De la buena gestión a la política transformadora










Durante el último mes, los llamados "ayuntamientos del cambio" -combinaciones de ’comunes’, ’cups’, ’podemos’ y ’guanyems’ de todo el Estado- han estado celebrando la mitad de su mandato, revisando los logros alcanzados con videos, campañas de Twitter, mapas de éxitos, actos de rendición de cuentas e incluso estrenos cinematográficos. En esta revisión de la labor realizada no sólo han abordado los éxitos, sino también las dificultades que se han encontrado cuando han entrado en las instituciones. "Aprender los tempos y los códigos de la política institucional no ha sido nada fácil", afirma Jaume Asens, cuarto teniente de alcaldía de Barcelona, ​​en uno de los cortometrajes que desde Barcelona en Común se han producido para hacer repaso de esta mitad de mandato.

José María González Santos ’Kichi’, el alcalde de Cádiz, recordaba, en una entrevista reciente a El Salto, las voces que, cuando llegaron al Ayuntamiento, alertaban de que estas nuevas fuerzas políticas, carentes de experiencia en la gestión pública, dilapidarían el dinero de la caja de los ayuntamientos. "Dos años más tarde, no sólo se demuestra que todo aquello era mentira, sino que hemos demostrado que estamos más capacitados para gestionar el dinero de todas y todos de una forma mucho más responsable, no sólo reduciendo la deuda o usando mejor el dinero, sino dando pasos para resolver los problemas de nuestros vecinos y vecinas ", afirma Kichi. ¿Es cierto que las activistas que asaltaron las instituciones se han convertido en las mejores gestoras que estas han visto en las últimas décadas? Lo analizamos.

La deuda se ha reducido

Efectivamente, las finanzas de los “ayuntamientos del cambio” hacía años que no tenían tan buena salud. La deuda municipal se ha reducido de forma sustancial en la mayoría de los municipios gobernados por confluencias de izquierdas. Estos buenos resultados los encabeza, sin duda, Madrid, donde el equipo de Manuela Carmena llegó a un consistorio ahogado por las deudas. En menos de dos años, la deuda se redujo en un 33%. De 5 637 millones de euros que se acumulaban a mediados 2015 a 3 611 millones de euros contabilizados por el Banco de España en el primer trimestre de 2017. En contraste, el gobierno de Ana Botella sólo fue capaz de reducir la deuda de la ciudad en 1 037 millones de euros en 4 años, cerca de la mitad de lo que Ahora Madrid ha reducido en sólo 2 años.

El caso de Madrid no es una excepción. El Ayuntamiento de Cádiz, después de dos décadas de gobierno del Partido Popular con Teófila Martínez al frente, tenía una deuda totalmente insostenible. El equipo de Kichi encontró un Ayuntamiento en quiebra técnica, con un endeudamiento en torno al 140% de los ingresos corrientes. En sólo un año y medio ha conseguido reducir la deuda de 213 millones en 2015 a 160 en 2016 (no se dispone de datos de los primeros trimestres de 2017). Una de las proezas del Ayuntamiento de Cádiz ha sido, además, reducir el periodo de pago a proveedores de 116 días en mayo de 2015 a 36 días en marzo del 2017. En Cataluña, el Ayuntamiento de Badalona ha rebajado también la deuda en un 25% y ayuntamientos como el de Sabadell o Cerdanyola han seguido también una línea de reducción de la deuda municipal.

¿Cómo lo han hecho? ¿Qué ha tenido que hacer Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, para reducir cerca de 2 000 millones de euros de deuda en menos de 2 años? En pocas palabras, una gestión austera y pagando deuda, incluso pagando más deuda de lo que tocaba.

La austeridad de los gastos superfluos

Los “ayuntamientos del cambio” han seguido mayoritariamente una gestión que ha hecho prevalecer la austeridad, una austeridad bien entendida. Una austeridad que renuncia a gastos superfluos, ajusta gastos de protocolos y publicidad, entre otros, y no se hipoteca con grandes proyectos faraónicos. Esta reducción de gastos en algunos ámbitos ha permitido aumentar en otros, como en bienestar social. El Ayuntamiento de Badalona ha sido uno de los que han hecho hincapié en este incremento del gasto social, aumentando en 2017 especialmente el presupuesto en Planes de Empleo, Acción Social, Educación, Mujer, Juventud y Cultura. En Madrid, también en 2016, se aumentó el gasto social en un 20% y en el presupuesto del 2017 el aumento ha sido de un 21,8% más respecto al año anterior.

