Los últimos documentos recibidos por la comisión encargada de investigar la desaparición de Caja Navarra permiten al grupo de trabajo mirar al mes de octubre con optimismo. Será entonces cuando, una vez examinados todos los bloques de información -que podrán seguir llegando hasta el 30 de septiembre-, se inicie la segunda fase de la investigación, en la que se llevarán a cabo las sesiones de trabajo y las comparecencias. Entre las posibles peticiones de los grupos, todavía por determinar, estarían las de los principales protagonistas vinculados en mayor o menor medida con la desaparición de la entidad financiera, así como la de representantes de gobiernos autonómicos y otras entidades vinculadas.
LO QUE HA LLEGADO Sin embargo, la comisión todavía se encuentra clasificando y examinando el gran volumen de información llegado hasta ahora, que en el caso de la del juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional y de las actas del juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona es especialmente abundante. Otras de las informaciones corresponden a envíos procedentes de los gobiernos autonómicos de Navarra y Canarias. Una serie de informaciones que, sumadas a las remitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y varios bloques de la Fundación Caja Navarra, constituyen gran parte de las peticiones hechas por los grupos, que ascendieron hasta las 298 el 18 de mayo.
LOS PRINCIPALES ESCOLLOS Si bien es cierto que la comisión cuenta, por boca del presidente del grupo de trabajo, Unai Hualde (Geroa Bai), con “más información que en 2015”, el grupo de trabajo está tratando de sortear algunos de los previsibles escollos que se acarrean desde la fallida primera investigación de 2015. Entonces, Fundación Can y CaixaBank alegaron secreto bancario para no remitir determinadas informaciones claves, algo que ha vuelto a suceder en el segundo proceso. Sin embargo, en esta ocasión, y sin las prisas de una fecha de cierre, la comisión ha puesto en conocimiento de las alegaciones de ambas entidades a los servicios jurídicos de la Cámara foral, que estudia si los argumentos proporcionados son suficientemente consistentes para negarse a remitir cierta información. Concretamente, los grupos (a excepción del PPN, que no ha pedido ningún documento y considera que la comisión pasa por ser “un empeño del cuatripartito”) tramitaron a Fundación Can y CaixaBank 219 de las 298 peticiones.
A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE Salvo que el grupo de trabajo crea oportuno volver a prolongar los plazos (como ya se hizo en las reuniones del 28 de junio y del 6 de septiembre), el buzón del Parlamento de Navarra dispuesto desde el 20 de mayo para recibir las peticiones de información tramitadas a las distintas entidades vinculadas con el caso cerrará el 30 de septiembre. Si la comisión de investigación considera que cuenta con información suficiente, dará comienzo la segunda fase de la comisión, que incluirá el desarrollo de sesiones y peticiones de comparecencia.
Por el momento, el modo en el que se llevará a cabo esa segunda fase es algo que todavía tienen que determinar los grupos parlamentarios interesados en la investigación, sobre todo debido al gran volumen de información recibida hasta el momento y en la que ya están trabajando tanto los miembros de la comisión como los servicios de la Cámara. Con la idea de trazar una hoja de ruta más pormenorizada para las primeras semanas de octubre, la comisión mantendrá el contacto durante las próximas semanas a fin de establecer qué pasos se dan, con especial interés en aquellas sesiones que incluyan la presencia de protagonistas, en mayor o menor grado, vinculados con la desaparición de la Can. Hasta ahora, y tal y como han hecho públicos algunos miembros de la comisión, algunas de las comparecencias que se considera que más pueden aportar al caso son las de representantes de los gobiernos autonómicos de Navarra y Canarias. El primero, por su posible dejación a la hora de supervisar e inspeccionar lo que acontecía en la Caja Navarra; el segundo, por la información que ha aportado sobre el proceso de fusión de Banca Cívica y posterior absorción de CaixaBank.
Queda pendiente por consensuar y fijar, también, la lista de protagonistas vinculados con el caso, pero parece que los nombres que se bajaran son los de Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Álvaro Miranda, José Antonio Asiáin o Javier Iturbe. Lo que de momento sí es seguro es que la Comisión de investigación, como tal, permanecerá viva hasta el 31 de diciembre, fecha hasta la que la Mesa del Parlamento de Navarra prolongó la existencia del grupo de trabajo tras la petición expresa del cuatripartito y el PSN.
No obstante, el presidente de la actual comisión, Unai Hualde, ya dejó claro desde la constitución del grupo el pasado mes de abril que el tiempo no iba a ser impedimento para llevar a cabo una pormenorizada investigación parlamentaria, a sabiendas que fue la precipitación en los plazos uno de los factores que provocó que la primera intentona por dilucidar las responsabilidades políticas de la desaparición de la Can en sede parlamentaria quedase enterrada y sin conclusiones, después de que un grupo de trabajo presidido por Sergio Sayas (UPN) en febrero de 2015 no encontrase resultados concluyentes entre la poca información recibida.