Antes de los últimos cinco años dedicados a la política, mi vida profesional como médico especialista ha transcurrido, durante más de tres décadas, en una Unidad de Cuidados Intensivos. Es este un lugar en el que, diariamente, se toman decisiones sobre la vida y la muerte de las personas; y en el que he comprobado la ambivalencia que todos los seres humanos vivimos ante el hecho de morir. 


Que sentimos incluso en esas situaciones en las que podemos llegar a ver la muerte de alguien como su liberación de una vida repleta de cargas y penosidades. Es más fácil hablar de la muerte desde la asepsia y la distancia de un despacho, un púlpito, una cátedra o el salón de nuestra casa, que junto a una persona enferma. 

Porque las grandes dudas, los auténticos problemas, surgen cuando hay que tomar decisiones al final de la vida (o, precisamente, para el final de la misma). Es entonces cuando nos damos cuenta de que son decisiones muy duras, difíciles y complejas; a nivel personal, familiar, social, profesional; y que evocan respuestas profundamente emocionales, porque siempre están rodeadas de incertidumbre. 

En casi ninguna decisión podemos tener la seguridad al 100% de que la opción tomada sea la acertada; ni siquiera de que sea la más adecuada, o la menos mala. Pero es que, en este caso, además, se trata de vivir o de morir. Por eso, me llama la atención la redacción del texto de la ley que regula “la eutanasia”, y que acaba de llegar al Senado para su tramitación. Una ley que, según sus defensores, plasma la opinión de la mayoría ciudadana respecto del morir, pero que se fundamenta en una equiparación del término eutanasia con el de “buena muerte”: algo, en mi opinión, muy discutible. 

Significado de “buena muerte” 

Algunas definiciones nunca son moralmente neutras, y configuran nuestra percepción de la realidad; seleccionan, recalcan e incorporan sesgos. Lo subrayo porque conceptos como “buena muerte” o “muerte digna” son utilizados de formas tan contrapuestas que sus significados –si alguna vez fueron claros– se han vuelto desesperadamente nebulosos. 

Y cuando los significados de las palabras no son evidentes, es necesario consensuarlos: para que todos sepamos de qué se está hablando realmente, y podamos utilizarlos de forma unívoca. El significado de “buena muerte” ha cambiado a lo largo de la Historia, con el transcurrir de culturas y sociedades. 

En la Antigua Grecia, la palabra euthanasia y sus derivados se utilizaban para indicar un final feliz que coronaba una buena vida. Para los filósofos de la Antigüedad, morir de una buena muerte era más que tener un final sin dolor: quería también decir morir en la perfección moral, morir noblemente. El término, pues, no describía lo que hoy se entiende por eutanasia. 

De la misma manera, el concepto de “eutanasia” no solo ha cambiado desde el momento en que se forjó la palabra que lo verbaliza; es que la propia idea de la “buena muerte” es relativa y depende –en gran medida– de los valores sociales, culturales e ideológicos de cada persona. En nuestra cultura, nadie desea morir en malas condiciones, con dolor y otros síntomas evitables, desatendido, abandonado y solo. 

Pero eso no quiere decir que deseemos la eutanasia; lo que deseamos es una buena muerte, algo muy distinto. Hay múltiples formas de bien morir, que ocurren cotidianamente en nuestros hospitales; y todas ellas –excepto las provocadas en la eutanasia y el suicidio asistido–, además de ser legales, están universalmente aceptadas como prácticas éticas. 

De eutanasia y suicido asistido 

En nuestra sociedad, hay maneras distintas de analizar la eutanasia y el suicidio asistido. La primera es rechazarlos siempre por la férrea convicción en el principio del respeto a la sacralidad de la vida. La segunda forma, enfrentada totalmente a la primera, es aceptar siempre ambos procesos clínicos como resultado de la libre elección de las personas, que no quieren vivir a través del sufrimiento y del declive aun cuando el dolor y otros síntomas puedan ser aliviados. 

Otras posturas intermedias, considerando el respeto a la vida como de suma importancia, justifican la eutanasia y el suicidio asistido cuando las medidas paliativas fracasan o son rechazadas por el paciente, pero también exigen ciertos requisitos y salvaguardas para que nadie pueda ser sometido a prácticas o tratamientos que no desea. Y esta última visión –con la que me siento totalmente identificado– es la que pretende reflejar la ley en cuestión. Sin embargo, en el texto que llega ahora al Senado encuentro dos cuestiones que me preocupan sobremanera. 

