y pidiéndole un lugar en el cementerio donde inhumarlos29. El 23 de ese mes se publicó otra nota convocando a la siguiente reunión, en este caso en el Colegio de las Madres Reparadoras, cuyos locales fueron cedidos con frecuencia a diversas asociaciones y que ya se ha mencionado que albergaron —y aún albergan— reuniones de sacerdotes progresistas (y luego también laicos, como me ha confirmado Vicente San Martín Oneca) para debatir diversos temas de actualidad. Y, el 14 de diciembre de 1978, los familiares enviaron una carta al Director General de Prisiones pidiendo que les dieran acceso a sus archivos, particularmente al historiador Jimeno Jurío, a quien autorizaban a que hiciera indagaciones en su nombre30.

Hoy en día nos cuesta trabajo imaginarnos con precisión el impacto que debieron de tener artículos e iniciativas tan audaces en fechas tan tempranas, cuando la transición discurría por la senda de la denominada “reconciliación nacional” que, básicamente, consistió en dejar de lado los aspectos más dolorosos del pasado, insistir en que todos habían sido igualmente culpables de desmanes durante la guerra y que lo que había que hacer era estabilizar una frágil democracia, lo que muchos consideraban incompatible con la búsqueda de los restos de los fusilados republicanos y con la celebración de homenajes en su honor. Es curioso, porque los familiares casi siempre adoptaron un tono muy moderado y conciliador en sus demandas, y los homenajes fueron acompañados de funerales religiosos en cada localidad (Aguilar, 2018; Aguilar y Payne, 2018). A pesar de ello, la extrema derecha no estaba dispuesta a que se rindiera tributo alguno a los vencidos, por lo que, en no pocas ocasiones, profirió amenazas o llegó a actuar con violencia31.

Mirentxu Purroy, directora en aquellos años de la revista PHEH, me ha explicado que Jimeno Jurío y ella, después de meditarlo mucho, decidieron asumir el riesgo y ser los primeros en atreverse a publicar listas de fusilados en Navarra, muchos de ellos desaparecidos. En seguida comenzaron a recibir amenazas de muerte. De algunos anónimos, como he podido comprobar, se hicieron eco en la propia revista, pero también les llegaron amenazas en persona, tanto a ella como a su padre, por parte del “chato de Berbinzana”, uno de los asesinos más célebres de Navarra.

En aquella época, PHEH tenía más difusión en Navarra que la revista Cambio 16, así que la publicación del listado desencadenó muchas reacciones; también de familiares, que comenzaron a contactar con ellos para ofrecerles información y solicitarles datos. Todo ello, como es natural, contribuyó a que el fenómeno se fuera expandiendo y que cada vez más pueblos se animaran a emprender la recogida de los restos de sus fusilados32.

Al poco tiempo, Jimeno Jurío empezó a recibir amenazas de muerte “conminándole a abandonar sus investigaciones relativas a la Guerra Civil” (Jimeno Aranguren, 2008: 19). Ello explica que, tras años de trabajo infatigable, decidiera finalmente abandonar su tarea. Los resultados de su ardua tarea se acabaron viendo plasmados, además de en varios artículos que Jimeno Jurío escribió antes de ser amenazado (Jimeno Jurío, 2006), en el libro del colectivo AFAN (Asociación de Familiares de Asesinados de Navarra, 1984)34 y en las sucesivas ediciones publicadas por Altaffaylla Kultur Taldea (la primera de 1986), grupo al que entregó sus materiales para que prosiguieran con sus investigaciones (Jimeno Aranguren, 2006: 18).

Las amenazas, según muchos testimonios, estaban a la orden del día. Josefina Campos menciona en su libro que varios sacerdotes recibieron amenazas de muerte por colaborar con los familiares y afirma que uno de ellos llegó a recibir una paliza, lo que le hizo abandonar su participación en estos actos. También el coadjutor de Ribaforada, según me explicó Olga Alcega —nieta de asesinado y Presidenta de AFFNA36 durante varios años—, colaboró muy activamente con los familiares y eso tuvo un coste extraordinario para él: entre otras cosas, fue agredido físicamente por unos falangistas del pueblo.

No puedo dar cuenta aquí de todos los actos intimidatorios de que tengo constancia; solo añadiré que Arcadio Ibáñez (familiar de 5 asesinados y muy activo desde el principio en la búsqueda de los restos), me contó que, en una ocasión, Jimeno Jurío y él estaban reunidos con más gente en la sede de la RSAP y se tuvieron que ir precipitadamente porque recibieron una amenaza, y que lo mismo les ocurrió una vez que estaban reunidos en “los jesuitas”35. Pocas cosas podían irritar más a los herederos de la dictadura que ver mancillada la versión deformada que habían ofrecido durante décadas de la guerra y la posguerra, según la cual todos los crímenes los habían cometido los republicanos.

La RSAP de Pamplona se reconstruyó en 1960 y empezó a organizarse alrededor de personas vinculadas al PNV mientras este aún se encontraba en la clandestinidad; uno de sus principales objetivos era la promoción de la cultura vasco-navarra (Martínez-Peñuela, 1986). Según Arbeloa, los editoriales del boletín clandestino que publicaba la Sociedad, denominado Aurrerá, eran escritos por Manuel de Irujo. Un dato muy significativo es que el 13 de junio de 1976 “los directivos de la Sociedad nacionalista [eligieron] el monasterio de Iranzu como sede de su quinta Asamblea”; con ocasión de esta, se ofreció una misa en euskera y hubo un “responso por los fusilados en 1936” (Arbeloa, 1999: 448-449). Asimismo, en un artículo publicado en la revista PHEH a finales de 1978 (nº 16, p.15), se decía que el PNV había participado en diciembre de 1977 en un funeral celebrado en la parroquia de Villafranca de Navarra en memoria de los fusilados y que, a continuación, Manuel de Irujo, por aquel entonces senador, dio un discurso homenajeando a los “muertos por la libertad, la justicia y la democracia”. En febrero de 1978 también se celebró una misa, con su correspondiente acto político, en Caparroso, en el que intervinieron tanto Irujo como el hijo de un concejal republicano fusilado que militaba en el PCE36.

Parece que quienes se adelantaron a organizar unos pocos funerales, incluso antes de que comenzaran las exhumaciones, fueron algunas personas ligadas al PNV y a la Iglesia navarra, junto con familiares de los represaliados, que con frecuencia eran, sobre todo en aquellos primeros años, de simpatías socialistas. Y esa presencia se mantuvo con posterioridad, pues cuando pregunto a los familiares si recuerdan a alguien de relevancia política que los acompañara en los homenajes que se produjeron al reinhumarse los restos en los cementerios, el nombre que más se menciona, y que también figura a veces en las crónicas, es el de Manuel de Irujo. Por ejemplo, este estuvo presente en el segundo funeral que se celebró en Marcilla, como me confirmó Mari Cruz Suescun, nieta de un fusilado de la localidad37. Con todo, el mayor protagonismo, en estos primeros años, correspondió a los familiares y las únicas banderas que se veían entonces eran las republicanas, muchas veces con crespones negros, según puede verse en muchas fotografías y me ha explicado Olga Alcega, testigo presencial de muchos de estos funerales.

Los homenajes poco a poco se irían politizando, hasta llegar a algunas conmemoraciones muy significativas que tuvieron lugar en 1986, con motivo del 50 aniversario de la guerra civil38.

Familiares, párrocos y corporaciones municipales

El PSN-PSOE39 y la UGT de Navarra han sido criticados por no haber liderado las exhumaciones ni los homenajes tras la muerte de Franco. Algunos familiares de víctimas dicen sentirse defraudados por ello, ya que, como puede comprobarse en el Fondo Documental de la Memoria Histórica, la gran mayoría de los asesinados por el franquismo en Navarra eran ugetistas. Hay documentos, y también testimonios, que avalan la existencia de una especie de recelo y un exceso de cautela por parte de los dirigentes socialistas navarros (y españoles en general) hacia estas cuestiones, y también de un empeño por dejar atrás el pasado; pero habría que hacer algunas puntualizaciones.

Por un lado, no es que los militantes socialistas y ugetistas estuvieran ausentes de estos actos, ya que la mayoría de aquellos a los que he entrevistado participaron activamente en muchos homenajes. Pero, como ellos mismos me han confirmado, lo hicieron más bien a título individual, o desde las agrupaciones locales, como en el caso de Azagra40, pues el partido, tanto a nivel provincial como estatal, era remiso a promover este tipo de iniciativas. Por otro lado, algunos alcaldes socialistas, como el de San Adrián, uno de los líderes de este gran movimiento reparador, y el de Zaragoza, que dio todas las facilidades a los familiares para sacar los restos del cementerio de Torrero, colaboraron muy activamente en la “Operación Retorno”. Por último, como se verá más adelante, también existió el deseo expreso por parte de los familiares de evitar la politización de los funerales. Varios familiares me han contado que en aquellos años los partidos, en general, no tuvieron protagonismo, ni los socialistas, ni los demás41, aunque, indudablemente, el caso del PSN-PSOE es más llamativo, precisamente por la adscripción ideológica de la mayoría de las víctimas.

