Ante el fallecimiento, ayer, 4 de noviembre, de un vecino de Villaba en accidente laboral in-itínere en la carretera N-150 (Nafarroa), el sindicato ELA denuncia que la patronal obvia su responsabilidad en la movilidad relacionada con el trabajo, y reitera al Gobierno de Navarra la necesidad de eliminación de los puntos negros de la red viaria del territorio.
Según asegura ELA, el fallecido trabajaba en una empresa situada en el polígono industrial de Agoitz. El sindicato muestra su apoyo y solidaridad a familiares y personas allegadas de la víctima, y denuncia el elevado índice de siniestralidad laboral vial en Navarra.
En lo que llevamos de 2021 han fallecido 54 personas en accidente laboral en Euskadi y Navarra, 15 de ellas en la Comunidad Foral. En ese sentido, el pasado 15 de septiembre, un trabajador del campo fallecía atropellado en Murillo el Fruto cuando se dirigía a trabajar en bicicleta. El 28 de mayo, un trabajador del Diario de Navarra fallecía también atropellado cuando regresaba del trabajo. El 23 de abril, dos trabajadoras de Mondélez y Envaplaster fallecían en Viana tras colisionar sus vehículos en el trayecto entre las empresas y su residencia.
Las propias estadísticas oficiales, que solo reflejan una parte del problema, reconocen más del 50% de los accidentes de trabajo mortales guardan relación con el elevado número de accidentes de tráfico que se producen en el ámbito laboral (in itínere). Sin embargo, la patronal obvia sistemáticamente su responsabilidad en la movilidad relacionada con el trabajo, y aún hoy son escasas las empresas que incluyen en su actividad preventiva planes de movilidad, u otras acciones relativas a favorecer el desplazamiento de los trabajadores.
El balance realizado recientemente por el ISPLN reconoce la inexistencia de medios suficientes para llevar a cabo el Plan de Acción de Salud Laboral 2017-2020. En ese sentido, cabe destacar la escasa implantación de las medidas previstas en el Subprograma de Seguridad Vial de dicho Plan, que contemplaba acciones específicas en esta materia. El Gobierno de Navarra no obstante, prevé seguir destinando los recursos públicos a un diálogo social “clientelar e ineficaz” en salud laboral, con la asignación de 400.000 euros a la figura del Delegado Territorial de Prevención de CEN, UGT y CCOO dentro del Plan de Empleo.
Ante ello, ELA reitera la necesidad de incrementar de forma urgente la intervención pública en el ámbito laboral, como medida prioritaria frente al incremento de la siniestralidad laboral vial. En ese sentido, continuará movilizándose ante el rechazo del Gobierno de Navarra a reunirse para escuchar sus propuestas, aseguran.