Por Berta García, Rosalía Bona, Iban Pérez y Oskar Goldaratz, de LAB: 

El pasado 28 de septiembre se publicó un reportaje en un periódico de amplia tirada en Navarra en el que un vocal del Consejo Regulador DOP pimiento del piquillo de Lodosa afirmaba que, a pesar de la alta producción de este año de pimiento en la zona, estaba en riesgo su comercialización. 

La culpa de este riesgo, en opinión de ese vocal, es de los temporeros, que "sólo quieren trabajar unas jornadas fijas para seguir con las ayudas". Pocos días antes el sindicato LAB denunció ante Inspección de Trabajo el caso de Arturo Rojas, un trabajador de 62 años, de origen colombiano, que fue atropellado cuando de madrugada iba en bicicleta a trabajar al campo en dudosa situación de regularidad contractual. 

Esta persona había estado viviendo en una chabola en el monte junto con otras personas de distintos orígenes y trabajando, cómo y cuando podía, en ese oscuro circuito tan conocido por muchas personas en distintos pueblos de Navarra, en el que cada mañana se recogen en furgonetas a los jornaleros que ese día tendrán la "suerte" de trabajar. Eso sí, vete a saber en qué condiciones. De lo que no hay duda es de que Arturo Rojas vivía una situación permanente de extrema precariedad y explotación laboral, como muchas otras personas, la mayoría de ellas migradas que trabajan en el campo navarro. 

Tal y como venimos denunciando desde hace varios años, muchos empresarios se aprovechan de la vulnerabilidad en la que deja la Ley de Extranjería a miles de personas trabajadoras para ocuparlos de manera muy precaria o directamente para explotarlos. El campo navarro, en demasiadas ocasiones, se caracteriza por no aplicar el convenio que regula las condiciones de trabajo en este sector. 

De ahí las interminables jornadas de trabajo de sol a sol, los salarios basados en el trabajo a destajo en lugar de por hora trabajada, el incumplimiento de los descansos diarios y semanales así como de las vacaciones pagadas y la ausencia de cualquier medida de prevención de riesgos laborales a pesar del manejo de productos químicos cancerígenos, la exposición a temperaturas extremas y el extremo esfuerzo físico. 

Además del amplio incumplimiento mencionado, obviar que el agrario tiene una cotización a la seguridad social por jornada real, que conlleva estar de alta todo el mes, aunque solo trabajen y cobren 14 días, y que el resto del tiempo no se puede cobrar paro porque se mantiene vigente el alta en la S.S, es no querer ver que una persona trabajadora no puede cubrir sus necesidades básicas como comer, pagar el alquiler o comprar un paquete de medicamentos porque cobra 500 euros al mes. 

Obviar que los temporeros cobran a 7,39 euros la hora cuando la jornada anual para una trabajador estable es de 1.755 horas, y que los temporeros se quedan muchas veces por debajo del salario mínimo interprofesional es negar las evidencias más elementales de por qué el campo navarro se queda sin trabajadores. 

Siendo esto así, comienza a resultar sorprendente el interés de algunos en mezclar sistemáticamente falta de mano de obra, personas migradas y fraude en las “ayudas” como la renta garantizada. En octubre de 2018 el presidente de UAGN lanzó a los medios varias perlas en ese sentido. Ahora, un vocal del consejo regulador del pimiento del piquillo apunta en la misma dirección. 

Nosotras, como otras muchas ciudadanas de Navarra, estamos hartas de este tipo de discursos racistas, cercanos a los discursos de odio que provocan la criminalización de una parte de la población, y obvian que la pobreza, la precariedad y la explotación laboral no es un problema individual sino que son problemas estructurales, consecuencia del actual modelo de desarrollo económico y social, absolutamente injusto e insostenible. 

Basta de excusas y cortinas de humo para esconder la realidad del campo navarro. Lo que se necesita es un gobierno que apueste por la dignidad de las personas que vivimos y trabajamos en Navarra y una Inspección de Trabajo que realmente haga lo que debe: garantizar el cumplimiento de leyes y convenios laborales así como la normativa de prevención de riesgos laborales.



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