Pero, más que la reducción de los gastos, lo que es clave para explicar los buenos resultados económicos es el aumento de los ingresos. La aparente buena salud económica en algunas ciudades del Estado ha aportado importantes réditos a las arcas municipales. Pero hay que ver el detalle. Una parte importante de este aumento proviene del incremento de ingresos por el impuesto a la plusvalía, relacionada con el incremento de ventas en el sector inmobiliario, lo que podemos vincular con una nueva situación de burbuja inmobiliaria. Cuidado, pues, a relacionar los avances sociales con los ingresos que dependen de la especulación, como hicieron muchos ayuntamientos antes del 2008.

Por otra parte, algunas reformas vinculadas al IBI han permitido también incrementar los ingresos. Así ha pasado con la congelación o la rebaja del impuesto para la mayoría de inmuebles pero incrementándolo para otros (por ejemplo, eliminando las exenciones a inmuebles de patrimonio histórico afecto a actividades económicas) o la creación de nuevas tasas (como la tasa a los pisos vacíos o a los cajeros automáticos con salida a la vía pública). Otras medidas como la fijación de precios públicos con tarificación social están apuntando hacia un diseño más equitativo de la fiscalidad local.

Así, junto con una visión austera de los gastos, el incremento del gasto social y de unos ingresos diseñados más equitativamente, se ha seguido también de forma mayoritaria una política muy restrictiva en cuanto a nuevo endeudamiento. Es decir, buena parte de los ayuntamientos del cambio no han incurrido en nueva deuda, o al menos no de forma sustancial. Se ha aprovechado también la norma de prudencia financiera aprobada por el Gobierno de Rajoy a finales de 2014 para refinanciar deudas con la banca en condiciones de escándalo por nuevas condiciones más ajustadas, por lo que se han ahorrado muchos recursos en intereses.

Barcelona, ​​Zaragoza y Oviedo, las excepciones

La excepción en la línea descendente de la deuda ha sido la ciudad de Barcelona. La capital catalana ha sido de los pocos entre los "ayuntamientos del cambio" que han aumentado su deuda, la cual ha crecido en 124 millones, un 18%, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. De hecho, el gobierno del convergente Xavier Trias inició la legislatura en 2011 reduciendo la deuda de 1 202 millones de euros a 716 millones en el segundo trimestre de 2015. En ese año, la deuda terminó en 836 millones. El equipo de “los comunes” recondujo la situación reduciendo la deuda hasta los 691 millones en el tercer trimestre de 2016, pero lo ha vuelto a incrementar hasta los 815 millones, según los últimos datos del Banco de España de marzo de 2017. El anuncio del préstamo del Banco Europeo de Inversiones de hasta 125 millones de euros para la construcción de vivienda social, para cubrir una clara carencia de la ciudad, continuará esta tendencia. Aunque hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona se encuentra entre los que tienen un ratio de deuda respecto de ingresos corrientes más bajos, alrededor del 30% (según las reglas de estabilidad de Montoro, es a partir del 75 % cuando empiezan a saltar las alarmas de sobreendeudamiento y a partir del 110% la deuda se considera totalmente insostenible).

La otra excepción ha sido Zaragoza, que en el primer año del gobierno de Pedro Santisteve hizo aflorar una deuda oculta de más de 200 millones de euros para la inversión en el tranvía de la ciudad, que el gobierno anterior no había computado. Zaragoza ha llegado así hasta los 1 070 millones de euros, alrededor de un 138% de los ingresos corrientes. Un caso similar es el de Oviedo, que bajo una coalición de Socialistas y una candidatura ciudadana en la órbita de Podemos, Somos Oviedo, ha hecho aumentar la deuda en 190 millones de euros en los últimos dos años. El incremento se debe a pagos derivados de decisiones de los gobiernos anteriores del Partido Popular, como la expropiación obligada de Villa Magdalena por más de 60 millones de euros (un inmueble que pertenece a la familia Rato) o más de 90 millones por los riesgos judiciales del Palacio de Congresos de Calatrava (recomiendo que se busque la historia en Internet).

¿Todo gracias a Montoro?