Volviendo a las críticas vertidas contra el partido socialista, Arcadio Ibáñez me proporcionó una información muy importante: antes de las primeras elecciones municipales de la democracia en 1979, esto es, mientras estuvieron los “concejales sociales” en el Ayuntamiento de Pamplona, los familiares no encontraron traba alguna para intentar buscar los restos de sus allegados. Es más, el consistorio siempre los recibió con atención e incluso les prestó una pala excavadora de forma gratuita para facilitarles la labor. Arcadio menciona la actitud receptiva de Miguel Ángel Muez, recientemente fallecido, y de otros miembros de la corporación. Hace poco entrevisté telefónicamente a Jesús María Velasco, uno de aquellos “concejales sociales” del tercio familiar, y me confirmó que su corporación estuvo abierta a los familiares de los fusilados, pero que eso cambió con la llegada del siguiente equipo de gobierno municipal; él también recuerda que Miguel Ángel Muez asistió a alguno de los homenajes a los fusilados42.

Cuando, de nuevo según el testimonio de Arcadio, la primera corporación municipal de la democracia expresó reticencias ante las demandas de los familiares de los asesinados, mostrándose poco partidaria de “remover” el pasado43, aquel les preguntó si acaso ellos tenían familiares en las fosas. Y esta ha resultado, finalmente, ser una cuestión fundamental: el partido socialista se reconstruyó en Navarra fundamentalmente a partir de savia nueva, ya que la represión fue tan exhaustiva que dejó completamente descabezado el socialismo navarro44. Cuando se reconstruyeron el PSN-PSOE y la UGT, la mayoría de sus dirigentes no eran descendientes de represaliados ni venían del exilio45 (en contraste con el PNV46), e incluso algunos de sus miembros más destacados provenían de familias conservadoras47 (igual que un buen número de militantes de la izquierda abertzale procedía de familias carlistas48). Sus motivaciones personales, que tan importantes resultan para la acción política, no podían ser las mismas que las de quienes habían sufrido persecución, expolio y exilio, y mantenido una gran actividad durante el mismo, como Manuel de Irujo49, ni, desde luego, las de quienes tenían a sus familiares asesinados por el franquismo enterrados en fosas comunes.

Sin embargo, la mayoría de los alcaldes y concejales socialistas y ugetistas de la Ribera (también muchos de agrupaciones electorales independientes), multitud de militantes de base —o, cuando menos, simpatizantes de esas formaciones—, y algunos de los párrocos que apoyaron activamente las exhumaciones, descendían de familias de asesinados y sentían, por ello, una profunda obligación moral hacia sus deudos (una especie de “deber de memoria”) que les ayudó a superar el omnipresente miedo que había en esa época a “remover” el pasado y la falta de apoyo de los dirigentes de los partidos de izquierdas.

Víctor Arbeloa me ha confirmado que, en aquellos momentos, el espíritu predominante entre la dirigencia socialista navarra era que había que pasar página. Sostiene que ellos defendían una “política de moderación y de reconciliación, y de no hurgar en las heridas”. En sus propias palabras: “Nosotros tomamos eso con una gran discreción, estando presentes, no siendo protagonistas, porque los protagonistas eran los hijos de las víctimas”. Cuando le comuniqué la frustración que había producido a muchos familiares sentirse desatendidos por las siglas por las que habían muerto sus mayores, Arbeloa reflexionó y me dijo: “Quizá ahí fuimos demasiado contenidos; quizá no distinguimos bien el aprovechamiento, es decir la perversión del protagonista, del interés, del seguimiento, o del acompañamiento. No lo sé, quizá fallamos ahí, quizá por miedo a eso, por ser un cambio de gobierno en un momento delicado, en que no interesaba volver a la Guerra Civil. Porque claro (…), así como Europa se hizo para acabar con las guerras entre europeos, nosotros también entendimos la reforma y la Constitución, [como la oportunidad para] acabar con la Guerra Civil de una vez para siempre y quizá nos metimos eso tan dentro, tan metido, que quizá nos faltó… nos faltó esa lucidez, esa discriminación, ese discernimiento lúcido para distinguir una cosa de otra”.

Además de esta reflexión, hay otros datos que permiten enriquecer este relato y que no se suelen tener en cuenta cuando se habla de este asunto tan complejo. En primer lugar, en diciembre de 1978 la revista PHEH ya distinguía entre unos funerales exclusivamente religiosos, predominantes en Navarra, y aquellos que habían tenido un contenido político, como el que se celebró en Cervera del Río Alhama, en La Rioja50, en el que intervinieron representantes del PSOE, la UGT y el PCE, y al que se dice que asistieron “representaciones del PSOE de varios pueblos de la Ribera de Navarra –Tudela, Castejón, Fitero y Villafranca entre ellos– con sus banderas rojas desplegadas”, depositando en el cementerio “[c]ientos de claveles rojos”, (nº116, p.15). Personalidades relevantes del partido socialista en Navarra, como Mª Jesús Aranda, Alberto Tantos y Jesús Monzón, me han confirmado su asistencia a varios funerales en La Rioja y Navarra, pero también afirman que los partidos no lideraron estas iniciativas. De hecho, como la mayoría de mis testimonios, solo recuerdan banderas republicanas en los actos (Imágenes 2 y 3), no socialistas ni de ningún otro partido (las ikurriñas tardarían algunos años en aparecer).

Y, en segundo lugar, de nuevo en PHEH se afirma algo que he podido cotejar luego con Javier Vesperinas, que fue el párroco de Marcilla que ayudó a llevar a cabo las primeras exhumaciones de Navarra y el que ofició los dos funerales que tuvieron lugar allí (el segundo cuando se recuperaron algunos restos de los enterrados en el cementerio de Torrero, en Zaragoza). En la revista se dice que “[s]alvo Aoiz, los demás pueblos han preferido privar al acto de todo carácter político, limitándose al funeral religioso” (se menciona Marcilla, Peralta, Tafalla y Berbinzana). Y más adelante se añade, citando el artículo que sobre Marcilla se publicaría en La Verdad: “Pretendíamos satisfacer el legítimo derecho de los familiares y teníamos interés en que no intervinieran los partidos políticos” (PHEH, nº116, p.16).





Imagen 2. Panteón de Sartaguda el día de su inauguración: banderas republicanas, coronas y cestas de claveles rojos (cortesía de las hermanas María del Carmen y Lucía Moreno Garatea).

En agosto de 2016, Vesperinas me confirmó esto mismo en una entrevista y a continuación me mostró unas notas mecanografiadas por él en el inicio de la “Operación Retorno” en las que, entre otras notas, aparecía una instrucción inequívoca: “evitar interferencias de partidos políticos”. En otra parte del documento se decía: “Los partidos PNV y PSOE anunciaron su no intromisión”. Y, en la homilía de Marcilla, afirmó: “No queráis descubrir otros motivos que no existen. No es un reto revanchista ni un gesto provocativo; no es un acto político, ni hay interés en remover cenizas, ni se pretende avivar fuegos en rescoldos pasados”51. Y más adelante añadió: “os pediría que las cosas sigan por el mismo cauce; que nadie profane la humana ternura de este acto; que nadie lo politice ni dramatice”. Esta homilía tendría muy poco que ver con otras posteriores, mucho más combativas y con marcados tintes ideológicos, como por ejemplo la de Peralta, pero es que esta fue pronunciada por Ángel Vidondo, el hijo de un fusilado. Y este era un dato fundamental52.





Imagen 3. Funeral en Ribaforada: banderas republicanas con crespones negros (cortesía de Olga Alcega).

Una posición parecida a la de Vesperinas es la que cuenta Josefina Campos que adoptaron los familiares de La Ribera. Según ella: “Acordamos preparar listas de los fusilados y decidimos por unanimidad ‘dejar a un lado cualquier sigla política’. El acuerdo de dejar a un lado la política partidista se aprobó por todos los familiares en las primeras reuniones conjuntas” (2008: 17). Que este acuerdo se respetó se demuestra en el hecho de que a ella le preguntaran si iba a haber un mitin tras el funeral; a lo que ella respondió tajantemente que “en ningún momento nadie había propuesto tal cosa; habíamos evitado el que hubiera ningún motivo político. Ignacio Goñi, por ejemplo estaba en Zúmarraga viviendo y ya estaba metido en el Partido Socialista, muy amigo a su vez de Txiki Benegas habían pensado venir con una corona del PSOE y puesto en conocimiento de los familiares todos opinamos que si querían traer la corona que la trajesen, pero sin ningún detalle significativo político” (CD, 2008: 484). Y más adelante sigue: “Abrió la comitiva precisamente Ignacio Goñi y su hijo entonces residentes en Zumárraga. Y éste respetando totalmente nuestra decisión de que no hubiera ningún signo político en la celebración de este día, trajeron la corona como habían decidido pero en modo alguno le colocaron ninguna dedicatoria alusiva del partido socialista o de UGT de Zumárraga, sencillamente “De vuestros amigos y compañeros” (CD, 2008: 509).

En todo caso, es muy interesante que, sin haberse comunicado entre sí53, tanto los familiares de los fusilados de Marcilla, aconsejados por Vesperinas, como los de Peralta, de forma espontánea, llegaran a la misma conclusión: dejar fuera a los partidos.

Las motivaciones de ambos actores, sin embargo, parecen distintas. Es evidente que los familiares, en las primeras exhumaciones, se temían que una politización excesiva pudiera dar al traste con sus iniciativas. Su anhelo más profundo, reprimido durante décadas, era poder trasladar los restos al cementerio, por lo que en muchas localidades prescindieron de cualquier cosa que pudiera ponerlo en riesgo. Esto, lógicamente, cambió mucho a medida que el fenómeno se fue propagando y que los familiares empezaron a sentirse más seguros, pues cada vez eran más los que asistían a los funerales y se iba haciendo evidente que contaban con el respaldo de un sector significativo de la Iglesia navarra.

