Trabajadoras y trabajadores de Mercadona, convocadas por ELA, se concentraron hace unos días frente a las instalaciones de la empresa en Burlada para denunciar el trato que Mercadona da a su plantilla y una intervención pública en materia de acoso laboral y riesgos psicosociales.
Tras las denuncias interpuestas por dos trabajadoras (una de ellas representante sindical de ELA), el Gobierno de Navarra ha impuesto una sanción de 7.500 euros a Mercadona por no garantizar “el respeto a la consideración debida de su dignidad”.
La resolución, basada en una investigación de la Inspección de Trabajo, se hace eco de las conductas hostiles mantenidas por una coordinadora hacia dichas trabajadoras, así como de las presiones ejercidas por responsables de la empresa hacia los miembros de la plantilla. Entre dichas conductas se incluyen los cambios de horario, la asignación de tareas incompatibles, la prohibición de comunicarse, descalificaciones y amenazas.
La inspectora actuante también ha podido constatar que, tras entrevistarse con 18 trabajadoras del centro, todas ellas fueron requeridas posteriormente una a una por la coordinadora y la abogada de la empresa para interpelarles sobre la declaración realizada.
Por ello, el caso ha sido considerado como un “ataque a la dignidad de las trabajadoras”, de carácter “reiterado en el tiempo”, y con el objetivo de “minar su resistencia psicológica mediante actuaciones vejatorias e intimidatorias”.
Dicha resolución, que podría ser recurrida por la empresa, nunca se habría producido de no ser por la determinación de dichas trabajadoras para denunciar la situación. Por ello, ELA quiere mostrarles su apoyo, y hacer un llamamiento a todas las víctimas de prácticas similares para que lo pongan en conocimiento de la autoridad laboral.
Por su parte, ELA también considera que este tipo de situaciones no son casos aislados en el mercado laboral, sino estructurales, y que guardan relación con la impunidad ejercida por los empresarios debido a la falta de control. Por ello, ELA reclama el incremento de la intervención pública en materia de acoso laboral y riesgos psicosociales, para lo que es imprescindible triplicar las plantillas del ISPLN y de la Inspección de Trabajo e igualarlas a la ratio media europea.