En este proceso es clave la “ley Montoro”, o las “leyes Montoro”. Derivadas de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que el 2012 sacralizó el pago de la deuda y sus intereses como gasto prioritario en todas las administraciones públicas, la Ley de estabilidad presupuestaria y el LRSAL (Ley de reforma y sostenibilidad de las administraciones locales) han constituido un corsé legislativo para la acción municipal. Entre estas limitaciones se encuentra la conocida como "techo de gasto". El Ministerio de Hacienda marca cada año el límite de gasto en la que puede incurrir un municipio (y cualquier administración pública), imponiendo que, si los ingresos previstos superan este techo, el remanente deberá dedicarse prioritariamente a amortizar deuda por adelantado. Es decir, si los ingresos superan los gastos limitados por el Ministerio de Hacienda, lo que sobra irá a adelantar pagos de deuda previstos para años posteriores. Se establece como excepción la posibilidad de dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles (es decir, que no supongan compromiso de gasto para anualidades posteriores).

Este año hemos visto cómo gobiernos como el de Madrid o el de Badalona han confrontado esta regla, desobedeciendo el límite de gasto o ampliando el concepto de inversiones financieramente sostenibles (en el caso de Badalona, ​​priorizando destinar el remanente a vivienda social por delante de pagar los bancos). En el caso de Madrid, la lucha contra la “ley Montoro” está en los tribunales, mientras que en el caso de Badalona parece que el Ministerio aún no se ha pronunciado. Lo que está claro es que lo del techo de gasto es una medida mayoritariamente rechazada desde el ámbito local, pero que tiene buena parte de responsabilidad en el proceso de reducción de deuda durante estos primeros dos años de gobiernos del cambio.

Se ha demostrado que saben gestionar, y ¿ahora qué?

Estos últimos dos años, los recién llegados a las instituciones han aprendido a marchas forzadas, demostrando que pueden ser buenos gestores de lo público. Pero, más allá de una gestión prudente y seria, deberían abordar la promesa de hace dos años de plantear una nueva política económica que sea transformadora de las dinámicas socioeconómicas de la ciudad. Un nuevo modelo de ciudades implica transformar también con política económica ambiciosa, y no sólo con una buena gestión.

Por un lado, hay que tener en cuenta, como se ha mencionado, que la prudente gestión económica que se ha dado en los "ayuntamientos del cambio" ha sido en buena medida condicionada por el corsé legislativo de Montoro. Un corsé que limita enormemente la autonomía municipal y que pone importantes obstáculos a procesos de transformación como la (re) municipalización de servicios públicos, la inversión pública para abordar los retos de la vivienda, la reindustrialización o la transición energética.

Para poder hacer política económica que transforme nuestras ciudades y pueblos hacia espacios más democráticos e igualitarios también en la cuestión económica, sería necesario superar el marco de la "buena gestión", una gestión que a menudo parece hecha para demostrar capacidades, seriedad y prudencia más que para abordar los retos de transformación que tenemos delante. Es urgente, pues, que desde el municipalismo (un municipalismo participado por gobiernos, grupos políticos y organizaciones y movimientos sociales) se dibujen las estrategias necesarias para abordar la transformación de este marco. Unas estrategias que necesariamente tendrán que pasar por la cooperación entre municipios, por la desobediencia y por la movilización, y que, a pesar de poderse alimentar del liderazgo de las grandes ciudades, cuente con municipios medianos y pequeños, así como con el ámbito rural. Iniciativas como la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, que desde hace poco más de medio año se ha constituido, son de los pocos espacios que tratan de abordar este reto fundamental para el municipalismo transformador.

En definitiva, sólo rompiendo el marco existente podremos plantear de forma seria un nuevo modelo de financiación municipal y una fiscalidad local más justa (en la que, por ejemplo, la Iglesia católica no esté exenta del IBI para edificios con los que está haciendo negocio). Sólo cambiando el marco será cuando podremos abordar auditorías de la deuda que puedan cuestionar el pago de aquellas deudas en las que se hayan cometido irregularidades o ilegitimidades; sólo cambiando el marco podremos proponer verdaderamente una gestión pública o publicocomunitaria de los servicios públicos. Y, finalmente, sólo cambiando este marco podremos plantearnos poner en marcha una nueva política económica que, desde la soberanía local y en un marco de solidaridad intermunicipal, aborde la construcción de ciudades y territorios más justos económica y socialmente. Sin un nuevo modelo de financiación municipal, y sin una visión más ambiciosa de la política económica desde lo local, no podremos abordar estos retos. Quizás es el momento de dejar de poner el énfasis en la buena gestión para ponerlo en hacer política también en los aspectos económicos.

29/6/2017

Iolanda Fresnillo es activista, miembra de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute e impulsora de la cooperativa Ekona.

http://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2017/06/29/ajuntaments-del-canvi-de-la-bona-gestio-a-la-politica-transformadora/