Vesperinas, sin embargo, no preconizaba el apoliticismo tanto por prudencia, que también, sino por el convencimiento de que esos actos debían ser exclusivamente cristianos y familiares, que es, por otro lado, a lo que él se había comprometido con el Gobierno Civil para obtener permiso para exhumar los restos y reinhumarlos en Marcilla. Él, a diferencia de otros párrocos que promovieron estos actos de rehabilitación, no era un hombre comprometido con posiciones de izquierdas, ni su familia había sido represaliada por el franquismo. A medida que los funerales se fueron politizando, Vesperinas se fue retrayendo, hasta que dejó de participar en ellos. En la entrevista mencionó a un religioso que, por ser descendiente de fusilado, se exaltó mucho en el funeral y a él eso le pareció “un poco como, no sé cómo diría yo, remover cosas y cierta revancha. A mí aquello ya no me gustaba”. Y remató aportando un dato clave: “es que yo soy distinto; distinto en que yo no tenía un familiar. Lo mío era decir de una forma muy espontánea, muy pastoral”.

Más allá de que los familiares, al principio, no quisieran que los partidos se implicasen, también es cierto que el PSOE y la UGT, que en aquellos momentos tenían una implantación muy débil en Navarra, no mostraron en aquellos momentos gran interés en reivindicar a sus víctimas, como lo demuestra un documento fundamental de la Agrupación Socialista Navarra del PSOE (aunque en el encabezamiento del documento figura la Federación Socialista Navarra del PSOE) en el que se dan instrucciones sobre lo que debe hacer el partido ante determinadas iniciativas relacionadas con los fusilados navarros. Por un lado, se dice que, como la mayoría militaron en la UGT y en el PSOE, son “parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio espiritual”. Pero continuación se afirma que “el partido se opone y se opondrá a ‘comerciar’ políticamente con la sangre de estos muertos, a hacer propaganda de cualquier tipo con su muerte, porque [lo] considera un procedimiento mezquino e irrespetuoso con su memoria”54. Y sigue: “El Partido Socialista (…) no organizará ningún acto religioso, funerales, etc. por sus muertos, aunque sus miembros, individualmente, puedan hacerlo por motivos familiares”. Y, al final de la primera página, aparece tachada una línea que reza: “Ni va a organizar por ahora ningún acto político en homenaje a los mismos”.

Añaden que han tomado esta decisión tras “una amplia decisión sobre el tema” porque piensan que implicarse en estos asuntos podría ir en contra del “espíritu de amnistía” y dicen que les preocupa que en la Ribera su participación pudiera interpretarse en tono “revanchista (…), imagen que es preciso evitar”55. La obsesión por no transmitir la impresión de estar guiados por el rencor o el revanchismo, junto con la convicción de que no era bueno para la incipiente democracia remover el pasado, estuvieron muy presentes entre los dirigentes socialistas en la España de la transición (Aguilar, 2008). Sus militantes de base, sin embargo, muchas veces descendientes de fusilados, se mostraron muy activos en las tareas de recuperación de restos y en la rehabilitación de las víctimas. Y es que, aunque “[e]s verdad que las principales formaciones de izquierda tenían muy poco interés en remover el pasado, pero también lo es que, por aquel entonces, los partidos políticos tenían una implantación territorial muy precaria y estaban simplemente ausentes en muchos pueblos. Esto dejaba un amplio margen de maniobra a los alcaldes y concejales, a quienes las instrucciones de los órganos estatales de sus partidos llegaban, en el mejor de los casos, como un eco muy lejano” (Aguilar, 2018: 300). Cuando pregunté a Ángel Pascual —el responsable de la reorganización del PCE en Navarra en el tardofranquismo y la transición—, por la recepción de la política de “reconciliación nacional” entre los socialistas y comunistas navarros a nivel local, me dijo que aplicaban el “pase foral” o el “derecho de sobrecarta”, esto es, “se obedece, pero no se cumple”. Él también me confirmó que los militantes participaron muy activamente a título individual y, en algunas ocasiones, a través de agrupaciones locales particularmente activas, pero que ni el PSN-PSOE ni el PCE, a nivel estatal o provincial, se pusieron a la cabeza.

Ángel Oliver, que fue párroco en Valtierra y militante de la ORT y que, una vez secularizado, llegó a ser alcalde por el PSOE de este pueblo, también aportó una pista muy interesante en la entrevista que mantuve con él. En su opinión, la gente tenía miedo y no hablaba con los partidos para plantearles sus reivindicaciones en esta materia. Por un lado, en aquel entonces, estos tenían muy poca presencia en los pueblos56. Y, por otro, los familiares tenían más confianza para tratar de estos asuntos con los sacerdotes, a los que conocían a través de las asociaciones y de algunas movilizaciones de carácter sociolaboral.

Como ya se ha indicado, tras la muerte de Franco las primeras exhumaciones y la primera reinhumación que se hicieron en Navarra tuvieron lugar en Marcilla. Vesperinas, párroco de esta localidad, se enteró de que existían fusilados en fosas comunes porque el Día de Todos los Santos constataba que algunos feligreses que iban regularmente a misa, no asistían a su homilía57. El 1 de noviembre de 1977 decidió preguntar a uno de ellos — José Laparra Blasco, ya fallecido— por qué se ausentaban tantos y este le explicó que muchos acudían ese día donde estaban las fosas de sus allegados para depositar flores sobre ellas58. Vesperinas dice que recibió esta noticia con estupor, pues no tenía constancia de que hubiera fosas dispersas por toda la provincia con restos de republicanos fusilados. A partir de ese momento se puso en contacto con otros familiares y, tras vencer sus reticencias iniciales a hablar del asunto, pues estaban muy traumatizados por la represión y el miedo padecidos, decidieron emprender conjuntamente la búsqueda de los restos.

Cito las propias palabras de este párroco: “acudí al despacho del entonces vicario general de la Diócesis. Le expuse el tema y le pedí licencia y consejo para llevar adelante mi proyecto. Me dijo que todo dependía de la postura que tomara el gobernador civil ante una solicitud de esta envergadura. Mi entrevista con el secretario del gobernador civil resultó tensa: me abrumó con un discurso exaltado, me acusó de que quería dañar la recién inaugurada democracia”. Al parecer, dijo que “la democracia peligraba porque gente como yo (…) volvían a desenterrar viejos fantasmas. Recuerdo que al final, con las manos juntas como quien hace una oración, le interrumpí para decirle: «Si usted tuviera a su padre enterrado en la cuneta de un camino de monte ¿qué haría?». «Iría de noche, lo desenterraría y en silencio lo llevaría al cementerio y rezaría sobre su tumba una oración». Y él le respondió: “Eso queremos hacer nosotros. Recoger los restos sin publicidad alguna, llevarlos al cementerio y, con la asistencia de sus familiares íntimos, rezar una oración”. Este argumento le debió resultar convincente porque, finalmente, le autorizó.

Este párroco pionero, por lo tanto, no tenía intención alguna de que este acto trascendiera lo más mínimo ni que adoptara un cariz que no fuera íntimo, cristiano y familiar. Sin embargo, alguna filtración debió de haber porque el 19 de febrero de 1978 (las primeras exhumaciones no se iban a producir hasta el día 28 de febrero) apareció publicado en Deia un artículo titulado: “Marcilla: Homenaje a 38 personas fusiladas durante la guerra civil”. En este artículo también se decía que, aprovechando la ocasión del homenaje, el PNV, además de rendir tributo a los muertos, iba a celebrar un acto político para “presentar el partido en Marcilla y dar algunas charlas sobre la preautonomía”. Este artículo no iba firmado, pero en aquel momento muchos se lo atribuyeron a Carlos Clavería, cuñado del párroco de Marcilla, Javier Vesperinas, algo que él me negó en la entrevista59.

Pero, más allá de su autoría, la importancia radica en que difundió la posibilidad de hacer un homenaje a los fusilados, y propició que Josefina Campos comenzara a movilizarse y que, finalmente, se acabara organizando una primera comisión gestora, que sería seguida de otras más en distintos pueblos.

La iglesia también contribuyó a la propagación del fenómeno publicando una noticia en La Verdad, sobre lo acontecido en Marcilla. Su autor era José Antonio Marcellán, a quien ya hemos mencionado por sus textos tempranos en este mismo medio a favor de la reconciliación. El funeral se había celebrado el 5 de marzo de 1978 y este artículo se publicó a mediados de junio de ese mismo año. Entre medias, no se había producido ningún otro acto de reinhumación. Con posterioridad a la publicación de este artículo, que demostraba que estos actos contaban con el aval de un sector de la Iglesia navarra, estas iniciativas comenzaron a extenderse por toda la provincia. En este artículo se volvía a insistir en que los partidos políticos debían mantenerse al margen60.

