La Junta General de la Comunidad de Bardenas se reunirá mañana, 29 de diciembre, en su cita anual con una decisión clave sobre la mesa: el futuro del contrato de arrendamiento que permite el uso de este territorio como polígono militar por parte del Ministerio de Defensa y la OTAN.
Según denuncian colectivos contrarios a la instalación, el objetivo de la reunión es “allanar el camino para una nueva renovación en 2028”, una decisión que, advierten, “convierte este parque natural en un campo de pruebas para la OTAN”.
Las organizaciones convocantes recuerdan antecedentes similares para alertar sobre lo que consideran una estrategia repetida. En 2001, señalan, el Ministerio de Defensa del Gobierno de José María Aznar prometió “buscar un emplazamiento alternativo y firmar un contrato de desmantelamiento”, generando “la ilusión de un fin cercano”. Sin embargo, afirman que la falta de alternativas reales llevó a que el contrato expirara sin cambios efectivos.
También evocan lo ocurrido en 2008, cuando la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, aprobó una nueva prórroga. Según el comunicado, la ministra “impuso 20 años más de bombardeos ignorando el voto en contra del Parlamento de Navarra y las protestas populares”. Aunque inicialmente se planteó una duración mayor, finalmente se firmó “un contrato de 20 [años] distribuidos en dos periodos de 10 años cada uno”, acompañado de un incremento económico que, a juicio de los colectivos, buscaba “la desmotivación y desmovilización popular”.
En el contexto actual, marcado por el aumento del gasto militar y el rearme de la OTAN, advierten de un riesgo aún mayor. “Hoy con el rearme de la OTAN el riesgo es mayor, y pretenderán firmar un contrato aún más largo para blindar el polígono durante décadas”, señalan.
El comunicado califica el contrato como “un chantaje que compra silencios y voluntades” y denuncia que en los últimos años “más de 100 millones de euros se han repartido entre los 22 entes congozantes”. Añaden que este dinero representa “el 84% del presupuesto de la Comunidad” y subrayan que “no es desarrollo en infraestructuras, es un pago por callar ante la destrucción de nuestro territorio y nuestra complicidad con la guerra y los genocidios”.
Las organizaciones rechazan que la actividad militar sea una fuente de ingresos para la zona y afirman: “No aceptamos que la guerra sea un recurso económico para nuestros pueblos. Ni queremos un ‘progreso’ manchado por el ensayo de las armas que sirven para asesinar a pueblos como el palestino”.
Ante la reunión de mañana, llaman a reforzar la movilización social. “Esta vez, la respuesta debe ser más fuerte”, sostienen, y añaden que “no basta con protestar: hay que impedirlo con todas nuestras fuerzas y con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance”, apelando a la unidad y al rechazo a que el territorio “sea moneda de cambio y escenario de guerra”.
Asimismo, cuestionan la legitimidad de la Comunidad de Bardenas para tomar esta decisión, a la que definen como “un ente medieval completamente ajeno a las necesidades de este territorio y sus habitantes”, y advierten de las consecuencias ambientales y sociales para las próximas generaciones.
Los colectivos consideran que “la ventana de oportunidad se abre hasta 2028” y llaman a evitar “que la cierren con otro contrato largo”.
Concentración convocada
La protesta tendrá lugar mañana, 29 de diciembre, frente a la sede de la Comunidad de Bardenas, en la calle San Marcial número 19 de Tudela, a las 10:00 horas. Bajo el lema “¡Ni 20, ni 30, ni un año más!”, los convocantes llaman a organizarse para exigir “el fin del polígono de tiro en 2028” y proclaman: “¡¡Defendamos las Bardenas!! ¡No a la renovación del polígono militar!”.