El origen del impuesto de sucesiones suele datarse poco antes del comienzo de la era cristiana, cuando el emperador Augusto, mediante la lex Iulia de vicesima hereditatium, estableció un gravamen del 5% (una veinteava parte) sobre los legados hereditarios, con una regulación que en gran medida se ha trasladado hasta la actualidad, puesto que desde el inicio contaba con exenciones para herencias pequeñas y para los familiares directos. El emperador Augusto justificó el impuesto en las necesidades que generaba el mantenimiento de las legiones romanas y lo estableció como una contraprestación a la protección que otorga el estado de los bienes que se heredan (una especie de tasa de protección).
Esta justificación se traslado, muchos siglos más adelante, a la filosofía liberal inglesa de forma que Locke lo planteó como una contraprestación a la protección por parte del estado del derecho natural a la propiedad y a su transmisión. Más radical en su defensa fue Jeremy Bentham, otro filósofo liberal inglés, furibundo defensor del impuesto, que consideraba que había que dejar claro a los ciudadanos que los bienes se heredaban, no por ser un derecho, sino por la mera benevolencia del Estado que permitía hacerlo. No obstante la postura más influyente en esta cuestión tal vez haya sido la del gran economista liberal clásico John Stuart Mill, quien defendió sistemáticamente un impuesto sobre la herencia cuasi confiscatorio que solo permitiese heredar a los familiares directos, y una cantidad justa para mantener una vida digna.
No obstante, quizás lo más singular es que esta posición pro impuesto de sucesiones entre el liberalismo se haya extendido a los que tienen más que perder con el mismo, los millonarios. En 2001 centenares de millonarios norteamericanos remitieron una carta al entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush, solicitando que no se eliminase el impuesto de sucesiones. Entre los que defendieron el impuesto se encontraban, como es tradicional en este asunto, los Rockefeller y prominentes multimillonarios como George Soros, Warren Buffet o William Gates, padre de Bill Gates.
En otros ámbitos de pensamiento no izquierdista la defensa del impuesto de sucesiones también ha sido igual de relevante. Adolf Wagner, historicista y social cristiano alemán, padre de la Hacienda Pública alemana, defendió el impuesto de sucesiones sobre la base de ser el mecanismo para redistribuir la riqueza de las grandes fortunas.
Frente a estos argumentos se encuentran principalmente dos. Por una parte, está el argumento de que los bienes gravados "ya tributaron en su día" cuando se adquirieron por lo que nos encontraríamos ante una doble imposición. En este argumento se incluye un error conceptual evidente: los bienes no pagan tributos, pagan las personas por tanto como el fallecido y el heredero son personas distintas es materialmente imposible que exista doble imposición. Por otra parte en nuestro país se encuentra el argumento de la "discriminación", en unas comunidades autónomas se paga y en otras no. Este segundo argumento es el que nos enfrenta al origen del verdadero problema del impuesto en España.
En efecto, en la España moderna el impuesto sobre sucesiones y donaciones se implantó con la Real Cédula de Carlos IV, de 19 de septiembre de 1798. El impuesto sufrió muchas vicisitudes y la progresividad del mismo fue especialmente alta en el régimen de Franco, que llegó a establecer un tipo cuasi confiscatorio (84%) para sucesiones muy elevada cuantía y parentesco muy lejano. Con la democracia, reformado el impuesto tras los Pactos de la Moncloa, fue cedido a la Generalitat en 1979, atendiendo a la disposición adicional sexta, y más tarde en 1980, con la aprobación de la LOFCA, se incluyó entre los tributos a ceder a todas las comunidades. Esta cesión siempre fue una demanda del nacionalismo catalán, debido a los problemas de gestión que produce su descentralización. La explicación es muy fácil, el fallecido puede tener bienes localizados en otras comunidades, con lo que las comunidades no tienen capacidad efectiva de controlar la veracidad de lo declarado por cada heredero. A pesar de ello se cedió, si bien las comunidades solo podían recaudarlo.