El párroco de Marcilla, desde luego, sorprendió a todos, incluso a quienes, desde la Iglesia, llevaban tiempo intentando organizar algo como lo que finalmente se hizo en Marcilla. Les extrañó, sobre todo, que lo hubiera podido hacer por su cuenta, sin coordinarse con los demás. Él me dijo que, tras la publicación del artículo sobre Marcilla en La Verdad, le “llamaron de un grupo que llamamos de Reparadoras, que es un grupo de curas que estaba trabajando en eso —donde estaba Equiza, Víctor Manuel Arbeloa, todos estos-, y ellos estaban trabajando a ver quiénes eran los que habían fusilado en Navarra, estaban trabajando su parte de tiempo y va y se enteran por La Verdad que yo había hecho aquello. O sea, les sorprendió y me llamaron, que les diera una explicación de cómo lo había hecho (…). O sea, uno que estaba fuera de los grupos, ignorante por completo, pues saca adelante esto, lo que estaban ellos trabajando concienzudamente, más científicamente (…). Y entonces comenzaron a hacer más funerales61. Se hizo una Comisión”.

Como sabemos por las fotografías que se conservan, con frecuencia fueron varios los sacerdotes que oficiaron los funerales y acompañaron los féretros por las calles del pueblo en actos multitudinarios (Imágenes 4 y 5). Y, desde luego, tener a un nutrido grupo de párrocos como aliado en esos momentos no era cualquier cosa. No solo porque su autoridad moral allanaba el camino de los prolijos trámites administrativos, sino por su gran capacidad de gestión y organización62.





Imagen 4. Traslado de los restos a la iglesia para el funeral (Peralta, cortesía de Josefina Campos y de la editorial Pamiela).





Imagen 5. Iglesia repleta en el funeral de Peralta (cortesía de Josefina Campos y de la editorial Pamiela).


Para cada uno de estos actos litúrgicos se hicieron recordatorios en honor a los fusilados y se repartieron entre los asistentes. Estos solían llevar la impronta del párroco de cada localidad. El de Marcilla era muy moderado, en consonancia con Vesperinas, hombre poco comprometido ideológicamente y que no procedía de familia represaliada (Imagen 6). Otros recordatorios, como el de Peralta, fueron diseñados por sacerdotes que sí eran parientes de fusilados. Llama la atención que, al lado de la estampa de la Virgen, se hable de hombres “asesinados por defender la Paz, la Justicia y la Libertad” y que se afirme que “defendiendo un noble ideal cruelmente hallaron la muerte en 1936” (Imagen 7).

Vesperinas, aprovechando su experiencia y sus contactos tras las exhumaciones de Marcilla, creó un protocolo de actuación para todas las demás, lo cual, como la misma Josefina Campos expone en su libro, resultó fundamental63.

El conocimiento de los vericuetos administrativos y la autoridad moral de los párrocos contribuyeron enormemente a allanar el camino en la Ribera. En esta zona de Navarra, muchos párrocos y familiares trabajaron de forma conjunta. En general, prevaleció la colaboración y el compañerismo, pues los familiares de los distintos pueblos se ayudaban entre sí a buscar los restos de los fusilados y luego todos asistían a los multitudinarios funerales y participaban en las grandes manifestaciones que se hacían, con los restos a hombros, desde las iglesias a los cementerios. Olga Alcega, que participó activamente con su padre en muchos de estos actos, me ha confirmado su naturaleza coordinada y fraterna. Y Carmen Bobadilla, hija de un fusilado de Valtierra, lo expresó con gran belleza en la entrevista. Según ella, todos iban a los homenajes de los demás “por mitigar las penas juntos y por solidaridad”. Josefina Campos también lo ha explicado muy bien al referirse a la “cadena de solidaridad que nos hacía considerar a todos los asesinados como propios” (2008: 39).





Imagen 6. Recordatorio del funeral de Marcilla (cortesía de Concepción García).





Imagen 7. Recordatorio del funeral de Peralta (cortesía de Josefina Campos y de la editorial Pamiela).

Parte del protocolo de actuación, según he podido observar en varios casos, consistió en inscribir las defunciones en el Libro de Difuntos de la parroquia, lo que, por cierto, en muchos casos sirvió para que las viudas de los republicanos pudieran empezar a cobrar sus pensiones. Pero estos párrocos no se limitaron a anotar los nombres, sino a dejar inequívocamente consignadas las circunstancias de las muertes. Por ejemplo, Victorino Aranguren iniciaba su escrito de la siguiente manera: “Inscribo a continuación los nombres y datos personales de los 31 hombres, feligreses de esta Parroquia que en los primeros meses de la Guerra Civil de 1936, fueron asesinados, fueron injustamente fusilados, sin delitos, sin defensa, unos sin juicio y otros después de haber sido decretada judicialmente su libertad. Eran, en general, hombres sencillos, trabajadores y pobres, con ideales republicanos que buscaban una mayor justicia social y un puesto de trabajo y por eso muchos de ellos se habían afiliado a sindicatos obreros (UGT) y (CNT) y habían votado al Frente Popular”. Y más adelante añade: “La Jerarquía de nuestra Iglesia española tuvo en general, una desacertada actuación, apoyando el Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936, al que llamó ‘Santa Cruzada’ y ‘Glorioso Movimiento Nacional, Salvador de España’. Al mismo tiempo es de lamentar que muchos miembros de la Iglesia, seglares, aparentemente muy católicos, fueran los actores y cómplices de tanto fusilamiento, decidido en principio por los altos mandos de la guerra civil, pero que ellos aplicaron torpemente”.

Como se observa, los sacerdotes navarros que habían tratado de que la Iglesia española pidiera oficialmente perdón en 1971, sin conseguirlo, lejos de resignarse, denunciaron en diversos formatos la actitud de la Iglesia y solicitaron el perdón de los familiares en sus homilías.

En muchas de estas localidades se crearon nuevos lugares de memoria, sobre todo vistosos panteones en los cementerios, con inscripciones que rendían tributo a las víctimas del franquismo. En el de Marcilla simplemente se dice, por idea del párroco, “En memoria de los muertos”, mientras que en otros posteriores la leyenda es mucho más explícita e incluso militante.

Como se muestra en una publicación anterior sobre el tema (Aguilar, 2018: 309), estas iniciativas reparadoras brotaron inicialmente de forma dispersa, pero, pocos años más tarde, los municipios que habían logrado trasladar y dignificar los restos estaban mucho más concentrados, porque la coordinación entre ellos mejoró notablemente. Y esta concentración tuvo lugar precisamente en las mismas zonas que fueron más duramente represaliadas, las cuales, a su vez coinciden con aquellas en las que el Frente Popular obtuvo un respaldo mayor en 1936 (Ferrer Muñoz, 1992; Pascual, 1982).

En Navarra el 42% de los traslados de restos tuvo lugar antes de la celebración de las primeras elecciones municipales de la democracia. La implicación de algunos párrocos resultó determinante para que en Navarra comenzara a exhumarse antes, y de forma más abundante, que en otras provincias, en las que tuvieron que esperar a la llegada de las primeras corporaciones municipales para que este fenómeno alcanzara unas dimensiones significativas (Aguilar, 2018).

Las razones que explican la implicación de un sector de los párrocos navarros en las exhumaciones de la transición están relacionadas con dos hechos cruciales. En primer lugar, como ya se ha expuesto, fue un sector de la Iglesia navarra el que intentó que la Iglesia española pidiera perdón por su apoyo al bando franquista en la guerra civil. Y, en segundo lugar, y este es el dato fundamental, indagando en las biografías de los religiosos que se mostraron más activos y que escribieron las homilías más combativas, he podido observar, como ya se ha anticipado, que algunos de ellos eran descendientes de represaliados, con lo que tenían profundas motivaciones personales para promover las exhumaciones y los homenajes. Este fue el caso, por ejemplo, de Dionisio Lesaca y de Ángel Vidondo; este, en la homilía en Peralta, dijo: “yo, hijo también como vosotros de uno de los 90 asesinados, os pido perdón, sí, os pido perdón en nombre la Iglesia”.

La eficacia de estas iniciativas reparadoras la demuestra una cifra muy elocuente: el 93,5% de los municipios navarros con más de un 1,5% de población represaliada exhumó a sus deudos en estos primeros años de la transición, mientras que, por ejemplo, solo lograron hacerlo el 32,7% de los pueblos de Badajoz más represaliados (Aguilar, 2018).

Conclusiones

El hecho de que, en contraste con lo que ocurrió en otras zonas de España, muchos de los descendientes de los asesinados por el franquismo en Navarra no tuvieran que esperar hasta la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos es un claro indicio de que aquí los familiares contaron, desde el principio, con otro tipo de apoyos y también de que lograron coordinarse mejor. De hecho, como ya se ha indicado, en muchos municipios se crearon “comisiones gestoras” formadas por familiares y párrocos, se siguió un protocolo común para llevar a cabo estas iniciativas (en otros las exhumaciones se acometieron sin los permisos preceptivos) y los familiares de distintos pueblos colaboraron estrechamente entre sí. Ahora bien, también es verdad que la llegada de las primeras corporaciones municipales de la democracia proporcionó un importante impulso adicional a estas iniciativas.

Aunque todos los casos son igualmente importantes, habría que singularizar dos: Marcilla y Sartaguda. Marcilla, por haber sido el primer municipio navarro en exhumar y reinhumar a los asesinados por el franquismo (unos pocos pueblos habían celebrado anteriormente funerales, pero sin recuperar restos). Y, Sartaguda, por haber sido el más victimizado en términos relativos a su población (Imágenes 8 y 9), por haber contado con una de las personas más dinámicas en esta “Operación Retorno”, Salvador Miguel (que en las primeras elecciones municipales sería elegido alcalde, muchos piensan que por haberse mostrado tan activo en la recuperación de los restos64) y por contar con el Parque de la Memoria, probablemente el espacio más importante dedicado a las víctimas del franquismo de toda España (Imagen 10).





