El escándalo en torno a la duplicación de los túneles de Belate sigue generando tensión política en Navarra, después de que la Intervención General emitiera un reparo suspensivo por el modificado de las obras que supondría un sobrecoste de 8,5 millones de euros. A pesar de la gravedad de la escandalosa situación, el PSN ha descartado la posibilidad de cesar a ninguno de los responsables del departamento de Cohesión Territorial, incluyendo al tío de la presidenta María Chivite, el consejero Óscar Chivite.
El reparo suspensivo cuestiona las justificaciones del sobrecoste aportadas por la administración, mientras que tanto el director de Industria como el ingeniero de Minas del Gobierno de Navarra han señalado que sus informes no respaldan dicho incremento, en contraste con las afirmaciones iniciales de la consejería. Pese a ello, el Gobierno asegura estar trabajando en fórmulas legales para que las obras continúen, subrayando que asumir responsabilidades políticas consiste en "ponerse al frente de las soluciones".
La decisión del PSN de no cesar a los responsables ha generado inquietud entre los socios de Gobierno. Geroa Bai y Contigo Navarra han reclamado una evaluación más estricta de las responsabilidades políticas. EH Bildu, por su parte, ha insistido que se debe garantizar que no se pague más dinero del aprobado por la Intervención General.
Desde la oposición, UPN y PP han cargado duramente contra la presidenta y el PSN. Javier Esparza, portavoz de UPN, ha acusado al partido socialista de permitir una trama de corrupción y de no asumir las responsabilidades pertinentes, mientras que Irene Royo (PP) ha calificado de inaceptable la actitud del Gobierno frente a los ciudadanos y ha instado a que se tomen medidas concretas más allá de advertencias.
La polémica pone en evidencia la brecha entre la gestión política del PSN y la percepción de responsabilidad de sus socios y de la oposición, con el foco puesto ahora en la presidenta Chivite.