El drama de Yesa










La característica diferencial del pantano de Yesa es que ha sido un proyecto controvertido desde su concepción. Desde la idea inicial surgida en los años 30 del siglo pasado, pasando por su puesta en servicio en 1960, hasta el actual proyecto en ejecución para su recrecimiento, acumula un enorme gasto de dinero público, un irreparable sufrimiento para los habitantes de las comarcas aragonesas afectadas, y un riesgo importante para las poblaciones situadas aguas abajo de la presa, incluida la ciudad de Zaragoza.

La construcción de la presa de Yesa provocó el abandono forzoso de varios pueblos aragoneses, como Ruesta, Tiermas y Escó, inundó 2.400 ha de tierras de labor en la Canal de Berdún, se expropiaron 8.528 ha de los ayuntamientos de Sigües, Urriés, Undués de Lerda y Los Pintanos, y así mismo provocó también el abandono forzoso de todos los pueblos del valle de La Garcipollera, en un intento para evitar la posible colmatación del embalse.

Los problemas de seguridad de esta presa también se remontan al inicio del proyecto. Ya en 1931 se tuvo que realizar un proyecto complementario para solventar los problemas que habían surgido con el asentamiento del estribo derecho, y superar las dudas sobre el aforo de las aportaciones y el llenado del embalse. Lejos de aprender con los errores del pasado, en la actualidad se mantiene el proyecto de recrecimiento con las mismas directrices que el siglo pasado, obviando las afecciones naturales, patrimoniales y sociales, y el riesgo vital evidente de esta obra para poblaciones de toda la cuenca.

La evolución presupuestaria del actual proyecto en ejecución para el recrecimiento de la presa de Yesa ha sido el siguiente: de los 113,5 millones de euros presupuestados inicialmente en 2004, se ha pasado tras varios modificados, incluyendo los gastos extraordinarios para intentar detener los deslizamientos de las laderas sobre los que se asienta la presa, a más de 500 millones de euros en 2016, con 2019 como fecha prevista de finalización de las obras.

Para hacernos una idea del despropósito económico de esta obra bastará con hacer dos sencillas comparaciones. Con esos 500 millones de euros se podría poner en servicio toda la línea internacional de ferrocarril del Canfranc, incluyendo la reapertura del túnel, y la adecuación y modernización de todo el trayecto desde Zaragoza hasta Pau. O, en el ámbito de la inversión privada, generar 9.000 puestos de trabajo estables y de calidad, según se desprende de los datos proporcionados por la DGA tras el anuncio de la instalación del grupo BonÀrea en Épila.

Tanto o más grave que el derroche de dinero público, es la situación de riesgo vital que la presa de Yesa y su recrecimiento supone para decenas de miles de personas y municipios enteros que se encuentran aguas abajo del pantano.

Con las obras del recrecimiento han reaparecido los problemas crónicos de asentamiento de los estribos de la presa, han aparecido nuevas grietas en las laderas, y ha aumentado la preocupación de las poblaciones cercanas. Sin embargo, tanto el anterior presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, que no ha sido rectificado por el actual, Raimundo Lafuente, como el ministerio español de medio ambiente han reiterado en numerosas ocasiones la total garantía de seguridad de la presa de Yesa y su recrecimiento.

Así, la CHE asegura que “el movimiento global de la ladera de la margen derecha de la presa es imperceptible, gracias a las obras de emergencia ejecutadas para su estabilización”, sin embargo, el Ministerio español de Medio Ambiente tuvo que informar a los vecinos de la “expropiación de sus viviendas. Tras estudiar cuidadosamente la situación, la administración ha considerado que la mejor solución para los afectados de ambas urbanizaciones afectadas -Mirador de Yesa y Lasaitasuna- pasa por la expropiación de las viviendas”.

En esta flagrante contradicción se mueven los organismos oficiales: mientras aseguran con rotundidad que la presa de Yesa es segura, se ven obligados a desalojar urbanizaciones enteras, y por supuesto a abonar el justiprecio de estas expropiaciones con dinero público.

A todo esto, hay que añadir el gravísimo impacto ambiental y patrimonial que esta obra ha supuesto desde sus inicios, y que cada vez es mayor e irreparable. A la tala masiva de masas de arbolado, que suponen la desaparición de hábitats milenarios para diferentes especies de aves y mamíferos, hay que añadir la pérdida irreparable de valiosísimas obras de nuestro patrimonio arquitectónico. Entre estas obras destacan: un tramo de los 20km del Camino de Santiago conocido como camino francés o vía aragonesa, y declarado Bien de Interés Cultural, los poblados romanos de Forau de la Tuta y Campo del Royo en Artieda, las ermitas románicas de San Jacobo y San Juan Bautista, y el puente medieval en Ruesta, la Torre del castillo medieval, la muralla, la Iglesia románica de San Esteban, o el Hospital de Santa Ana en Sigüés, o los Baños termales de época romana de Tiermas, entre otros.

