Geroa Bai evita que se compense al vecino de Ribaforada que fue deportado con ayuda de Jesús María Rodríguez
La Comisión de Políticas Migratorias y Justicia rechazó ayer, con el voto en contra del PSN-PSOE, las abstenciones de Navarra Suma y Geroa Bai y los votos a favor de EH Bildu e I-E, una moción para instar al Gobierno de Navarra a "arbitrar con urgencia los procedimientos necesarios para compensar el daño causado a Modou Khadim".
La moción desestimada gracias a la sorprendente abstención de Geroa Bai incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Ayuntamiento de Ribaforada a "explorar con urgencia las posibilidades legales para compensar a Modou Khadim, detenido cuando se dirigía a las dependencias de este Ayuntamiento para ser expulsado del país. Y a colaborar con el Departamento de Justicia y Políticas Migratorias para buscar la mejor opción".
"Vulneración de los principios y derechos"
En la exposición de motivos, la moción impulsada por Marísa de Simón (Izquierda-Ezkerra) aludía a las conclusiones del Defensor del Pueblo, que habla de "vulneración de los principios y derechos con los que cuentan los interesados en cualquier procedimiento administrativo", y de la Agencia Española de Protección de Datos, que acusa al consistorio de Ribaforada de "falta de lealtad y engaño", para censurar la actuación del entonces alcalde y hoy director general de Administración Local Jesús María Rodríguez en el procedimiento de detención y expulsión de Modou Khadim en mayo de 2018.
Cabe recordar que el Defensor concluyó que Rodríguez, calificado ayer de "cacique" por parte de Jorge Esparza de Navarra Suma, se extralimitó en sus funciones al facilitar los datos del padrón de Khadim a la Brigada Local de Extranjería de Tudela -la Ley dice que deben obtenerse a través del INE-, que conocía que el senegalés residente en Ribaforada –con más de 10 años de estancia en España– tenía una orden de expulsión por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
Modou Khadim, expulsado en menos de 48 horas sin que mediara asistencia jurídica ni ninguna otra actuación, fue citado previamente en el consistorio controlado por los socialistas "con la excusa de solventar un trámite relacionado con su empadronamiento". Y la cita-trampa facilitó su detención y deportación.