El Gobierno rechaza la objeción institucional a la que pretende acogerse la Iglesia para no aplicar la Ley de Eutanasia en sus centros y hospitales, recordando que se trata de un derecho "individual, nunca institucional o corporativo". En respuesta por escrito a infoLibre, el Ministerio de Sanidad es contundente: "Una institución o centro no puede obligar a sus trabajadores a ser objetores de conciencia".
Como ha publicado Laicismo, un informe del Comité de Bioética, organismo público que asesora al Gobierno, defiende que los centros sanitarios dependientes de la Iglesia puedan ver reconocida una objeción "institucional" de conciencia a la Ley. Dicho informe considera incluso que el "ideario" de los centros se puede "imponer" a los trabajadores, y que además se debe establecer una "garantía" de que no pierden sus conciertos públicos. El comité, que ya se posicionó en contra del derecho a la eutanasia, avala así las pretensiones de la Conferencia Episcopal y de hasta cinco "instituciones religiosas" que trabajan en el sector sanitario.
El comité se expresa con total rotundidad a favor del derecho a la objeción institucional en el caso de las "comunidades, entidades, congregaciones y órdenes religiosas u otras organizaciones o instituciones seculares" con un ideario contrario a la eutanasia, y sólo admite que "pudiera ponerse algo más en duda respecto de las sociedades mercantiles". Además, defiende que las entidades religiosas deben poder seguir recibiendo dinero público y trabajando con conciertos.
La vocal Leonor Ruiz Sicilia emitió un voto particular en el que aprecia "incoherencias" en el informe, que "parecen tener un carácter finalista con el fin de reconocer derechos de protección a determinadas instituciones, al amparo de la figura de la objeción de conciencia". En cuanto a las entidades concertadas, "el tema es de mayor calado", recalca el voto discrepante: "Estas instituciones reciben recursos públicos y el conflicto se plantea entre el derecho […] a que se respeten sus idearios institucionales y el derecho de la ciudadanía, que no las eligió, a recibir las prestaciones que la ley les garantiza". A juicio de Ruiz Sicilia, son necesarios contratos "claros, públicos y transparentes".
La posición del Ejecutivo choca con las pretensiones de la Conferencia Episcopal y hasta cinco "instituciones religiosas dedicadas a la asistencia sanitaria" con el respaldo del Comité de Bioética.