Imagen 8. Féretros repletos de restos de asesinados de Sartaguda (cortesía de Lucía Moreno Garatea).

El éxito de estos promotores tempranos de la “memoria histórica” no nos debe hacer pensar que las iniciativas fueran sencillas de acometer o que todo aquel que se lo propusiera consiguiera llevarlas a cabo. Ya se ha explicado que tuvieron que superarse muchas trabas administrativas; la incomprensión de todos los que, en aquellos primeros años de andadura democrática, pensaban que lo mejor era pasar página; el miedo que existía a remover el pasado; las amenazas; y, en unos pocos casos, incluso las agresiones.





Imagen 9. Manifestación multitudinaria de duelo en Sartaguda (cortesía de María del Carmen y Lucía Moreno Garatea).

Sin embargo, el balance final fue sumamente positivo. Muchos pueblos de Navarra y La Rioja celebraron funerales y homenajes multitudinarios después del traslado de los restos65, que muchas veces no se acometieron con el permiso preceptivo de la Jefatura Provincial de Sanidad porque los trámites eran lentos y algo engorrosos, y los allegados de los fusilados estaban cansados de esperar66. Los familiares, los párrocos y algunos alcaldes y concejales resultaron más determinantes para llevar a buen término estas iniciativas que los partidos políticos o los sindicatos, por aquel entonces muy poco articulados en Navarra.





Imagen 10. Escultura del Parque de la Memoria (Sartaguda), el principal espacio conmemorativo dedicado a los fusilados por el franquismo de España (fotografía de la autora).





Imagen 11. Familiares de asesinados de Sartaguda lloran desconsolados al ver depositados sus restos en una caja (cortesía de María del Carmen y Lucía Moreno Garatea).

La valoración que hicieron algunos de los sacerdotes más comprometidos con la “Operación Retorno” no pudo ser más clara ni estar más alejada de la falta de autocrítica que, incluso hoy en día, mantiene la Iglesia católica cuando se abordan estas cuestiones67. Ya en 1981 algunos religiosos llegaron a afirmar: “Cuánto dolor hemos palpado en estas familias porque vieron que la Iglesia Jerárquica española apoyaba la guerra civil, se identificaba con los sublevados contra la República y no impidió estas muertes. Y porque fueron los matones en general los que frecuentaban las iglesias y se tenían por buenos y por católicos, a veces amigos de los curas. No. La guerra civil del 36 no fue una Cruzada religiosa, salvadora de España. Fue un gran desacierto que los Obispos así la calificaran” (Lesaca, Aranguren y Fernández, 1981: 44).





Imagen 12. Familiares de Peralta posando ante la calavera de un ser querido (cort. de Josefina Campos y ed. Pamiela).


Varios años más tarde, Victorino Aranguren dejó testimonio de todo ello, particularmente de su experiencia en Falces: “Los sacerdotes ayudamos, impulsamos reuniones de familiares, acompañamos en la recogida de datos, en la consecución de permisos gubernativos y de sanidad, en la exhumación de los restos mortales. En muchos pueblos la presencia de sacerdotes favoreció claramente. En algunos, su ausencia dolía y desconcertaba” (Aranguren, 2006: 11).

Como ya se ha indicado anteriormente, otro aspecto muy positivo de este proceso de reparación pionero es que, hasta la fecha, los navarros y los riojanos son los únicos que han logrado sacar los restos de sus allegados de Cuelgamuros, lo que da la medida de lo extraordinario de la proeza. Lo hicieron a principios de 1980, tras un largo proceso de negociación con el gobierno, y los trajeron de forma casi clandestina68. Aunque los restos se habían sacado de fosas que estaban muy dispersas, los municipios que tomaron la iniciativa fueron aquellos de los que procedía el grueso de las víctimas removidas sin permiso de sus familiares: Allo, Azagra, Corella, Larraga, Lodosa, Los Arcos, Mendavia, Pamplona y San Adrián69.





Imagen 13. Los hermanos Sesma, de Sartaguda, se abrazan emocionados en la fosa al hallar los restos de su padre (cortesía de María del Carmen y Lucía Moreno Garatea).


No todos los municipios lograron rescatar los restos de sus vecinos (ni todas las familias de los municipios que exhumaron y celebraron homenajes), lo que explica que las exhumaciones, tras un inequívoco declive después de la transición, se siguieran llevando a cabo, sobre todo tras la fundación de AFFNA36. Por desgracia, muchos familiares de asesinados por el franquismo, por distintos motivos, no consiguieron hallar a los suyos, y todavía hoy lo siguen intentando. Pero todos colaboraron con el ánimo de encontrar los restos de los demás, pues, al haber compartido el mismo destino trágico, sentían que también eran suyos, y participaron sin dudarlo en este proceso pionero de recuperación de la memoria histórica en Navarra, en circunstancias sociopolíticas mucho más difíciles que las de ahora. Lo hicieron sin protocolo científico alguno, pero sus actos tuvieron una gran eficacia reparadora para las familias que, por aquel entonces, no demandaban justicia penal ni identificación individual de los restos, sino tan solo poder traerlos a casa y enterrarlos de forma colectiva en el cementerio. Esos actos de homenaje tan multitudinarios y emotivos fueron posibles gracias a la solidaridad que establecieron entre ellos, a la labor de coordinación ejercida por las comisiones gestoras que se crearon en distintas localidades y al apoyo recibido por algunos alcaldes y concejales, algunos de los cuales no habían sido elegidos democráticamente.





Imagen 14. Recordatorio del funeral de Ribaforada con poema adjunto (cortesía de Olga Alcega).

Gente muy humilde participó en la localización de las fosas y en su excavación con picos y palas y, solo cuando pudieron costearlo, con máquinas excavadoras. En las exhumaciones se vivieron escenas de gran emoción, en las que se mezclaban sentimientos muy intensos de pena y alegría (Imágenes 11, 12 y 13). Y en los funerales se leyeron sentidos poemas escritos por los familiares para la ocasión70; algunos se adjuntaron en los propios recordatorios (Imagen 14). Me gustaría destacar los redactados por Lucía Moreno Garatea, de Sartaguda; mataron a sus dos abuelos y a uno de sus tíos, y de su puño y letra brotaron un sinfín de poesías sumamente emotivas dedicadas a las víctimas del franquismo (Imágenes 15 y 16). Una de las cosas más bellas y excepcionales de estas iniciativas tempranas de reparación fue su sencillez, espontaneidad y el carácter genuinamente popular que adquirieron las expresiones de duelo y homenaje (Imágenes 17 y 18).







Imagen 15. Poema de Lucía Moreno Garatea (cortesía de su autora).





Imagen 16. Poema de Lucía Moreno Garatea (cortesía de su autora).





Imagen 17. Conmovedora muestra de duelo privado de Lucía Moreno Garatea, con banderas republicanas “sangrando de dolor” (cortesía de su autora).





Imagen 18. Piezas dentales, proyectil y moneda encontrados en una fosa (cortesía de Lucía Moreno Garatea).


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Paloma Aguilar Fernández es Catedrática de Ciencia Política en la UNED. Autora de Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada. Coautora de El resurgir del pasado en España (Taurus).

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Esta investigación se ha publicado originalmente en la revista Kamchatka.

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Bibliografía

1. Muchos de ellos vienen recogidos en el CD que se adjunta con el libro de Josefina Campos. Uno de los más extensos fue escrito por el propio Jimeno Jurío.


2. Véase el documental de Monstserrat Armengou y Ricard Bellis titulado Abuelo, te sacaré de aquí (2013) y el artículo de Pérez-Nievas (2018).


3. La falta de respaldo del primer ayuntamiento democrático de Pamplona explica que Miguel Eguía, a diferencia de lo que ocurrió con los restos de fusilados de otras localidades, cuya custodia fue asumida por sus respectivos alcaldes, no pudiera hacerse cargo de los restos de los fusilados de la capital. Él, al fin y al cabo, no era más que un familiar sin adscripción política alguna. Eso explica que, a fecha de hoy, aún no se sepa con certeza dónde fueron a parar esos restos, aunque se cree que fueron enterrados en alguno de los mausoleos que construyeron en los otros pueblos que participaron en esta iniciativa.

4. Por esta razón algunos de los sacerdotes que se mostraron más activos en las exhumaciones tempranas se han quejado —y no sin razón— en distinto tipo de medios de que estas hayan caído en el olvido y que las instituciones políticas actuales no se lo hayan reconocido. Véase, por ejemplo, el artículo de Eloy Fernández (“El documento sobre los fusilados del 36”, Diario de Noticias, 15/03/2003) y el de Enrique Arellano (“Monolito en Larraga ¡Y algo más!”, Diario de Noticias, 06/’5/2012). El primero, del que ya hemos tratado en este texto, además de contar lo que hicieron, dice: “Sufrí serias amenazas. La tensión se hizo tan fuerte que tuve que dejar la parroquia no por mí sino por mis padres que vivían conmigo (…). Me fui a Madrid a pasar un año”. Todo ello me lo han confirmado en Azagra.


5. En varios casos se llegaron a hacer dos ceremonias religiosas, pues el proceso de recogida de restos no se detuvo. Por ejemplo, a Lodosa se trajeron restos desde el Valle de los Caídos en 1980 y, como ya se ha indicado, a Marcilla desde el cementerio de Torrero (Zaragoza) en 1979.


