El lío político y jurídico que se ha instalado en el Estado español tiene varias aristas que pasamos a repasar: 

1- El Gobierno de España 'escurre el bulto'

La Moncloa pretende lavarse las manos respecto al estado de alarma porque no quiere tomar una medida tan impopular como necesaria: la prórroga de esta herramienta hasta que la vacunación alcance un porcentaje que permita cierta relajación normativa. Es cierto que la oposición no contribuye al acuerdo al intentar utilizar la pandemia con intereses partidistas para recobrar el poder a toda costa por la visión patrimonialista que tienen del Estado.

Pero cabe recordar que la responsabilidad directa de esta inseguridad jurídica es el Gobierno de España, que sabe que la Constitución deja claro que es el Congreso el que debe regular todo lo concerniente a un asunto tan sensible como los derechos y libertades fundamentales y que Pedro Sánchez debería dar cuenta cada quince días de las restricciones (que es algo que no ha hecho gracias al plácet de la oposición). 

2- El balón, al tejado de los jueces

El Gobierno de España podría encontrar apoyos para renovar el estado de alarma, pero ha preferido que sean los jueces los que decidan sobre un asunto que no es de la competencia de los tribunales: la regulación de los derechos y libertades fundamentales. 

El Ejecutivo ha activado el Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, con la intención de que sea el Tribunal Supremo sea el que fije criterios estatales cuando los gobiernos autonómicos decidan recurrir los dictámenes de los tribunales superiores de justicia regionales (cuando estos en realidad deberían abstenerse de tomar semejante decisión y decirle al Ejecutivo que la apuesta gubernamental contraviene la Constitución). 

3- La oposición, entre el choque y la inopia

La oposición estatal está únicamente obsesionada en tumbar al Gobierno conformado por el PSOE y Unidas Podemos y no parecen enterarse de qué va el asunto: el Partido Popular ha llegado a proponer que se reforme la inconcreta Ley Orgánica 3/1986, de Medidas de Salud Pública. 

Pero el problema seguiría estando ahí porque, repetimos, es la Constitución la que asegura que la ciudadanía tenga recogidos sus derechos fudamentales (que afectan a toques de queda y cierres perimetrales, por ejemplo) mediante votaciones y explicaciones en el Congreso de los Diputados. 

Pero el Gobierno central parece asegurar que las autonomías tienen herramientas suficientes para regular la situación sanitaria cuando lo único relevante que pueden hacer es regular horarios de bares y comercios (ya que la regulación sobre reuniones en hogares se ha evidenciando como un brindis al sol a no ser que estas acaben en algarada festiva). 

4- Navarra

La Fiscalía ha puesto en un brete al Tribunal Superior de Justicia de Navarra al posicionarse en contra de la pretensión del Gobierno foral de mantener el toque de queda. El Ejecutivo liderado por el PSN-PSOE, entregado al seguidismo hacia La Moncloa desde el minuto uno de la pandemia, ya ha dejado claro que ni siquiera tienen demasiado entusiasmo en sus deseos ya que no recurrirían una decisión contraria del tribunal regional ante el Tribunal Supremo. 

Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contradijo a la Fiscalía y avaló que el Gobierno regional mantuviese el toque de queda. Y que mientras en Euskadi se ha protestado por la dejación de funciones del Gobierno central, María Chivite ha optado por mirar para otro lado. 

En este asunto la clase política, casi en su conjunto, está quedando a la altura del betún. 

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