La empresa B. Power Gen XV S.L.U. ha presentado un proyecto para la construcción de una planta de producción de biometano y biofertilizantes en el término municipal de Cintruénigo, cuya publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON) en el día de ayer coincide con la actual polémica por la moratoria de este tipo de instalaciones en la comunidad.
El proyecto, registrado el 17 de octubre, prevé el tratamiento de 91.000 toneladas anuales de purines, estiércoles, gallinaza, paja, lodos industriales y restos de alimentos, con una producción estimada de 4,8 millones de Nm³ de biogás y unas 75.000 toneladas de digestato sólido y líquido. Este subproducto requeriría la aplicación agrícola en unas 2.000 hectáreas de terreno, según la documentación. La empresa calcula la creación de apenas 12 empleos directos y 30 indirectos, y afirma que el impacto ambiental será “moderado”.
Explica Diario de Noticias que la planta ocuparía 89.000 metros cuadrados junto a la carretera NA-6900 (Fitero-Cascante), a tres kilómetros de Cintruénigo y a algo más de dos de Fitero. Está previsto que funcione los 365 días del año, con un tráfico estimado de 6.952 camiones anuales —unos 19 vehículos pesados al día— para el transporte de materiales y digestatos.
La publicación en el BON abre ahora el periodo de alegaciones públicas, mientras el debate sobre el modelo de gestión de residuos y la saturación de plantas de biogás en la Ribera sigue generando preocupación entre colectivos y entidades locales.
Las sombras del biometano: una apuesta que huele mal
Bajo el discurso amable de la “economía circular”, las plantas de biometano se presentan como una solución verde para la gestión de residuos ganaderos. Sin embargo, cada vez más voces alertan de los riesgos ambientales, sanitarios y sociales que esconden este tipo de proyectos, especialmente en zonas rurales como la Ribera de Navarra, donde la saturación de instalaciones es ya motivo de alarma.
Estas plantas trabajan a partir del tratamiento masivo de purines, estiércoles y lodos industriales, materiales altamente contaminantes que, en caso de fugas o mala gestión, pueden comprometer acuíferos, ríos y suelos agrícolas. El llamado digestato, residuo final del proceso, se presenta como fertilizante “ecológico”, pero su aplicación masiva puede provocar sobrecarga de nitratos y malos olores persistentes, afectando directamente a la población local.
A ello se suma el riesgo de emisiones de metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO₂, así como la presencia constante de camiones transportando residuos por carreteras rurales, con el consiguiente aumento de ruido, polvo y riesgo de accidentes.
El argumento del empleo —una docena de puestos directos frente a miles de camiones anuales— apenas compensa los posibles impactos sobre el territorio. Además, la falta de planificación global y la opacidad en la tramitación refuerzan la sensación de que estas plantas se imponen sin debate público real.
Lejos de representar una transición ecológica, muchos temen que el biometano sea simplemente una nueva forma de industrializar el campo y perpetuar el modelo ganadero intensivo, bajo una etiqueta “verde” que oculta más problemas de los que resuelve.