Por CGT, ELA, LAB, STEE-EILAS, AHT Gelditu! Nafarroa, Ekologistak Martxan, Ecologistas en Acción de Tudela, Lizarraldeko Ekologistak Martxan, Lizarra Ciudad de Acogida, Lurra, Plataforma Urbasa-Handia Bizirik, XR – Iruñea, Attac Navarra Nafarroa, Fundación Sustrai Erakunde, Iruña Gerora, Martes al sol, Plataforma Papeles Derechos Denontzat, Urbizi Nueva Cultura del Agua, Ahora Navarra – Nafarroa Orain y Antikapitalistak: 

La Unión Europea (UE) ha cambiado el discurso. Tras la crisis de 2008, los medios de comunicación repetían términos como ajuste, austeridad y de planes de estabilidad. Las instituciones de la UE se dirigían hacia la ciudadanía con la severidad necesaria para “disciplinarnos” y corregir nuestros supuestos excesos. 

Hoy, tras la brutal crisis de la COVID‐19, que se ha solapado con la anterior, la UE muestra un semblante mucho más amable, y se presenta como el sostén que nos va a permitir salir del pozo. En los planes de futuro resuenan vocablos como estímulo, resiliencia o transición ecológica y digital. 

Pero tras este nuevo rostro se ocultan las mismas intenciones: satisfacer la voracidad de las élites empresariales a costa de empobrecer aún más a las clases trabajadoras. Las dos principales medidas inmediatas fueron: 

-Compra de deuda tanto pública como de grandes empresas por parte del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

-Suspensión del Pacto de Estabilidad para 2020 y 2021, lo que permite a los estados endeudarse sin límite para hacer frente a los costes de la pandemia. 

La primera de estas medidas ha servido para aliviar las deudas de las grandes empresas y para continuar enriqueciendo a los bancos (pues continúan siendo los intermediarios de los fondos europeos). La segunda, para hacer frente a los costes salariales de las empresas (objetivo último de los ERTE) a costa de incrementar de forma descontrolada la deuda de los estados. 

Tras estas dos medidas, que en el medio y largo plazo cargarán sus costes sobre los hombros de la ciudadanía, hemos conocido la joya de la corona de la “cara humana” de la UE: el plan Next Generation EU, “el mayor paquete de estímulo jamás financiado”. Se trata de una ingente cantidad de fondos públicos que, según reza su igualmente desproporcionada publicidad, se pone a disposición de estados y comunidades para fomentar la investigación e innovación, la transición climática y digital y la recuperación de la crisis causada por la pandemia. Pero aquí va lo que no cuentan: 

¿Cómo se distribuyen? 

Por el momento, tanto el Gobierno del Estado como el de Navarra han sido poco claros en los criterios de elección de proyectos. Como siempre, si hay dinero de por medio, los voceros del sector privado (las patronales CEOE y CEN en Navarra) se han apresurado a dejar claro a las administraciones cómo, para qué y a quién se debe financiar. También han “sugerido” que sean las grandes consultoras (las Big Four) quienes se encarguen de la distribución, ante la presunta incapacidad de la gestión pública. Desde hace semanas la prensa publicita iniciativas de grandes depredadores medioambientales como Iberdrola o Repsol, se posicionan en cabeza para beneficiarse de esta financiación “ecológica”. 

También se oye hablar de la resurrección de macroproyectos inviables como los parques eólicos y solares o el Canal de Navarra, que destrozan el medio ambiente para derivar dinero público a empresas privadas. También de la extensión de la digitalización, que si no se acompaña de una gobernanza democrática se puede convertir en un mecanismo de control social y del monopolio de recursos públicos. En Navarra, la posibilidad de que sea SODENA (investigada por derivar dinero público a las élites empresariales navarras) quien se encargue de gestionar estos fondos europeos supone un punto extra de tensión. 