La más importante es el enmascaramiento del suicidio asistido dentro del ambiguo concepto de eutanasia, y la equiparación de ésta con “buena muerte”. Con la utilización de dicho concepto, se pretende englobar esos dos procesos clínicos distintos de ayuda para morir; e igualarlos mediante un reduccionismo conceptual que dificulta y complica su puesta en práctica, al regularlos como si fueran lo mismo y obviando aspectos específicos de cada uno de ellos. 

Respeto a las decisiones personales 

La otra cuestión preocupante es una contradicción intrínseca a la ley. El texto nace del reconocimiento –que comparto– de la capacidad de las personas para tomar decisiones, también de cara al final de la vida. 

Y, dada la gravedad de las decisiones, introduce ciertas salvaguardas que considero lógicas: la petición de ayuda para morir se debe realizar al menos dos veces a lo largo del tiempo al médico responsable, quien debe analizarla y deliberarla con el paciente; y la posterior consulta con otro médico que, a su vez, tiene la obligación de examinar la solicitud. 

Sin embargo, considero totalmente burocrática, excesiva y contradictoria con el espíritu de la ley la ulterior obligación de consultar a una Comisión (ahora denominada de Garantía y Evaluación, pero que a su llegada al Congreso se llamaba de Control y Evaluación), que tendrá la última palabra sobre la aceptabilidad e idoneidad de dicha ayuda para morir. Da la impresión de que el legislador no termina de confiar en el criterio del paciente, ni en el del médico responsable ni en el del médico consultor, ni, en definitiva, en la suma de los tres. ¿Creemos en la capacidad de las personas para tomar decisiones… o lo hacemos solo muy parcialmente? Ambas cuestiones, para mí, reflejan una misma equivocación: tratar a la ciudadanía como si de menores de edad se tratara. 

Recuerdo que, cuando en 2019 estábamos intentando acordar un programa de gobierno en Navarra, llegamos al punto en el que se hablaba de “Promover iniciativas legislativas ante las Cortes Generales para la despenalización de la eutanasia”. Cuando propuse añadir las palabras “y del suicidio asistido”, el PSN consultó en Madrid y la respuesta fue que no, que el concepto “suicidio” era controvertido y generaba problemas. 

Como si los ciudadanos fueran a huir despavoridos al ver que la ley no va de una abstracta “buena muerte”, sino de procesos clínicos concretos que se realizan de maneras específicas. Procesos que se pueden y deben explicar honesta y claramente: eutanasia y suicidio asistido. No nombrar a cada cosa por su nombre es falsear la realidad, edulcorar el texto, tranquilizar las conciencias de los legisladores y, en último término, confundir a la población. 

La necesidad de la deliberación 

Sí: existen posicionamientos diferentes respecto de la ayuda para morir. Pero no abordar tales diferencias por ser “conflictos morales” es autodestructivo para la sociedad: porque las divisiones, el extremismo y la falta de consenso persistirán mientras se empobrece la posibilidad de búsqueda de acuerdos de cooperación social entre quienes discrepamos. 

Cuando los ciudadanos valoramos de forma moralmente distinta las políticas públicas, lo que debemos hacer es deliberar, buscar el acuerdo cuando es posible, y mantener el respeto mutuo cuando no lo conseguimos. 

La deliberación es esencial para el fortalecimiento de la convivencia; posibilita la realización y la profundización de la democracia; nos capacita para definir nuestras diferencias y separar las que nos resultan tolerables de las que consideramos que no lo son; nos permite localizar puntos de acuerdo y de compromiso, y también aquellos en los que éstos son imposibles. 

La deliberación es esencial para el mantenimiento de comunidades políticas efectivas e incluso, tal y como pensaron los antiguos, para el de la propia civilización; ésta no puede sobrevivir si los seres humanos no somos capaces de hablar y de vivir juntos. Deliberar es razonar juntos sobre la base del respeto mutuo. 

Y eso es, precisamente, lo que deseo del trámite de esta Ley en el Senado: que, a diferencia de lo ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Educación, deliberemos, defendamos nuestras enmiendas y aprobemos las adecuadas. Esto es, que mejoremos su redacción actual, en la que encuentro, personalmente, contradicción, superficialidad y confusión. 


Koldo Martínez Urionabarrenetxea, Senador de Navarra por Geroa Bai
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