Izquierda-Ezkerra presenta una proposición de Ley para derogar la reforma laboral de 2012










Izquierda-Ezkerra presentó el pasado viernes una proposición de ley para derogar la reforma laboral de 2012 con el objetivo de que sea aprobada en el Parlamento de Navarra y remitida posteriormente al Congreso de los Diputados.

Esta proposición de ley establece, por un lado, la derogación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, de manera que las leyes afectadas por esta ley "recuperarán la redacción que tenían con anterioridad".

La iniciativa, que será registrada el próximo lunes y su firma está abierta al resto de fuerzas del cuatripartito, ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, que ha estado acompañada por el parlamentario de coalición José Miguel Nuin, y el miembro de Batzarre Íñigo Rudi.

De Simón ha explicado que el objetivo de esta proposición de ley es "tumbar" la reforma laboral "que ha desregulado el mercado de trabajo y que ha destruido y precarizado empleo a mansalva durante estos más de cinco años" y que "liquidó de un plumazo todos los derechos laborales conseguidos tras muchos años de lucha obrera".

"Queremos terminar con la precarización del trabajo, con el despido fácil y barato, con el despido basura que nos lleva también a jubilaciones basura, así como con el desmantelamiento de la negociación colectiva" que "en este momento carece de contenido y capacidad de decisión", ha dicho.

"Se trata de derogar una reforma laboral que, junto con la modificación del artículo 135 de la Constitución, perseguía que los costes de esa crisis estafa la pagáramos quienes no la hemos provocado" y "eximir de ese coste" a "quienes promovieron, participaron y se beneficiaron de esa burbuja financiera e inmobiliaria", ha remarcado.

Izquierda-Ezkerra ha recurrido a la potestad de los parlamentos autonómicos de presentar iniciativas en el Congreso de los Diputados porque "vemos que esto está paralizado en el Congreso después de que Pedro Sánchez anunciara a bombo y platillo que la primera cosa que haría sería actuar para derrotar esta reforma laboral".

De Simón ha considerado que en este momento "se pueden articular mayorías suficientes" tanto en el Parlamento de Navarra como en el Congreso de los Diputados para que esta iniciativa salga adelante. Para la portavoz de la coalición sería "un primer paso que es absolutamente necesario" para "conseguir un empleo estable y de calidad".

Por su parte, José Miguel Nuin ha justificado el impulso de esta proposición de ley desde el Parlamento de Navarra, a que "el PP junto con Ciudadanos está boicoteando" en la Mesa del Congreso "todas las iniciativas que diferentes grupos están presentando contra leyes aprobadas en la pasada legislatura cuando tenía mayoría absoluta el PP".

En este sentido, ha destacado que "tiene una fuerza especial, desde un punto de vista constitucional, el que un órgano de representación política y democrática como es un parlamento autonómico" remita una iniciativa legislativa. "Sería intolerable que la Mesa del Congreso de los Diputados actuase respecto a esta iniciativa de un poder del Estado como es el Parlamento de Navarra paralizando su tramitación", ha subrayado Nuin que ha considerado que la proposición "tendría que ser sometida a la votación del Congreso sí o sí sin que hayan artimañas para su paralización".

INVERTIR EN POLÍTICAS SOCIALES EL DINERO RECUPERADO DEL CONVENIO

En esta misma rueda de prensa, Izquierda-Ezkerra ha reiterado su "compromiso con el cambio político y social y con el acuerdo programático" que ha permitido "el desarrollo de políticas que no hubieran sido posibles con un gobierno de derechas". Al respecto, ha abogado por "impulsar aspectos pendientes" del acuerdo programático e "ir más allá en los compromisos en materia de derechos sociales, sanidad y educación".

El miembro de Batzarre Íñigo Rudi ha destacado que para avanzar en estos objetivos "es fundamental despejar la incógnita" sobre el destino de los 215 millones que se van a recuperar tras el acuerdo de actualización del Convenio Económico con el Estado.

Al respecto ha recordado que "el acuerdo para el quinquenio 2015-2019 ha llegado con tres años de retraso" y ha asegurado que "si UPN hubiese hecho bien su trabajo y se hubiese firmado en 2015, ese sobrepago de más de un 20% se hubiera podido aplicar a los presupuestos de 2016 y 2017 para mejorar políticas sociales públicas".

Izquierda-Ezkerra ha apostado por invertir este dinero en políticas sociales. Una "decisión política que debe tomar el cuatripartito" y que es "viable desde un punto de vista técnico y legal", ha afirmado.

Asimismo, la coalición ha propuesto destinar parte de este dinero al impulso de una banca pública "que no excluya a nadie, sea ética y genere recursos sociales". Una banca que "es viable" según un informe jurídico encargado a la UPNA, ha destacado, y que debería ser "100% pública, con control parlamentario y auditada por la Cámara de Comptos".

Íñigo Rudi ha enumerado también los retos de la coalición para 2018 entre los que ha incluido el impulso de una ley "que garantice el derecho efectivo a la vivienda", "ahondar" en trabajos de memoria histórica, paz y convivencia; el "refuerzo" del sistema público de salud y la "mejora" del sistema educativo con una "reversión total de los recortes" y en el marco de un pacto educativo.