6. Aunque me consta que algunos casos se pidieron permisos —precisamente con este fin Javier Vesperinas redactó un protocolo de actuación— es casi imposible conocer en cuántos, pues ya se ha indicado que el fondo del Gobierno Civil de Navarra ha sido destruido.


7. Se presentó por la Agrupación Electoral de Izquierdas de Sartaguda, partido de nuevo cuño de composición inicialmente plural aunque, con el tiempo, acabaría prevaleciendo la orientación abertzale.


8. Los familiares debían pedir permiso a la Jefatura Provincial de Sanidad, dependiente del Gobierno Civil. La importantísima documentación de estos trámites, que he encontrado íntegra en otras provincias, en Navarra, por desgracia, parece que fue destruida; Emilio Majuelo me dijo que todo apunta a que se mandó quemar. A lo largo de estos años de investigación he localizado algunos de estos permisos y confío en que los familiares que aún tengo pendiente entrevistar conserven algunos más para poder reconstruir con la mayor precisión posible ese proceso.


9. La nota de Josefina es del 27 de febrero de 1978 y la primera reunión con Vesperinas no tuvo lugar hasta el 28 de marzo.


10. Este argumento se utilizaría también en los actos conmemorativos del 50 aniversario de la guerra civil que se organizaron en San Adrián, según se recoge en la prensa.


11. Y se refiere a que, “como ya ha sucedido en ciertos lugares alguna vez, podríamos vernos implicados en maniobras de grupos políticos o ideológicos, que no nos favorecen en absoluto”. Este documento es muy temprano, pues data del 4 de febrero de 1978. Ya se había celebrado el funeral de Villafranca, pero todavía no el de Caparroso, ni la exhumación de Marcilla. A pesar de haberse escrito tan pronto, es evidente que ya se habían empezado a mover las cosas y que a la Agrupación Socialista Navarra del PSOE no le gustaba el cariz que estaban tomando los funerales que conllevaban actos políticos (aunque no parece que se hubieran celebrado muchos). La exigencia de los familiares de Peralta y el compromiso de inhibición del PNV y el PSOE que recoge Vesperinas en sus notas son posteriores a este documento. Por lo tanto, quizá podrían llegar a explicar la discreción ulterior de ambos partidos, o incluso que Irujo se negara a tomar la palabra en el homenaje que tuvo lugar en Falces, tal y como recuerda Arcadio Ibáñez, pero no permiten dilucidar las razones de este documento tan temprano de la Agrupación Socialista. Una pista interesante nos la proporciona un artículo publicado en PHEH en el que se dice que, en el homenaje de Caparroso, Irujo insistió en el vasquismo de Navarra. El PNV, que siempre había tenido muy poca presencia en Navarra, probablemente intentó atraer hacia su causa a los familiares de las víctimas, cuya militancia no era, en su mayoría, de ideología nacionalista, pero con las que Irujo empatizaba por su experiencia personal en la guerra y el exilio, y su compromiso temprano con el esclarecimiento de la represión franquista en Navarra.


12. En las zonas en las que hubo más movilización, se había implicado más gente vinculada a la HOAC, JOC (Juventud Obrera Cristiana) o JARC (Juventud Agraria Rural Católica), que a los partidos.


13. Los curas de algunos pueblos ya llevaban años rindiendo homenaje a los fusilados en esa festividad. Como explica Equiza (1983: 257), “[e]n los anales de la historia de Caparroso hay un dato que muestra esta actitud de reparación, este deseo de hacer justicia: el 1 de noviembre íbamos los sacerdotes al cementerio a orar por todos los difuntos y, por deseo del párroco don Pedro Idoy, comenzábamos la oración, por la fosa común que albergaba a bastantes fusilados de la zona”.


14. La celebración del Día de Todos los Santos tras las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 supuso un punto de inflexión fundamental en la actitud de los familiares de los fusilados en distintas partes del país. Aunque por aquel entonces apenas se habían llevado a cabo exhumaciones (una excepción interesante es la de Fonelas, en Granada, que se hizo de forma clandestina por personas próximas al PCE el 1 de abril de 1976), sí comenzaron a organizarse muchos funerales. Véase, por ejemplo, el artículo de PHEH titulado “Euskadi honra a sus muertos” (nº 60, 3-9 de noviembre de 1977).


15. Aunque no podemos conocer con certeza quién escribió este artículo, lo cierto es que era Clavería quien cubría las noticias políticas de Navarra para Deia y solo alguien muy próximo a la gente de Marcilla podía estar enterado de lo que se proponían hacer los familiares y Vesperinas ya que estos habían operado con mucho sigilo; incluso cuando acometieron las exhumaciones ni siquiera los pueblos vecinos, tal y como explica Josefina Campos, se llegaron a enterar. Este periodista, por otro lado, no solo era del PNV, lo que explicaría la mención al acto del partido (que, según los marcilleses, nunca se llegó a celebrar), sino que fue uno de los principales impulsores de la RSAP de Pamplona. En el artículo se menciona que entre los fusilados “se encuentran algunos nacionalistas navarros”, pero, según el Fondo Documental de la Memoria Histórica, ningún residente marcillés con militancia peneuvista fue represaliado.


16. En el nº116 de PHEH se dice que esta instrucción supuso un punto de inflexión al respecto, con la única excepción de Aoiz. En este artículo se contrasta lo que se había hecho en Cervera del Río Alhama con la forma de proceder tras la publicación del artículo de La Verdad, pero la cronología no coincide: este texto se publicó en junio del 78 y el acto de Cervera fue en septiembre, luego pudo resultar disuasorio, al menos en esta localidad de La Rioja.


17. La cronología de los primeros funerales figura en Aranguren (2006) y en Equiza (2010).


18. La extensa red de locales con la que siempre ha contado la Iglesia, igual que sirvió en ocasiones para albergar las reuniones de la disidencia incipiente al franquismo, también sirvió en algunos casos para que los familiares de los fusilados pudieran reunirse de la forma más discreta posible. Todo ello ayudó a los familiares a superar su aprensión y mermó la probabilidad de resistencia de la derecha, que seguía teniendo una presencia importante en algunas partes de Navarra.


19. Los sacerdotes anteriormente mencionados abundaron en la misma idea al atribuir el éxito de la “Operación Rescate” al hecho de haber “sido eclesial, aunque no eclesiástica, popular y no partidista” (Lesaca, Aranguren y Fernández, 1981: 42; énfasis de los autores).


20. Victorino Aranguren (2003: 13) sostiene: Especial sinceridad, convencimiento y emoción vivíamos cuando el sacerdote que presidía y predicaba era nieto de fusilado”, como fue el caso de Dionisio Lesaca en Andosilla, quien tiene varios familiares asesinados y represaliados. Algunas de estas homilías pueden consultarse en Equiza (1983).

21. Jesús Equiza y Dionisio Lesaca, sacerdotes que se mostraron particularmente activos en este proceso, me han ofrecido detalles sobre cómo se fueron formando esas comisiones, pueblo a pueblo, y acerca de la labor de coordinación desempeñada por algunos compañeros suyos —como Vicente Aranguren, Eloy Fernández y Vicente Ilzarbe— en ellas.


22. Este hecho es unánimemente reconocido por los familiares de las víctimas y así ha quedado reflejado en multitud de entrevistas e incluso en algunas publicaciones, como la de García de Albizu (2017).


23. También he encontrado varias iniciativas en este sentido en el Boletín Oficial del Obispado de Pamplona, casi siempre promovidas por viudas que querían volver a contraer matrimonio. Para ello necesitaban una “declaración de muerte presunta” que era avalada por el Vicario General del Obispado de Pamplona. García de Albizu dedica a este asunto algunas páginas de su libro sobre la represión en las Améscoas y Urbasa (2017: 297-304).


24. La intención de algunos grupos de exiliados de pedir cuentas por los crímenes cometidos por los franquistas ya había sido recogida por Virto Ibáñez. Según él era una actitud más frecuente en el exilio en Francia que en México, pues los navarros residentes en este país pensaban que iniciativas de este tipo “no harían más que enconar todavía más la convivencia futura que se aventuraba difícil cuando volvieran a Navarra” (2001: 44).


25. Algunos familiares sí consiguieron trasladar los restos antes de la llegada de la democracia. Este fue el caso, por ejemplo, de los allegados de Fortunato Aguirre, que fue alcalde de Estella por el PNV. Como me explicaron sus hijas póstumas —Mikele y Mirentxu— cuando las entrevisté, su padre fue asesinado y enterrado junto al cementerio de Tajonar. Siendo niñas, el día de los difuntos acudían con su madre, Elvira Aristizábal, al lugar de la fosa y, para protegerla, disponían piedras sobre la misma. Fue en 1959 cuando, tras varias gestiones llevadas a cabo por su madre con los alcaldes de Estella y de Tajonar, el arzobispo de Pamplona y el gobernador civil de Navarra, lograron exhumar los restos y darles sepultura en el cementerio de Estella. En Marcilla al menos dos familias lograron traerse a sus deudos, con gran discreción y también en plena dictadura, al cementerio.


26. También consta que el párroco de Monreal puso un cartel que decía “Respeten este lugar. Es cementerio de 1936”, al lado de la fosa de la Tejería de Monreal, considerada una de las más importantes de Navarra (en realidad hay más de una fosa en este emplazamiento). En 1978 algunos familiares lograron sacar 72 cuerpos y llevárselos a sus respectivos cementerios, por lo que se estima que aún quedan otros 34 por exhumar.


