La Iglesia católica, acogiéndose a una vía privilegiada y con un coste ridículo (20-30 euros cada uno), ha inmatriculado numerosos bienes que pertenecen a los pueblos de Navarra, para ello ha seguido un procedimiento que no implica publicidad alguna, lo ha hecho sin conocimiento de la población en general, ni de sus representantes públicos.
Este mismo procedimiento siguió el obispado de Tudela y el 31 de enero de 2006, inmatriculó la Parroquia Santa María la Real de Fitero. Nuestra parroquia, la única parte de todo el conjunto de edificios que componen el Monasterio de Fitero que a esa fecha estaba en el “limbo”, no constaba a nombre de nadie en los registros, dejó de ser un bien común de todos los fiteranos para pasar a manos privadas; el resto de los edificios son municipales y del Gobierno de Navarra. Las llaves de la parroquia en manos municipales se entregaron al párroco y desde entonces su gestión y explotación son privadas. Recordemos los miles de visitantes que recibe al año, y la reciente noticia sobre como el número de visitas que ha recibido este 2016 ha superado en un 40% a las visitas del año pasado. Si bien su gestión y explotación son privadas, su promoción y su mantenimiento no lo son, desde hace 8 años se están llevando a cabo las obras de restauración del claustro, con un gasto de más de 6 millones de euros, pagados por la Comunidad Europea y el Gobierno de Navarra, o lo que es lo mismo, pagados por nosotros con nuestros impuestos.
En el pleno del pasado 27 de septiembre, AFI presentó una moción para que el Ayuntamiento de Fitero acordase su adhesión a la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra e instase al Gobierno de Navarra a ofrecer información tanto jurídica como sobre inversiones públicas en los edificios inmatriculados y a ofrecer también su apoyo a los Ayuntamientos que intenten recuperar sus bienes inmatriculados por la Iglesia católica. UPN votó en contra, y la moción no se aprobó.
AFI no presentó esa moción en defensa de determinadas políticas, como se nos acusó de hacer en el pleno, sino en defensa del patrimonio fiterano ya que entendemos que el monasterio en su conjunto, incluida la parroquia, es un bien cultural de toda la comunidad, cuyo valor histórico es absolutamente fundamental para entender la historia y la existencia de nuestro pueblo. Creemos también que la propiedad pública de los edificios es la mejor garantía del uso vecinal de los mismos, tanto para funciones religiosas como culturales y que el uso que tradicionalmente ha hecho la Iglesia de los edificios no debe servir de apoyo para atribuirse a futuro la propiedad privada de bienes, como nuestra parroquia, que siempre han sido de uso público.
Eva Calleja es concejala de AFI en el Ayuntamiento de Fitero.