El Gobierno foral da su conformidad a una iniciativa legal para mantener las viviendas protegidas de alquiler en manos públicas



 




El Gobierno de Navarra ha dado el visto bueno a una proposición de Ley Foral que, en caso de aprobarse por el Parlamento de Navarra, permita mantener, incrementar y reformar el sistema público de alquiler.

A propuesta del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, el Ejecutivo estima “positivamente” esta iniciativa que dotaría de herramientas legales a la Comunidad Foral para mantener la titularidad pública de las promociones de vivienda pública en régimen de alquiler que finalizan su período de calificación. De este modo, se protege a las personas inquilinas de esos edificios, a la par que se incrementa y refuerza el parque público de vivienda protegida para el arrendamiento.

La proposición de Ley Foral, suscrita por los grupos parlamentarios Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y la Agrupación de Parlamentarios y Parlamentarias Forales Podemos Ahal Dugu Navarra, conlleva una modificación de la Ley Foral 10/2010 del Derecho a la Vivienda.

La proposición legislativa nace de un contexto de mercado en el que escasea la oferta de vivienda en arrendamiento protegido; a esto se suma el volumen de viviendas privadas de arrendamiento protegido que pierden cada año su régimen de protección, lo que hace insuficiente el esfuerzo promotor de la administración para satisfacer la demanda.

La reforma legal permitiría la vinculación de las promociones que finalizan el plazo de protección, de forma voluntaria por sus propietarios, o bien la adquisición de estas por el Gobierno de Navarra.

Asimismo, se aclaran las consecuencias de incumplir de las obligaciones en las promociones de alquiler protegido, tanto de promotores como de nuevos adquirientes de los edificios, una medida dirigida a fomentar la permanencia en el régimen de arrendamiento protegido.

Garantizar la calidad de los edificios

También se contemplan medidas para garantizar la calidad del parque de alquiler de vivienda protegida. En concreto, se regula un procedimiento que permitiría vincular al sistema público de alquiler promociones que hubieran finalizado el período de protección con la exigencia de un “apto” en el Informe de Evaluación del Edificio. Abundando en la idea de mantener la calidad constructiva, otra medida modula la subvención a la rehabilitación, de forma que para acceder a la ayuda máxima (un 80 %) se debe haber mantenido la permanencia al parque público de alquiler sin interrupción. Es decir, se prima con mayor ayuda económica a la rehabilitación a las promociones que se han mantenido en el sistema público de arrendamiento.

Otro aspecto contemplado es una matización a la subvención de compra de vivienda usada, que favorece a la persona inquilina de promociones de arrendamiento protegido, calculando una subvención según la superficie de la calificación de la vivienda.

Cabe recordar que el pasado mes de julio se aprobó una primera modificación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda, que establecía el carácter indefinido de la vivienda protegida. Es decir, en sus ventas posteriores las viviendas de protección deberán ajustarse al precio oficial del módulo. Esta modificación afecta a todas las promociones de viviendas iniciadas desde la aprobación de la Ley La Ley.

Con esta segunda modificación de la Ley de 2010, el Ejecutivo “valora positivamente” reforzar el parque de vivienda de alquiler protegida, conocedor de que 7 de cada 10 personas inscritas en el centro de solicitantes de vivienda protegida de NASUVINSA prefieren el régimen de arrendamiento sobre el de propiedad.