El polémico proyecto Castor sigue generando polémica siete años después de cerrarse y dos años después de que el Gobierno de España aprobarse un 'decreto social' para indemnizar con 1.350 millones de euros a sus impulsores, Florentino Pérez y compañía.
El geólogo navarro Antonio Aretxabala recuerda que este almacén gasístico sumergido frente a Tarragona que provocó centenares de seísmos "sigue pendiente de su desmantelamiento definitivo sin un plan concreto del Gobierno español", cosa que difícilmente se hará porque el Congreso rechazó debatir sobre este asunto gracias a apoyos de grupos como el PSOE, PP, Vox o UPN.
Aretxabala también explica en su blog que "los tapones que deben sellar de forma segura el almacén de gas Castor llevan ya casi dos años caducados y el Gobierno español sigue sin cambiarlos" y asegura que esta dejadez estatal puede provocar nuevos problemas medioambientales.