El delegado del Gobierno estatal en Navarra, José Luis Arasti (PSOE), compareció hace escasos días para exponer los retos para el nuevo año 2019 y de paso aprovechó para ridiculizar los problemas que existen en Podemos Navarra y para incluir en el mismo saco a todos los partidos que apoyan el gobierno de regeneración democrática en la Comunidad Foral.
De lo que no dijo nada es de la maniobra, realizada por su gobierno, para boicotear el acuerdo de reparto de los fondos adicionales en la Administración Foral.
Desde el Estado vuelven a utilizar los requerimientos de inconstitucionalidad para bloquear acuerdos laborales apoyados por los sindicatos y la mayoría parlamentaria. Es decir, se escudan constantemente en la Constitución española para defender el estado de las cosas actual, pero también la utilizan como arma arrojadiza para frenar cualquier consenso social o colectivo, aunque paradójicamente ello suponga un ataque al marco constitucional que dicen defender.
En este caso, Arasti se centró en los acuerdos alcanzados entre la Administración navarra y la mayoría sindical en torno al reencuadramiento de los niveles D al C dentro de la función pública. Este asunto ya era de vital importancia porque representa un paso importantísimo de cara a dotar de unas condiciones más dignas a los sectores más desprotegidos de la administración, pero, gracias a actuaciones como las de Arasti, representa otro frente en la confrontación de intereses del conjunto de la población navarra frente al rodillo estatal.
Arasti osó colgarle el sambenito de inconstitucionalidad al acuerdo de reencuadramiento del nivel D al C en la Administración, aunque los argumentos esgrimidos para defender una acusación tan gruesa fueran todo menos consistentes.
Por ejemplo, el máximo representante estatal en Navarra cuestionó el procedimiento de encuadramiento del nivel D al C, y para ello mezcló dos conceptos diferentes, integración/reclasificación y promoción, que tienen procedimientos específicos diferenciados en el estatuto básico del empleado público o en la normativa de Navarra. Arasti destacó que desde un punto de vista estatal está prohibida la integración automática de determinados grupos en la función pública, salvo excepciones e indicó que para promocionar hay que cumplir los requisitos exigidos en la norma, tener la titulación o la antigüedad suficiente.
Este planteamiento cojea desde dos puntos de vista. Por un lado pervierte el espíritu mismo del acuerdo logrado en Navarra porque no se hace referencia a ninguna integración, ya que el personal afectado ya es funcionario y cumple o cumplirá en el momento del reencuadramiento las condiciones de titulación o antigüedad. Por otro lado, también ignora el marco competencial reconocido por el propio Estado español, ya que el punto 2 del artículo 75 del EBEP deja claro que “los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas”. Por lo tanto, Navarra puede definir cómo se modifican los cuerpos y escalas.
Algo similar ocurre en otras modalidades de encuadramiento como el de los vigilantes de carreteras y los que se lleven a cabo dentro del nivel E al D. En todos estos casos, la legislación vigente contradice claramente la pretensión del Gobierno español de bloquear esos procesos que cuentan con el respaldo mayoritario en Navarra. Promover lo contrario supondría un nuevo ataque a la foralidad y la evidencia de que el estatus sociopolítico actual no garantiza que la voluntad de la población navarra se pueda implantar con garantías.
Se vuelve a realizar una tesis de lo más peregrina, especulando que en un futuro puede generarse más gasto del permitido. Curioso. Esta argumentación viene a reconocer, explícitamente, que el gasto se ajusta a lo marcado por la Ley, pero como igual llueve, pues que nos parece mal. Increíble la desvergüenza del requerimiento.
Se han empeñado en destacar que este acuerdo firmado en Navarra es nuevo en la administración y que por ello se puede generar incertidumbre e inestabilidad. Nada más lejos de la realidad. Las promociones y reencuadramientos han sido figuras habituales en las administraciones y en Navarra hemos conocido bastantes casos similares: los bomberos pasaron del nivel D al C; la Policía foral y local, del D al C; operadores de SOS, igual; oficiales de mantenimiento, lo mismo…
LAB considera esta medida una agresión directa a la negociación colectiva en la administración de Navarra y a todos los colectivos afectados por estas y otras medidas futuras de recuperación del poder adquisitivo.
Además, bajo nuestro punto de vista representa un ataque, uno más, al autogobierno de Navarra y a sus políticas de reversión de los recortes salariales impuestos por el bloque autodenominado Constitucionalista (PSOE, PP, Ciudadanos…) pero que no dudan en olvidarse de su Constitución cuando lo recogido en su contenido no les interesa.
LAB hace un llamamiento para concentrarse el día 11 de enero a las 12:30 delante de la sede del PSOE en el Paseo Sarasate de Pamplona/Iruñea, con el objeto de exigir la retirada del requerimiento por parte del PSOE y luego trasladar la movilización hasta el Palacio de Navarra para instar al gobierno de Geroa Bai la defensa del acuerdo. Os esperamos.
Vía: LAB