Cuando hablamos de “salud sexual” nos referimos al proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Para que la salud sexual se consiga es necesario que los derechos sexuales de todas las personas se reconozcan y se garanticen.
Los derechos humanos deben de estar por encima de los valores culturales. Los derechos humanos son aquellos principios que se consideran universalmente como protectores de la dignidad humana y promotores de la justicia, la igualdad, la libertad y la vida misma. Si la protección de la salud es un derecho fundamental del ser humano, es obvio que la salud sexual conlleva derechos sexuales
Hasta ahora (ya que siempre debemos ver los derechos en proceso de evolución) y siguiendo la Declaración de los Derechos Sexuales, de la Asociación Mundial de Sexología (WAS), nos estamos refiriendo a los distintos derechos. La libertad sexual, que excluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y situación de la vida. La autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, que incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas y también la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. La privacidad sexual, siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de otras personas. La equidad sexual, que significa la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión, limitación física o emocional. El placer sexual, incluyendo el autoerotismo. La expresión sexual emocional, que supone respetar que siente y que siente cada persona. La libre asociación sexual con quien o quienes queremos o deseamos unirnos o estar. La toma de decisiones reproductivas, libres y responsables, entre otras la capacidad de decidir tener o no hij@s, y el acceso pleno a los métodos anticonceptivos. La información basada en el conocimiento científico no estereotipado. La educación sexual integral que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida. Y a la atención de la salud sexual, para todas.
Pero los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados, en la práctica, para todas las mujeres. Diversos son los motivos: la ausencia de normativa que lo garantice, limitaciones en la legislación existente en algún aspecto, una aplicación restrictiva de las normas, ausencia de recursos para implementarlas, u obstáculos sociales. Buena cuenta de ello nos da el estudio “Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España” de septiembre de 2016, realizado por una quincena de organizaciones. Y lo hacen desde el análisis de las repercusiones para la salud de las mujeres en un contexto de crisis económica y políticas de austeridad.
A lo largo del estudio se aborda muchos asuntos. La Maternidad Segura y Elegida. El acceso a Métodos y Servicios de Anticoncepción. La prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual. La Atención al aborto y salud sexual y reproductiva. La salud y los derechos sexuales y reproductivos de las distintas orientaciones no heterosexuales. La salud sexual y reproductiva de las personas jóvenes. El tema de las Mujeres en Centros de Internamiento para Personas Extranjeras. La Educación Sexual. Y la Violencia Sexual y de Género
En sus conclusiones se insiste en que “a pesar de que se cuenta una estrategia nacional y legislación específica, los servicios de salud sexual y reproductiva cuentan con importantes deficiencias y su acceso y cobertura sanitaria es diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida y respecto a la situación administrativa individual”.
Para conocerlo y tomar buena nota de las propuestas que nos plantea hemos realizado un acto de presentación en el Parlamento de Navarra a cargo de Médicos del Mundo y de ANDREA, dos colectivos que han estado participando en su elaboración. Merece la pena.
Tere Saéz. Parlamentaria de Podemos –Ahal Dugu