Explicaba ayer Elcierredigital.com que un fondo inmobiliario vinculado a Banco Santander mantiene en vilo a varias familias en el sur de Navarra. En la localidad de Fitero, un bloque de viviendas levantado hace algo más de dos décadas con ayudas públicas se ha convertido en el epicentro de un conflicto que amenaza con dejar sin casa a hasta 19 hogares.
El inmueble pertenece actualmente a Altamira Luni 6, que es una sociedad inmobiliaria perteneciente al banco presidido por Ana Patricia Botín, y que forma parte del entramado de gestión de activos inmobiliarios de la entidad financiera.
La tensión se disparó tras la ejecución del primer desahucio en el edificio, ocurrido el pasado miércoles. La familia afectada, con cuatro hijos menores, tuvo que abandonar la vivienda en medio de una fuerte preocupación vecinal. Para quienes viven en el vecindario, la escena fue interpretada como una señal de alarma: temen que ese caso sea solo el primero de una serie de desalojos que podría extenderse al resto de viviendas del inmueble.
El conflicto se produce en un contexto de gran incertidumbre sobre la propiedad de las unifamiliares, las condiciones de los contratos de alquiler y el futuro de unas viviendas que durante años formaron parte del parque de alquiler protegido. Las familias afectadas aseguran que durante largo tiempo pagaron rentas asequibles gracias a ayudas públicas, pero la situación cambió de forma abrupta cuando los inmuebles perdieron su calificación de vivienda protegida y pasaron a operar dentro del mercado libre.
Viviendas construidas con ayuda pública
Las viviendas del edificio se construyeron hace aproximadamente veinte años como promoción de alquiler protegido. Durante ese periodo inicial, las familias residentes accedían a ellas con rentas reducidas y con ayudas públicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.
Con el paso del tiempo, sin embargo, la propiedad del inmueble fue cambiando de manos a través de distintas operaciones inmobiliarias. El edificio pasó por varias sociedades hasta terminar dentro del perímetro de activos inmobiliarios vinculados al Banco Santander.
Ese recorrido empresarial es uno de los factores que más incertidumbre ha generado entre los vecinos. Cada cambio de propietario implicaba nuevas gestiones administrativas, nuevas empresas intermediarias y una mayor distancia entre quienes viven en las viviendas y quienes gestionan los activos desde despachos corporativos situados lejos del municipio.
La situación se volvió aún más confusa cuando los inquilinos recibieron recientemente una comunicación anunciando que otra empresa inmobiliaria asumiría la gestión de las viviendas. Este cambio dejó a muchas familias sin saber con claridad quién es el propietario real ni a qué interlocutor deben dirigirse para resolver incidencias o negociar su situación contractual.
Un aumento brusco del alquiler
Uno de los puntos que más ha agravado la crisis es el encarecimiento repentino de los alquileres. Mientras las viviendas mantuvieron su carácter de protección pública, parte del alquiler estaba cubierto por ayudas del Gobierno de Navarra destinadas a hogares con ingresos limitados.
Cuando esa calificación expiró, las subvenciones dejaron de aplicarse automáticamente. En algunos casos, el salto fue inmediato: familias que pagaban poco más de un centenar de euros mensuales se encontraron de repente con recibos superiores a los 500 euros.
Ese cambio abrupto colocó a varios hogares en una situación económica muy delicada. Para muchas de las personas que viven en el bloque —trabajadores con ingresos modestos, familias monoparentales o personas mayores— asumir ese incremento resulta prácticamente imposible.
Una de las vecinas afectadas, Patricia Alvero, lleva cerca de dos décadas viviendo en el edificio y describe una situación de incertidumbre permanente. Según explica, el primer desahucio ejecutado en el bloque ha intensificado el miedo entre los residentes.
La vecina asegura que lo ocurrido ha generado una gran inquietud entre quienes continúan viviendo allí. El temor es que la misma situación se reproduzca en el resto de viviendas si no se encuentra una solución rápida.
Alvero sostiene que muchas de las familias han intentado durante años resolver sus problemas de comunicación con la empresa gestora. Según relata, contactar con los responsables de los inmuebles ha sido extremadamente difícil, lo que ha complicado la resolución de incidencias o reclamaciones.
La vecina resume el sentimiento general del barrio con una frase que refleja la precariedad en la que viven muchas de estas familias: siguen resistiendo porque no tienen otra alternativa habitacional.
La intervención del Gobierno de Navarra
La situación ha obligado a intervenir al Gobierno foral. El Departamento de Vivienda ha iniciado contactos con distintos actores implicados para intentar frenar la cadena de desahucios y encontrar una salida para las familias afectadas que, sea cual sea su condición, podrían ser expulsadas de los hogares tras el final del escudo social que impedía los desahucios en el estado español.
Una de las opciones sobre la mesa pasa por que las viviendas vuelvan a integrarse en el sistema de alquiler social. Este modelo permitiría reducir el coste de las rentas y reactivar las ayudas públicas destinadas a los hogares con menos recursos.
Para ello, el Ejecutivo navarro está explorando una operación mediante la cual las viviendas podrían pasar a manos de una fundación vinculada a un grupo empresarial. La fórmula permitiría que las viviendas regresaran al circuito de vivienda protegida y que las administraciones pudieran intervenir para subvencionar los alquileres.
El negocio inmobiliario del Santander
El conflicto de Fitero se enmarca dentro del amplio negocio inmobiliario gestionado por el Banco Santander a través de distintas sociedades especializadas en la gestión de activos.
Durante los últimos años, la entidad ha reorganizado su estructura inmobiliaria mediante fusiones y reorganizaciones societarias destinadas a simplificar la gestión de su cartera de propiedades.
Uno de esos movimientos fue la integración de la sociedad Luri 6 —procedente del antiguo fondo Banif Inmobiliario— dentro del entramado de Altamira Santander Real Estate. Estas sociedades gestionan activos inmobiliarios valorados en miles de millones de euros y forman parte del legado de la crisis financiera y de las inversiones posteriores en el sector inmobiliario.
En 2023 comenzó a fusionar este negocio con activos valorados en cerca de 1.400 millones de euros. Tras su integración en la estructura inmobiliaria del banco, su patrimonio pasó a formar parte del conjunto de sociedades encargadas de administrar y rentabilizar este tipo de activos.
La estrategia inmobiliaria de la entidad continúa evolucionando. En paralelo a la gestión de su cartera de activos, el banco prepara el lanzamiento de nuevos vehículos de inversión centrados en el desarrollo residencial.