Mientras la cesión se mantuvo sin capacidad normativa la cuestión no planteó problemas. Estos comenzaron a aparecer cuando José María Aznar acordó con Pujol, en el Pacto del Majestic, la cesión de la capacidad normativa para ciertas partes del tributo. En 2001, ya en plena mayoría absoluta de Aznar, se continuó el camino, ahora a petición de los neoliberales del PP, y se permitió a las comunidades bonificar el impuesto hasta el 99%. Con esto conseguían que si una comunidad aplicaba la bonificación, a las demás no les quedaría más remedio que seguirla, puesto que la presión de los ciudadanos por la discriminación generada sería insoportable. Además las comunidades que bonificasen al máximo el tributo tendrían una afluencia de declarantes en años previos, que compensarían la pérdida de recaudación con los incrementos de recaudación en el impuesto sobre la renta y en transmisiones patrimoniales. Esperanza Aguirre, neoliberal reconocida, fue la ejecutora de la primera bonificación del 99% entre familiares directos, abriendo una situación de competencia fiscal a la baja, el conocido como dumping fiscal, que ha arrastrado al resto de comunidades a un calvario de recursos judiciales, manifestaciones en las calles, y sangría de votos.
La pérdida de apoyo al impuesto se ha extendido por las zonas rurales como un reguero de pólvora con motivo de la crisis económica. Curiosamente, además, lo ha sido por un error de percepción fiscal. En efecto, la transmisión por herencia está sujeta a dos impuestos, el de sucesiones de la comunidad y el de incremento de los terrenos de naturaleza urbana de los ayuntamientos (la famosa "plusvalía"). El primero no suele afectar a la vivienda ni a los herederos de cuantías relativamente pequeñas, y menos si son herederos directos, pero el segundo sí, ya que tiene que pagar cualquier heredero. Los herederos de pequeña cuantía se han visto afectados por la imposibilidad de vender las viviendas y muchos han tenido que renunciar a pequeñas herencias por no poder hacer frente al pago de la plusvalía, sin conocer que la misma nada tiene que ver con el impuesto de sucesiones. Si a eso unimos unos sistemas de valoración de bienes muy defectuosos por parte de las comunidades (en muchas ocasiones se ha pretendido valorar los bienes muy por encima de su valor de venta real) el resultado ha sido un descontento generalizado, no ya entre pequeños propietarios fundamentalmente rurales. Este descontento ha sido promovido y canalizado tanto por el PP como por Ciudadanos para organizar campañas en contra en las comunidades en las que no gobierna el PP (en Andalucía, por ejemplo, la movilización ha sido permanente en los últimos años).
El resultado ha sido que el error que en su día significó la cesión, las concesiones posteriores al nacionalismo catalán y a los neoliberales, por parte del PP de Aznar, y la inacción del gobierno de Zapatero, donde los social liberales se han despegado de sus ancestros en esta cuestión (ninguno se ha acordado de John Stuart Mill en esta materia), han dado lugar a que venga como anillo al dedo la famosa frase: "entre todos lo mataron y el sólo se murió".
No obstante, la situación es reversible. Bastaría con que el gobierno de Sánchez armonizará el impuesto mediante la definición de un nivel de tributación mínima, como se hace en los impuestos locales, aplicando lo aprobado en el 39 congreso del PSOE ( documento de resoluciones , página 117), para que el impuesto funcionase perfectamente. Obviamente, también existe la posibilidad de que si las comunidades no quieren aplicarlo, el gobierno podría retrotraer la cesión, aunque creo que una vez armonizado ninguna comunidad lo querría perder.
Eso sí, para paliar los efectos de la crisis es necesario modificar la regulación para que se solucionen los errores de valoración y sobre todo los problemas de liquidez que produce la concentración del pago. En este tipo de impuesto, como en la plusvalía, se debe otorgar la posibilidad de una carencia de uno o dos años y de un pago aplazado en 5 o 6 años que permita a los ciudadanos no tener que malvender sus bienes, ni tener que renunciar a la herencia por la falta de liquidez en el momento inicial. Bastaría constituir un derecho real sobre los bienes afectados para garantizar el pago del impuesto.
Dos mil años de existencia como impuesto, en el que confluyen ideologías de distinto signo político, incluido el pensamiento liberal de mayor tradición, y con claros defensores entre los más afectadas, parecen ser factores más que suficientes para no dejar que triunfe la demagogia y sí la racionalidad y la justicia tributaria.
Una institución para hacer pagar más a los que más tienen, que aguanta 2.000 años de historia, no puede ser un error.
Fuente: https://www.expansion.com/blogs/defuerosyhuevos/2019/01/29/sucesiones-intentando-destruir-un.html