27. Sacerdote, político e historiador navarro; fue uno de los principales impulsores de la reorganización del PSOE en Navarra.


28. La historia de esta Asamblea en las Diócesis de Pamplona y Tudela es abordada por Yániz (en prensa).


29. El primero que firmó esta propuesta para que pudiera debatirse fue Javier Osés, originario de Tafalla y en aquel momento obispo de Jaca.


30. Según Dronda, “la postura más habitual del clero [navarro] ante la represión parece que fue la de inhibirse, aunque no faltaron los que la jalearon y quienes se atrevieron a intentar impedirla (…). En general, los casos de apoyo del clero a la represión se dan sobre todo en las zonas más conflictivas de la Ribera y la Zona Media oriental, en pueblos que se habían destacado en los años anteriores por una conflictividad a menudo relacionada con la cuestión religiosa. Mientras que en las zonas más tranquilas del norte hubo frecuentes intervenciones del clero y las autoridades locales para impedir que grupos de fuera se llevasen a los escasos izquierdistas del lugar” (2013: 384-5). La beligerancia mostrada por algunos curas navarros contra los republicanos y la participación de muchos de ellos en el frente, luchando codo a codo con los requetés, explica las particularidades del caso navarro. Para mayor información sobre la actitud de la Iglesia en Navarra durante la guerra civil, véase Ugarte (1998) y, desde luego, el testimonio directo de uno de sus párrocos, Marino Ayerra (1959).


31. En palabras de Jesús Equiza: “aunque no esté, digamos canónicamente aceptada o legalmente aceptada, sin embargo, está realmente aceptada y así lo hemos dicho todos (…).Y así lo decimos cuando hacemos la rehabilitación de los fusilados, que comenzamos a hacerla en público el año 78, la primera se hace en Marcilla, pues todos citamos a la Asamblea Conjunta”. Dionisio Lesaca, a quien entrevisté junto con Equiza, confirmó sus palabras.

32. Jimeno Aranguren (2008: 19) ha mencionado en sus escritos la importancia que tuvo el “Curso de Teología para Sacerdotes” en la posterior restitución de “la memoria de los asesinados del bando republicano mediante la confección de listas de los fusilados”. He tenido la oportunidad de entrevistar a sacerdotes que participaron en ese curso, que si bien comenzó teniendo lugar en el Seminario de Pamplona, acabó estableciendo su sede en “las Reparadoras”, que es como denominan familiarmente el edificio que tiene en Pamplona la congregación “Hermanas María Reparadora”. Hay que destacar la gran trascendencia de las reuniones que tuvieron lugar en esta sede para la gestación de la “Operación Retorno”. Todavía hoy en día existe un grupo de reflexión y debate de sacerdotes que se sigue reuniendo aquí.


33. Hay que insistir en la trascendencia de la labor llevada a cabo por este concienzudo historiador autodidacta, proseguida por otros investigadores tras ser él amenazado de muerte. Partiendo del listado al que ya se ha aludido, confeccionó unas fichas, pueblo a pueblo y familia a familia, que aún hoy en día son la referencia fundamental para los estudiosos de la represión en Navarra. Su hijo, Roldán Jimeno Aranguren, ha promovido la digitalización de las mismas y ha tenido la generosidad de ponerlas a disposición de familiares e investigadores. Constituyen la base de la labor llevada a cabo en los últimos años por el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, que las ha revisado, sistematizado y ampliado, y está a su vez recogiendo testimonios orales.


34. Sobre la agitación laboral del momento, las asociaciones cristianas de marcado signo ideológico que se crearon en el tardo franquismo, y la ulterior participación de algunas de ellas en la gestación de partidos de izquierda radical, véase Mendiola (2002) y Pérez Ibarrola (2012-2013).


35. Según Fernández Hoyos (s.d.: 14), en 1975 “había un total de quince sacerdotes en las prisiones españolas. En su mayoría eran originarios de Navarra”.


36. Edurne Yániz, que está elaborando su tesis doctoral sobre esta diócesis entre 1959 y 1975, ha tenido la generosidad de confirmármelo.


37. Hay que señalar que este Consejo era un órgano consultivo, formado por algunos sacerdotes de la Diócesis y presidido por el Arzobispo, que se había formado como consecuencia de las reformas propuestas por el Concilio Vaticano II. Sobre los orígenes de este órgano y el escaso apoyo que recibió tras fundarse por parte del entonces Arzobispo de Pamplona Enrique Delgado Méndez, véase Yániz (2015).


38. Algunos de los párrocos que se habían mostrado más activos en la recuperación de los restos de los asesinados por el franquismo habían sido también sancionados, interrogados o incluso encarcelados por su apoyo a distintos grupos de oposición. Por ejemplo, el 23 de enero de 1975 Victorino Aranguren fue acusado “de haber denunciado la falta de libertad de reunión para los obreros y de haber incitado a los labradores a la rebelión” (Equiza, 1983: 149).


39. En el artículo firmado por Lesaca, Aranguren y Fernández (1981: 42) se cita una de las cartas de agradecimiento que recibió el sacerdote de Azagra.


40. Josefina también dice en su libro: “Puedo asegurar que D. José Mª Cirarda se quedó de piedra cuando supo que todavía los fusilados estaban por las cunetas, barrancos y demás lugares de nuestra tierra” (Campos, 2008: 21 del CD).


41. La Verdad. Hoja Parroquial de las Diócesis de Pamplona y Tudela, 29/10/1978, p.19


42. Orreaga Oskotz, nieta de uno de los asesinados en Zizur, ha creado un sencillo y emotivo blog sobre lo que ocurrió con su abuelo y con la fosa en la que fue enterrado junto con otros que sufrieron su misma suerte: https://desdelafosa.wordpress.com/


43. Aquí estuvo la sede de la Real Sociedad de Amigos del País (a partir de ahora, RSAP) desde 1965 hasta que cesó en sus actividades en 1976. Sin embargo, los familiares se seguían refiriendo a ella como la sede de “los Amigos del País” y me han confirmado que esta les cedía sus locales para que se reunieran. Este dato, como se verá más adelante, tiene su importancia. Entre otras cosas, porque esta fue también la primera sede del PNV navarro en la transición (Martínez-Peñuela, 1986: 168; 174).


44. Más adelante Jimeno Jurío escribiría un artículo titulado “Fusilamientos en la vuelta del castillo” (PHEH, nº 117) y aún después otro titulado “Los fusilados en Pamplona (1936-1939). Inscripciones en el juzgado” (nº 118). Este último iba acompañado de un listado de los “vecinos de Pamplona muertos violentamente”.


45. En el primer artículo que publicó Interviú sobre las exhumaciones en Navarra se refirió a la misma como “Gestora pro fusilados del 36” (Giménez Plaza, 1978: 76).


46. La autorización oficial llegaría el 26 de enero de 1979.


47. Agradezco a Orreaga Oskotz su testimonio y que me facilitara varios documentos.


48. Por ejemplo, he tenido acceso a un anónimo que recibió el socialista Vicente Ripa. Tanto él como el párroco de Miranda, José Miguel Chocarro, tuvieron un papel muy activo en la exhumación y reinhumación de los restos de los asesinados en la localidad. En el anónimo proferían graves insultos y amenazas contra ambos.


49. Esta revista, que se atrevía a abordar temas que casi nadie más trataba en sus páginas, ya había pagado anteriormente su audacia con una bomba que el grupo terrorista de extrema derecha denominado Triple A puso el 5 de octubre de 1977 en su redacción. Aunque Jimeno Jurío había comenzado a publicar artículos relacionados con la Segunda República y el Estatuto Vasco, los primeros textos sobre la represión franquista en Navarra son inmediatamente posteriores a este atentado; por esta razón tengo la impresión de que este estuvo más relacionado con los postulados ideológicos de PHEH y, sobre todo, con su denuncia abierta de la violencia ultraderechista. De hecho, casi desde el principio publicaron una sección fija denominada “Rincón del búnker” donde recogían las últimas barbaridades proferidos —o cometidas— por la extrema derecha.


50. Esta asociación no tiene relación alguna con la actual AFFNA36 (Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, fundada en noviembre de 2002, a la vez que la Asociación Pueblo de las Viudas, de Sartaguda). AFAN tuvo una vida muy efímera y estuvo escasamente articulada. Solo he encontrado referencias a la misma, además de en el libro que editaron, y en el publicado posteriormente por Altaffaylla, en el folleto que se editó en Sartaguda con motivo del 50 aniversario de la guerra civil.


51. Según Arcadio, se solían reunir en tres lugares: RSAP, “los jesuitas” y “las oblatas”.


52. Josefina Campos me aportó un dato importante. Según ella, Irujo no iba a las exhumaciones porque, salvo en contadas excepciones, no había muertos del PNV, pero sí fue a varios funerales. Según ella, a veces acudía con su hermano Pello María, que había estado preso con el padre de Josefina. Tanto ella como Arcadio recuerdan haberlo visto en el funeral que se celebró en Falces. Arcadio se acercó para pedirle que tomara la palabra, pero él no quiso, aduciendo que había acudido a título personal.


