La herencia del Régimen de UPN: una oficina ruinosa en Bruselas cuyo cierre superó en costo a su mantenimiento





El cierre de la Oficina Navarra en Bruselas, anunciado en noviembre de 2012 por el Gobierno de UPN como medida para ahorrar gastos a la Administración, finalmente ha costado más de lo que hubiera supuesto mantenerla abierta.

El Ejecutivo foral se ha visto obligado ahora a pagar una compensación de 193.506.94 euros a la empresa propietaria del inmueble como compensación por la ruptura prematura del contrato. Se trata de la cantidad equivalente al alquiler del local hasta noviembre de este año, fecha en la que se completaba el acuerdo, y que el Ejecutivo foral dio por finalizado abruptamente en noviembre de 2012. Desde entonces la delegación se ubica en una oficina en la sede del Ministerio de Exteriores, por la que viene pagando 14.000 euros anuales.



El conflicto se remonta al 2 de noviembre de 2012, cuando el Gobierno de Navarra comunicó a la empresa Deka Inmobilien Investment Gmbh su voluntad de abandonar el local que venía ocupando hasta entonces, varias oficinas y una plaza de garaje en la céntrica Avenue des Arts. Cinco días después, el Ejecutivo de UPN anunciaba el traslado a las dependencias de la Representación Permanente Española ante la Unión Europea (REPER), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a cuyo mantenimiento iba a contribuir con un coste menor. “Es una decisión difícil pero necesaria”, justificó el portavoz Juan Luis Sánchez de Muniáin, que cifró en 60.000 euros anuales el ahorro estimado por el cambio de sede. El 30 de noviembre el Gobierno dio por finalizado el contrato.

Había sido firmado el 1 de diciembre de 2006 y tenía nueve años de duración, con la posibilidad de una ruptura amistosa en mayo de 2012. Así que ante la imposibilidad de mutuo acuerdo -la cláusula que liberaba a Navarra del compromiso seis meses antes no había sido ejecutada-, el Ejecutivo foral optó por una ruptura unilateral en base a un resquicio del contrato, para lo que dispuso de un aval de 26.264 euros a modo de indemnización. Algo que sin embargo no fue suficiente para la empresa, que reclamó el pago íntegro de los tres años pendientes de alquiler.

RECLAMACIÓN JUDICIAL El Gobierno de Navarra decide contratar entonces como asesor al abogado Miguel Troncoso Ferrer, de la empresa Gómez_Acebo & Pombo Abogados y con despacho en Bruselas, que intenta llegar a un acuerdo amistoso con la inmobiliaria. Pero Deka sigue reclamando el pago íntegro del alquiler y demanda al Gobierno foral.

El 21 de mayo de 2014 el juez estima la denuncia y rechaza los argumentos del Ejecutivo autonómico. Entiende que la notificación de rescisión anticipada no tiene valor jurídico, por lo que se debe respetar el contrato hasta su término (noviembre de 2015). Condena así al Gobierno de Navarra a pagar una cantidad provisional al arrendador de 40.106,80 euros por atrasos de alquiler, intereses, accesorios y costas. Tras la sentencia el abogado contratado por Navarra plantea una negociación con Deka lnmobilien lnvestment Gmbh. Pero la empresa rechaza las distintas propuestas planteadas por Navarra, que mientras tanto se mantiene en la sede del Ministerio. Finalmente, en junio de este año Deka reclama el abono de todas la cantidades debidas en virtud del contrato de arrendamiento y la sentencia.

En la indemnización final la empresa arrendataria no incluye las costas del procedimiento (2.574,38 euros) ni reclama los intereses de demora, por lo que el asesor jurídico Troncoso recomienda asumir el coste. La sentencia es ejecutoria y un recurso en apelación no tendría efectos suspensivos, por lo que se podrían generar nuevos intereses. Así que el Gobierno de Navarra decide a finales del pasado mes de junio asumir el pago de todo el alquiler, 193.506,94 euros. Y como no hay una partida presupuestaria prevista al efecto -la cantidad reservada para responder a una eventual sentencia desfavorable había sido suprimida-, ha sido necesario ampliar económicamente en los presupuestos de este año la partida para ejecución de sentencias del Servicio de Patrimonio.

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