La comisión mixta de la Junta de Transferencias certificaron ayer el acuerdo del traspaso a Navarrade la competencia de la sanidad penitencia. De esta forma, desde el 1 de agosto, la Comunidad Foral ejercerá las funciones de asistencia sanitaria en el centro penitenciario de Pamplona, garantizando los derechos de las personas reclusas como usuarias de los servicios de salud, la accesibilidad a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, por parte del Gobierno central, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, encabezaron la reunión de la comisión, celebrada ayer en el Palacio de Navarra para ratificar el traspaso.

Según los términos del acuerdo, el coste total anual de la sanidad penitenciaria a nivel estatal es de 131 millones de euros, de los que Navarra se descontará el 1,6% en la aportación económica al Estado; esto es 2,1 millones de euros anuales, para financiar las funciones y servicios que se van a asumir.

Navarra se hará cargo de los gastos de personal de las diez personas que hasta ahora formaban parte de la plantilla de Instituciones Penitenciarias. Se trata de seis personas funcionarias, una contratada temporal y tres integradas como personal laboral, que pasarán a incluirse en la plantilla del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Asimismo, la Comunidad Foral afrontará el resto de gastos relativos a la asistencia sanitaria como fármacos y equipamientos médicos, entre otros.

"Navarra asume con responsabilidad y compromiso con el servicio y con la ciudadanía esta competencia", recalcó la presidenta de Navarra, María Chivite, en una comparecencia ante los medios de comunicación junto con el ministro Iceta, al finalizar la Junta de Transferencias. Chivite ha señalado que, con el acuerdo alcanzado, "se da un impulso al modelo de Estado descentralizado. Avanzar en el autogobierno es un reto de gestión, pero también un signo de madurez institucional y administrativa".

Ante el ministro Iceta, la Presidenta Chivite habló de autogobierno "siempre desde el respeto a todas las comunidades y al conjunto del país, y desde la perspectiva de lealtad, de solidaridad y de cohesión". "Desde la colaboración podemos responder mejor a los desafíos y los retos que tenemos, y esa colaboración es perfectamente compatible con profundizar en el autogobierno, asumir competencias y hacerlo desde la colaboración interinstitucional, con diálogo y acuerdo, y no en términos de aislamiento o alejamiento", recalcó, haciendo referencia a las competencias de tráfico que próximamente asumirá Navarra.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, aseguró que "los traspasos son un instrumento de cooperación bilateral esencial para dar cumplimiento a nuestro marco constitucional y estatutario y son la herramienta para hacer realidad la descentralización política y administrativa de nuestro modelo territorial". En este sentido, el ministro ha valorado el "papel protagonista" de las comunidades autónomas en la construcción del Estado del Bienestar y el "peso determinante en la consolidación de derechos y servicios públicos esenciales para la ciudadanía".

Coordinación entre Administraciones

Con la finalidad de garantizar la coordinación del ejercicio de sus funciones, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España constituirán, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de efectividad del traspaso, una comisión de coordinación, de composición paritaria y constituida por seis miembros: tres designados por la Administración del Estado y tres por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Esta comisión se encargará de la definición de los criterios generales de colaboración y cooperación entre ambas Administraciones para el correcto desempeño de los servicios sanitarios penitenciarios.

En el seno de la comisión de coordinación, la Administración del Estado y la autonómica coordinarán las actuaciones necesarias en materia de salud pública, para asegurar su cumplimiento en el medio penitenciario.

Además, se creará una comisión técnica de seguimiento del centro penitenciario, compuesta por el director y las personas del centro que éste designe, además del responsable del servicio médico. Esta comisión analizará y evaluará los programas y actuaciones cotidianas en el ámbito de los servicios sanitarios penitenciarios y de las funciones propias de la institución penitenciaria en materia de tratamiento, régimen y seguridad. Sus actuaciones estarán vinculadas a las directrices que establezca la comisión de coordinación, a la que podrá proponer las adecuaciones funcionales que estime procedentes.

La primera trasferencia en 20 años

La sanidad penitencia supone la primera trasferencia de competencias que Navarra y el Estado han acordado en los últimos 20 años. El último Acuerdo de la Junta de Transferencias se firmó el 22 de febrero de 2001.

Actualmente, se está trabajando en alcanzar un acuerdo para el traspaso de la competencia de tráfico y seguridad vial, que se espera tener cerrado antes de fin de año, después de que el pasado mes de marzo el Gobierno de España remitiera a Navarra la documentación técnica del traspaso.

Asimismo, se sigue negociando la transferencia a Navarra de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Participantes en la Junta de Transferencias

En la reunión celebrada a las once de la mañana en el Palacio de Navarra participaron, por parte del Ejecutivo foral, los dos vicepresidentes del Gobierno foral, Javier Remirez y José María Aierdi, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz y el director de la Asesoría Jurídica, Francisco José Negro, que ejerce las funciones de secretario de la Junta de Trasferencias. Así, acudieron, como los representes de las formaciones políticas de Navarra, Javier Esparza (Navarra Suma), Ramón Alzorriz (PSN), Uxue Barkos (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos) y Javier Jimeno (IE).

Por su parte, la delegación del Gobierno de España estuvo conformada por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta; el secretario de Estado del ramo, Víctor Francos; la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; el Delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; la secretaria de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz; la directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, Mónica García; la directora de Cooperación Autonómica y Local, Carmen Cuesta; el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente; la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martínez Aznar; y el secretario de la Junta de Transferencias por la Administración del Estado, Jorge García Carreño.


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