El Ayuntamiento de Tudela pide al Arzobispado la gestión compartida del uso y disfrute de la catedral
La necesidad o no de control de la gestión de una subvención del Gobierno de Navarra para la restauración de la Puerta del Juicio de Tudela y la petición de que se establezca una “gestión compartida de la catedral con el Arzobispado” destapó ayer las más genuinas diferencias políticas entre el equipo de gobierno (IE-PSN y Tudela Puede) y el bloque de la oposición de UPN y PPN, no dispuesta a ningún tipo de “interferencia” en la propiedad privada que ostenta la Iglesia sobre el inmueble de la catedral. La presentación a última hora de una escueta moción de los regionalistas en la que se pedía como único punto que “el Departamento de Cultura habilite una partida para 2017 para llevar a cabo la restauración” terminó de desatar la confrontación por un asunto, el de la rehabilitación de la Puerta del Juicio, que a priori parecía aglutinar todos los apoyos. la clave
Punto 4. Fue el que obligó a que la moción del equipo de gobierno se votara en dos partes. En dicho punto se aboga por “iniciar los contactos necesarios con el Arzobispado por garantizar que la inversión pública conlleva unos derechos específicos de uso y explotación que garanticen el beneficio de la ciudadanía”. A este punto votaron en contra UPN y PPN.
Punto 3. También suscitó discrepancias. En él se pide a Cultura “la emisión urgente de un estudio técnico y económico, preceptivo por mandato parlamentario, que ha de anteceder a la inversión solicitada”.
Puntos 1, 2. En ellos se muestra el firme compromiso del Ayuntamiento en cuantas decisiones o acuerdos haya de adoptar para llevar a cabo la restauración de la Puerta del Juicio en los próximos meses. También se insta a Cultura a aportar los necesarios recursos y esfuerzos de gestión para acometer la restauración en 2017.
LA DIFERENCIA
carlos gimeno “La puerta del juicio soporta incluso nuestros desacuerdos, pero el control de l dinero público es necesario”
El edil socialista resumió el fondo de la moción del equipo que lidera Larrarte. Aunque la restauración es el objetivo de todos los grupos, debe existir un control de la gestión de una subvención pública.
Sin embargo, una primera intervención de los populares, a través del edil José Suárez, en la que acusaba al equipo de gobierno de “anteponer intereses políticos fundamentalistas de la izquierda” en la petición de control de la ayuda pública al Arzobispado (plasmada en el último punto de la moción del equipo de gobierno) provocó el reflote de un tema latente en esta obra, el de la propiedad. Para Gustavo Gil (CUP), en desacuerdo con la forma y plazo de la moción regionalista, “en este asunto todos estamos en el mismo barco, pero no entiendo por qué a la Iglesia no se les puede exigir una responsabilidad”, se preguntó. En el mismo sentido, Daniel López (Tudela Puede), que apoyó a Gil en su queja por la irregularidad de procedimiento de UPN, opinó que “estoy seguro de que cualquier informe técnico dará por buena la financiación de la Puerta del Juicio”, por lo que se preguntó: “¿qué miedo hay entonces para que se solicite un informe?”, dijo en referencia al que se pedía en la moción aprobada ayer.
Uno de los más certeros a la hora de contrarreplicar la defensa patrimonial privada de los populares fue el socialista Carlos Gimeno que, tras “poner en valor la voluntad de consenso de todos los grupos” en torno a la petición de ayudas para el arreglo de la Puerta del Juicio, aclaró que “no es cosa nuestra lo de no diferenciar entre patrimonio público y privado, es la Unesco la que no hace esas diferencias”, apostilló. De forma conciliadora, consideró que “la puerta soporta absolutamente todo, incluso nuestros desacuerdos, pero el control del dinero público es necesario”, señaló. De hecho, tildó de “esencial” el punto de la discordia de la moción de su equipo porque “afecta tanto a los creyentes como a los que no lo son, es el que afecta y recoge a toda la ciudadanía”.
TRANSPARENCIA Todo esto no frenó la insistencia de José Suárez, que siguió defendiendo una y otra vez que “no tenemos que interferir en la gestión de un edificio que no es nuestro” porque, entre otras cosas, “que un inmueble reciba subvención y tenga la catalogación de histórico-artístico ya supone una limitación de esa propiedad. Y cuanta más categoría tenga, más limitada está esa propiedad”, dijo. Ante esta afirmación, el edil de Cultura, Javier Gómez Vidal, defendió ante todo la necesidad de “transparencia” y se mostró sorprendido por el revuelo entre UPN y PPN ante la petición de mantener contactos necesarios con el Arzobispado para el tema de la catedral, cuando ya existen otros similares con motivo del Palacio Decanal y el Museo de Tudela. Sobre el apunte del concejal de CUP que había pedido que en la rehabilitación se impliquen también entidades privadas que se comprometen con otros proyectos, Gómez Vidal adelantó que ya hay fijada una reunión con La Caixa.
Parte del debate suscitado ayer en torno al texto finalmente aprobado, tuvo que ver con la presentación, a última hora de la mañana, de lo que Gómez Vidal calificó de moción “totalmente indefinida”, en referencia al documento de UPN. La argumentación del portavoz regionalista, Carlos Jordán, fue de inicio bronca y arrancó acusando al equipo de gobierno de “estar haciendo el ridículo por automocionarse”, para acabar votando solo a favor de la moción de su grupo, apoyada por PPN y el concejal no adscrito José Ignacio Martínez.