53. En este homenaje sí que se hicieron instantáneas y en ellas se constata la gran evolución que habían experimentado este tipo de iniciativas, pues, mientras que el primer funeral fue oficiado por un solo sacerdote, en el segundo participaron muchos, venidos de distintas localidades.


54. No disponemos de espacio aquí para desarrollar esta idea, pero nos remitimos a los actos que se celebraron tanto en Sartaguda (el pueblo navarro con más víctimas si se tiene en cuenta su población), con una presencia no mayoritaria, pero sí significativa de la izquierda abertzale (que, sin embargo, había tenido una presencia muy poco visible en el funeral del 25 de marzo de 1979), como en San Adrián, al que acudieron personalidades notables del partido socialista como Francisco Álava (presidente del PSN-PSOE), Gabriel Urralburu (presidente del Gobierno de Navarra) y Ramón Rubial (presidente del PSOE), reunidos por el alcalde socialista de la localidad, José Antonio Ruiz Amatria. Este, además de ser hijo de un ugetista asesinado en la guerra civil, fue uno de los líderes indiscutibles del traslado de restos de fusilados navarros desde el Valle de los Caídos. Ruiz Amatria era el presidente de la Comisión de Familiares que se creó para lograr algo que, hasta la fecha, nadie más ha conseguido: sacar restos de asesinados republicanos de Cuelgamuros para devolvérselos a sus familiares (el traslado, que se hizo por la noche para garantizar la discreción que les había exigido el Gobierno, tuvo lugar entre el 28 y el 29 de enero de 1980).


55. El PSN-PSOE formó su propia federación en junio de 1982. Hasta entonces, la Agrupación Socialista de Navarra del PSOE había formado parte del Partido Socialista de Euskadi.


56. En esta localidad, por ejemplo, el partido socialista siempre ha desempeñado un papel muy activo en los actos de homenaje a los fusilados republicanos.


57. Según él, también se aproximaron a un concejal de HB del primer ayuntamiento democrático y este mostró un gran desinterés por estas cuestiones. Y el PCE tenía muy poca presencia en Navarra.


58. Las particularidades de estos concejales, varios de ellos vinculados a la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), son bien conocidas. Algunos ya se habían negado a asistir al funeral por Carrero Blanco que el Gobierno Civil organizó en la Catedral el 22 de diciembre de 1973, por lo que fueron sancionados.


59. Josefina Campos abundó en esta idea al compartir conmigo la escasa sensibilidad mostrada por Gabriel Urralburu —persona fundamental en los primeros años de andadura del Partido Socialista Navarro—, cuando, ocasionalmente, coincidió con él en algún funeral. Según ella, al contemplar los restos de los fusilados expuestos en San Adrián, Urralburu exclamó: «Esto hay que dejarlo ya aparcado, pasó, pero no se debe dar vueltas a lo que fue hace tantos años». Mikelarena también sostiene que los socialistas tuvieron “reticencias a constituirse como legatarios de las víctimas” (2015: 41).


60. Según el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, de los 2952 asesinados registrados 926 eran de la UGT y 90 del PSOE. El PSOE, por otra parte, había tenido mucha menos implantación en Navarra que, por ejemplo, en Badajoz. Ello seguramente explica que este partido tuviera en la provincia pacense mayor protagonismo en las exhumaciones –sobre todo a través de sus alcaldes y concejales– que en Navarra (Aguilar, 2018).


61. Esto se observa también en Arbeloa (2015).


62. Según el censo de exiliados que maneja Virto Ibáñez (2001: 49), de los 127 que declaran su adscripción partidista o sindical, 43 eran del PNV, frente a sólo 22 de la UGT, 21 del PSOE, 15 de la CNT, 13 de IR y 7 del PCE. Llama la atención que la mayoría fueran peneuvistas ya que este partido había sufrido una represión mucho menos dura que el PSOE y la UGT (de acuerdo con el citado Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, solo 19 de los 2952 asesinados pertenecía a esta formación). Según Barruso (2001: 72), “la inmediata represión y el aislamiento de la zona republicana complican la huida a los socialistas navarros. Al quedar en manos de los sublevados las provincias de Álava, Soria y Zaragoza la única posibilidad que quedaba (…) suponía cruzar gran parte de Navarra”. Ello “redujo enormemente la posibilidad de exiliarse a los socialistas navarros”. Y, al contrario, la proximidad a la frontera francesa de algunas de las zonas de mayor presencia peneuvista, debió facilitar su salida.


63. Según Barruso (2001: 67; 68), a partir de 1944, y hasta 1974, “las organizaciones socialistas van cayendo en una progresiva inactividad propiciada por la desaparición de sus figuras más destacadas”. Y más adelante habla de “[l]a ‘disolución’ del socialismo navarro en las agitadas aguas de las organizaciones socialistas”. En contraste, el exilio peneuvista (navarro), además de ser más abundante que el socialista (navarro), demostró tener mayor capacidad organizativa y logró mantener vínculos con el interior. La determinación de los hermanos Irujo, y muy particularmente de Manuel, fue, en este sentido, fundamental. Sobre el exilio nacionalista navarro, véase Chueca Intxusta (2001).

64. Según Mikelarena (2015: 45), el carlismo en Navarra “se autoindultó (…) y creó un relato de negación de responsabilidades en la limpieza de 1936-1937 que ha tenido un gran éxito”, pero que es “enteramente falso. Ese relato fue asumido incluso por militantes de la (…) Izquierda Abertzale que, por su procedencia ideológica, y familiar, requeté, han minimizado la participación del carlismo en la eliminación generalizada del adversario ideológico”.


65. Chueca Intxusta (2001: 125) habla de la “prolífica participación en (…) cometidos propagandísticos de Manuel Irujo” mientras estuvo en la diáspora. Según él, colaboró “en prácticamente todas las revistas del exilio nacionalista o no”. Y “su trabajo diario en la llamada ‘Oficina de Prensa de Euzkadi’, le convirtió sin duda en la palabra escrita más pródiga y, sin duda, más autorizada del exilio nacionalista vasco”.


66. En la historia de la “Operación Retorno” no se puede desligar Navarra de La Rioja, pues los familiares de ambos territorios, dada la dispersión de restos, trabajaron de forma coordinada y acudieron juntos a los funerales.


67. Esta investigación, que no es más que una primera aproximación ya que estoy escribiendo un libro sobre este asunto, está en deuda con muchas personas. Me gustaría nombrar en primer lugar a Roldán Jimeno Aranguren, hijo de José María Jimeno Jurío, cuya labor pionera en la documentación de la represión y en la búsqueda de restos fue absolutamente fundamental en Navarra. Roldán me ha proporcionado documentación recopilada por su padre, resuelto infinidad de dudas e incluso dado cobijo en su casa. Josefina Campos —una de las principales impulsoras, junto con Jimeno Jurío, de la denominada “Operación Retorno”— puso desde el principio su archivo particular a mi disposición y ha atendido todas mis demandas con enorme generosidad. Martín Zabalza ha desempeñado una labor fundamental para el desarrollo de este trabajo, pues me ha atendido con paciencia —y diligencia— y me ha ido abriendo camino en muchas localidades. Además, me gustaría mencionar a Olga Alcega, Jokin de Carlos y Orreaga Oskotz, quienes, además de aportarme su testimonio, me han facilitado contactos, fotografías, documentación y me han abierto las puertas de AFFNA36, donde he conocido a personas extraordinarias, como a mi querida Áurea Jaso, a quien llevo siempre en el corazón. María del Carmen y Lucía Moreno Garatea, de Sartaguda, tuvieron la gentileza de dejarme fotografiar sus maravillosos álbumes familiares, y Lucía me dio permiso para reproducir alguno de sus poemas, que tienen el mérito y el interés de haber sido compuestos nada más regresar de las exhumaciones u homenajes, y siempre de un tirón, sin corrección alguna. Y en Azagra, Lodosa, Marcilla, Pamplona, San Adrián, Sartaguda, Tudela, Valtierra, y muchos lugares más, numerosas personas me han ayudado a lo largo de estos años. También me han brindado una inestimable ayuda Paolo Albanese, Txema Aranaz, Fermín y Francisco Javier Aranguren, Montse Armengou, Julio de la Cueva, María Fernández Irisarri, Fernando Mendiola, Feliciano Montero, Ángel Pascual, Mirentxu Purroy y Luis Sola. No son los únicos. Faltan muchos de los protagonistas de esta historia a quienes he tenido la fortuna de entrevistar. Pero son tantos que espero que me perdonen por no poder nombrarlos a todos en esta nota. A todos ellos va dedicado este texto, que, por limitaciones de espacio, constituye tan solo una primera aproximación al tema.


68. Consciente de la controversia existente entre la utilización de los términos “asesinados” y “fusilados” para designar a las víctimas de la violencia mortal franquista en la retaguardia navarra, quiero aclarar desde el principio que, si bien es cierto que la inmensa mayoría fueron asesinados, ya que muy pocos debieron ser ejecutados tras recibir sentencia, utilizo de forma indistinta ambas expresiones simplemente para evitar repeticiones excesivas de la misma palabra.


69. Estas exhumaciones tempranas, a pesar de su envergadura, cayeron durante muchos años en el olvido. Josefina Campos (2008) fue la primera en rescatarlas en su libro. Unos años después, Natalia Junquera escribió un reportaje gráfico sobre este importante fenómeno (“Yo, sacerdote, pecador, os pido perdón”, El País, 24/03/2012).

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Esta investigación se ha publicado originalmente en la revista Kamchatka.