Chivite mantiene en el cargo a Jesús María Rodríguez a pesar de su responsabilidad en la actuación contra un inmigrante irregular
El socialista Jesús María Rodríguez sigue siendo el director general de Administración Local y Despoblación de Gobierno de Navarra a pesar de que hace catorce meses fue imputado, hecho que habría obligado por ley a la presidenta María Chivite a cesarlo de forma inmediata por un caso de prevaricación que finalmente se archivó.
Pero este no fue el único problema para Rodríguez, criticado por algunos colectivos sociales por su actuación como alcalde de Ribaforada en 2018 respecto a un ciudadano senegales en situación irregular contra el que el Ayuntamiento actuó de forma inapropiada, tal y como ha dictaminado la Agencia Española de Protección de Datos.
Cita tramposa
En 2018 el Ayuntamiento de Ribaforada citó en el consistorio a Modou Khadim Sow y este fue inmediatamente detenido por la Policía Nacional y deportado a Senegal. Y ahora la Agencia de Protección de Datos ha apercibido al municipio ribero por su "falta de lealtad" a la hora de utilizar la información personal de un ciudadano africano que fue citado para hablar de su empadronamiento.
El organismo estatal ha constatado el "uso ilícito" de los datos de Modou Khadim, que vivía de la venta ambulante, compartía habitación y enviaba cada mes dinero a su pareja y cuatro hijos en Senegal, explica El País.
El expediente sancionador está motivado porque el Ayuntamiento de Ribaforada vulneró el artículo 5.1.a del Reglamento General de Protección de Datos y recuerda que el Defensor del Pueblo en 2019 consideró que "la actuación descrita no es ajustada a Derecho, puesto que se citó al interesado en dependencias municipales con el pretexto ficticio de realizar gestiones para su empadronamiento, pese a que el fin pretendido era su detención por agentes policiales para su expulsión".
"La disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece que las autoridades policiales cuentan con acceso a los datos del Padrón Municipal para el cumplimiento de sus funciones a través del Instituto Nacional de Estadística. Por ello, no se considera regular el procedimiento utilizado, en el que los funcionarios policiales intervinientes accedieron a los datos del padrón del interesado, de un modo no previsto por la norma", añade el texto.
El PSN-PSOE, del victimismo al silencio
En marzo de 2019, dos meses antes de las elecciones forales, el PSN-PSOE lanzó un comunicado de prensa para condenar los insultos que recibió en redes sociales Rodríguez tras conocerse estos hechos y aseguró que "en relación con la situación de un senegalés de la localidad, el alcalde actuó conforme a la ley, como es obligación de cualquier cargo público".
El alcalde, según explicaron los socialistas navarros, tenía que "cumplir y hacer cumplir la ley, como en este caso ha hecho la policía, y como hizo también el Ayuntamiento atendiendo el requerimiento de los agentes".
¿Cumplir la ley? Chivite no lo hizo, por eso Rodríguez (que cuenta con un sueldo anual de casi 60.000 euros anuales) sigue inaugurando infinitas obras en Ribaforada (beneficiada en esta legislatura por Gobierno de Navarra, según Yolanda Ibáñez de Na+).
Y Chivite tampoco parece tener ahora la intención de lanzar un guiño higiénico después de conocerse que un Ayuntamiento socialista utilizó unos datos de un ciudadano vulnerable para citarlo con la intención de contribuir a que fuese detenido y expulsado del país.
¿Qué dice ahora el PSN-PSOE? Nada. Y tampoco abre la boca Rodríguez, que hace unos años decía que estaba en política "con el único objetivo de atender a mis convecinos y mejorar la sociedad en la que vivimos". En fin...