El Gobierno foral impulsará una ley para reconocer a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia
El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, anunció ayer que el Ejecutivo foral impulsará una ley para el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica “con el mayor consenso posible de todos los grupos del arco parlamentario”, en la que destaca la creación de una comisión de reconocimiento “que sea la que valide la condición de víctimas a todas aquellas personas que hayan sufrido abusos sexuales por parte de la Iglesia católica cuando eran menores, basándose en el examen profesional de cada caso”.
Este anuncio del consejero se realizaba durante la presentación del informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), a instancias del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, titulado “Informe sobre la estructura y dimensión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica en Navarra”, que ha cifrado en al menos 58 las víctimas que sufrieron estas prácticas en la Comunidad foral entre 1948 y 1985, si bien Eduardo Santos quiso dejar claro que estas cifras “son solo la punta del iceberg de un problema de dimensiones mucho mayores”.
En este sentido, el consejero del Ejecutivo foral anunció que a partir de ayer la Oficina de Atención a Víctimas del Delito de la Dirección General de Justicia es la encargada de canalizar todas las solicitudes que se vayan produciendo por parte de las víctimas, desde la total confidencialidad y con el apoyo de un equipo multidisciplinar de psicólogas, trabajadoras sociales y personal del ámbito jurídico y administrativo.
En concreto, el contacto se podrá realizar de forma telefónica en el 848-42 33 76, a través del correo electrónico ofidel@navarra.es o de forma presencial en el Palacio de Justicia de Pamplona. “Lo primero de todo- ha añadido Eduardo Santos- es conocer la magnitud de los hechos y que las víctimas tengan un lugar donde relatar lo sucedido y sentirse protegidas”.
Por último, Eduardo Santos, quiso dejar bien claro que tanto el informe, la puesta a disposición de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito como las iniciativas de carácter legislativo que se van a tomar, “no van contra nadie, sino a favor de las víctimas. No es un problema de la Iglesia católica sino en la Iglesia católica- continuó- y por lo tanto el diálogo con la Iglesia debe ser fluido y constante porque como ha afirmado recientemente el jesuita alemán Hans Zollner, miembro de la comisión creada por el Papa para este tema, si la Iglesia no cumple con su deber, serán otros quienes lo hagan”.
Dimensiones mayores
Por su parte, Mikel Lizarraga, investigador principal del informe, aún no definitivo a falta de incluir varias víctimas más, detalló las características técnicas del estudio elaborado por la UPNA a lo largo de seis meses y ha resaltado la “escasa colaboración que hemos tenido por parte de las congregaciones religiosas a las que nos hemos dirigido, con excepciones, y la sensación de estar solo en el primer peldaño de un problema mucho mayor, ya que ha sido una constante por parte de las víctimas a las que hemos entrevistado el hecho de que conocer a otras personas que han pasado por lo mismo pero que no han dado el paso de denunciarlo por múltiples factores”.
Por último, intervino Mariví Martinicorena, víctima de abusos por parte de una monja cuando contaba tan solo 11 años de edad, para resaltar que los casos de niñas abusadas por mujeres “están totalmente invisibilizados en nuestra sociedad” y animó a otras mujeres que se encuentran en su misma situación a que den el paso de denunciar “para que conozcamos el alcance real de todo lo que pasó”.