La Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar (ASJUBI40), la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE), el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (EHPM), el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), el Movemento Galego en Defensa das Pensiones e os Servizos Públicos (MODEPEN), la Unidad-COESPE y plataformas locales de pensionistas de Badajoz o Móstoles han convocado una movilización conjunta para el 12F "en defensa del sistema público de pensiones y contra la nueva reforma que pretende recortarlo y devaluarlo una vez más".
Este colectivo explica que en "2015 bajo la presidencia de Rajoy se pretendió reducir la revalorización anual de las pensiones a solo un 0,25%, contraviniendo el artículo 50 de la Constitución. La movilización social de los pensionistas durante tres años fue determinante para bloquear la aplicación del decreto que establecía esa mísera subida y, también, acelerar la caída del gobierno Rajoy. Se reestableció el “Índice de Precios al Consumo Anual Acumulado” (“IPC Acumulado”, o “IPC Real”) como índice para la revaloración anual de las pensiones".
"Este es el mejor sistema para medir el coste de la vida y el que siempre se usó en pensiones y salarios para garantizar su poder adquisitivo. Pero la Ley 21/21 que el actual gobierno de coalición presentó al Parlamento, y este aprobó por amplia mayoría, establece ahora como referencia de revalorización anual de las pensiones, el llamado “IPC Medio”, el promedio de los IPC de los 12 meses del año. Usar el “IPC Medio” en lugar del “IPC Real” supone hacer trampa. Es rebajar las pensiones y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas", añaden.
Y afirman que "es escandaloso que en plena campaña electoral en Castilla y León el presidente del gobierno proclame que a ellos se les va a realizar la mayor subida de la historia, al prometer aumentarles un 3% salidos de los presupuestos del Estado. En realidad, también para ellos será la mayor bajada que ha hecho cualquier gobierno, ya que la subida del IPC es un 5,5% y por tanto van a perder el 2,5% de poder adquisitivo".
También denuncian que a pesar de que se reconoce que el Sistema Público de Pensiones (SPP) es sólido y viable, se está avanzando "hacia la privatización de las pensiones convirtiendo a la Seguridad Social en una Agencia y abriendo paso a una segunda etapa de la reforma que regule su privatización. Las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado".
Por ello exigen:
• Garantizar para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas en función del incremento del “IPC real” (el “IPC Acumulado Anual”) tal como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en el 2021.
• Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.
• Garantizar pensiones públicas dignas justas y suficientes y el carácter público del Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 2021, y rechazando la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier fórmula.