Si el desarrollo económico está reñido con la protección de nuestro patrimonio artístico, con la conservación del medio ambiente, o con el derecho de miles de aragonesas a realizar su proyecto vital en su pueblo, no es desarrollo sino agresión injustificada. Del mismo modo es una contradicción evidente luchar contra la despoblación del mundo rural inundándolo para dar de beber a las grandes urbes.
De la inundación a la represión

Que Aragón viene siendo utilizado como territorio de extracción de recursos naturales al más puro estilo colonial es una realidad tan desagradable como indiscutible. De no ser así, sería difícilmente explicable que en este país, excendentario en producción energética y rico en recursos: agua, patrimonio, viento, naturaleza, historia, paisaje, talento, cultura,…, se siga produciendo una constante pérdida de población y una emigración forzosa por razones económicas a Barcelona, Londres, Madrid o cualquier otro polo-ciudad de captación de recursos ajenos.

Es interesante recordar que solo las luchas populares han conseguido paralizar, en algunos casos, o al menos incluir en la agenda política algunos de los proyectos más nocivos para el conjunto de la población aragonesa. Ya en 1975 solo las protestas vecinales de la comarca del Baix Cinca, a la que se unió gran parte de Aragón, lograron paralizar el proyecto de instalación de dos centrales nucleares en Chalamera. Parecido recorrido tuvo el proyecto conocido como Autopista Eléctrica Aragón-Cazaril, aunque sobre este siempre pende la espada de su cíclica resurrección.

Menos fortuna han tenido las protestas contra la técnica de fracking, a pesar de solemnes declaraciones de las Cortes de Aragón, o proyectos mineros propios del siglo XIX como la Mina de Borobia, o la de Potasas en la Val d’Onsera. También la presión popular ha logrado paralizar, por ahora, megaproyectos como la unión de estaciones de esquí en el Pirineo, que destrozarían irremediablemente parajes naturales como la Canal Roya.

Pero históricamente el tema estrella de las luchas populares aragonesas en defensa de su medio ambiente ha sido, y es, el agua. La gran manifestación del año 2.000 que consiguió aglutinar a más de 300.000 personas en las calles de Zaragoza expresando su rechazo al trasvase del Ebro y el PHN se ha incluido en el imaginario colectivo aragonés junto a las recordadas manifestaciones ‘autonomistas’ de 1978, en Teruel, en Uesca, y en Zaragoza, ciudad dónde bajo lemas como “Viva Aragón libre”, se alcanzó una participación tan masiva como recordada.

El trasvase del Ebro se paralizó, pero algunos de los subproyectos que lo sostenían o que estaban incluidos en el PHN corrieron suerte desigual. En los casos del Bergantes y Biscarrués, las luchas han sido exitosas, aunque no definitivas. En los casos de las presas de Mularroya y Lechago dónde las obras ya están ejecutadas, el destrozo es ya irreversible. En el caso del recrecimiento de Yesa la sinrazón y el despilfarro de dinero público continúan sin control.


Manifestación por la absolución de los 8 de Yesa en Zaragoza, mayo de 2016. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Por ello, y dando continuidad a decenas de actos de protesta celebrados durante años, el 10 de octubre de 2012 el pueblo de Artieda, acompañado por un puñado de activistas de otros puntos de Aragón, realizó una acción pacífica en una de sus escasamente transitadas carreteras de acceso. Cuando el acto ya parecía concluir, inopinadamente y para sorpresa de las participantes, incluidas personas ancianas o menores de edad, la Guardia Civil hasta allí desplazada para la ocasión realizó varias cargas con sus equipos antidisturbios.

Como conclusión de aquellos hechos, ocho personas, de las más de 150 que se encontraban allí concentradas de manera pacífica protestando contra las expropiaciones que se están llevando a cabo en Artieda para las obras del recrecimiento de Yesa, fueron imputadas por delitos de atentando contra la autoridad con el agravante de lesiones. Solicitando el fiscal para ellos, un total de 36 años y 300 días de prisión, y más de 22.000€ en multas.

Tras una exitosa campaña mediática de la plataforma “8 de Yesa” solicitando la absolución de las personas encausadas, que recibió el apoyo y solidaridad de diferentes ayuntamientos, instituciones, partidos y sindicatos, así como de miles de personas que se manifestaron por las calles de Zaragoza, en julio de 2016 se conocía la sentencia que condenaba a los encausados a seis meses de multas, con una cuota diaria de 6 euros, por un delito de resistencia a la autoridad, así como a cubrir las costas públicas del proceso, afortunadamente la condena no incluía el ingreso en prisión.

Desde la plataforma “8 de Yesa” recibían la sentencia anunciando que interpondrían recurso contra la misma y explicaban que “fueron unas imputaciones aleatorias contra personas que protestábamos pacíficamente, y que lo único que hicimos fue protegernos de los golpes y poner nuestros cuerpos, para evitar que las porras de la guardia civil llegaran a los niños y personas mayores que también se hallaban concentradas”, y concluyen afirmando que “esfender a tierra no ye delito”.

Artículo de Iker González Izagirre y Chorche Tricas Lamana publicado en el número 0 del mensual en papel de El Salto.

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