La condicionalidad 

Porque ya ha salido a la luz que, una vez reimplantado el Plan de Estabilidad, los fondos estarán condicionados a la puesta en marcha de ajustes presupuestarios que ya tenemos experiencia de en qué consisten: recortes en servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales o nuevas reformas laborales y de las pensiones. 

Una clara y nociva intervención en las políticas públicas de las próximas décadasinadmisible, pues suponen una vuelta de tuerca más hacia esa senda de la que dicen, nos quieren apartar. Como vemos, los lobbies y élites económicas se organizan para que este “mayor paquete de estímulo jamás financiado” se quede en las mismas manos que nos han llevado a esta sucesión de crisis. Next Generation EU supone otro paso más de las políticas de una UE siempre alservicio de las grandes corporaciones. 

Además, se acompaña de una condicionalidad que asegura, en un futuro próximo, que las clases trabajadoras se precarizarán cargando sobre sus espaldas con los costes de este nuevo trasvase de dinero público a manos privadas. Mientras tanto, seguimos sin noticias de aquellos compromisos que en su día se consideraron prioritarios: cambio del modelo productivo, lucha contra la emergencia climática, contra los paraísos fiscales, contra la desigualdad y precariedad laboral, compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU o una solución permanente y duradera al cada día más paralizante problema de la deuda pública. 

Desde hace más de 60 años las evidencias científicas demuestran que nuestro modo de vida nos conduce al colapso, y ya estamos padeciendo algunas de estas consecuencias. El modelo capitalista es el que ha acelerado el ritmo de destrucción del planeta, pues necesita devorar cada vez más recursos para compensar su pérdida de productividad desde los años 60. El programa Next Generation EU no es sino un intento más de salvar este sistema a costa de transferir recursos públicos a un sistema gripado, para que el motor no se pare. 

Es por todo esto que no se entiende cómo muy diversas opciones políticas, desde las más neoliberales hasta algunas de marcado cariz social, se han sumado a estos planes sin apenas crítica, en vez de plantear una reflexión y un compromiso de un cada vez más urgente y valiente cambio de rumbo. Por todas estas razones, quienes firmamos este documento rechazamos por completo el plan Next Generation y condicionalidad a reformas contrarias a la clase trabajadora y que sean destinados a proyectos que nada tienen que ver con la necesidades de los sectores populares. 

Reclamamos una alternativa enfocada hacia una transformación real del modelo socioeconómico, donde las necesidades de las personas y de los pueblos sean la prioridad por encima del enriquecimiento privado. Además, reclamamos una financiación pública que provenga de una reforma fiscal justa y solidaria, para evitar que los costes de esta transformación recaigan sobre los mismos hombros de siempre. 

Nuestra apuesta de futuro pasa por los siguientes ejes: 

 Dar solución a la enorme Deuda Pública, sin renunciar a aplicar soluciones definitivas como la condonación o la quita. Estamos hipotecando a las generaciones futuras por no hacer frente a este problema. 

 Compensar y corregir los diferenciales de inversión y gasto en salud, ciencia, educación, protección social y equilibrio territorial hasta llegar, como mínimo, a niveles similares a la de países de nuestro entorno. 

 Reforzar el carácter público de los servicios esenciales y recuperar la gestión pública de ámbitos estratégicos como la energía, la vivienda o la banca; que deben contar con planificación y recursos suficientes para enfrentar un horizonte convulso. 

 Poner en marcha una nueva economía capaz de crear nuevos puestos de trabajo destinados a restaurar los ecosistemas y a llevar a cabo nuevas actividades económicas y de consumo compatibles con la salud y respetuosas con el medio ambiente. 

 Invertir en nuevas formas de consumir y producir, que corrijan y eviten los futuros colapsos ambientales y sociales, con especial acento en la formación de la ciudadanía, el transporte de personas y mercancías, alimentación y fuentes de energía sostenibles, el cuidado y uso del agua, aire y suelo y eliminar el despilfarro en el consumo de alimentos y bienes. 

 Actuar en consecuencia con la Declaración de Emergencia Climática, promovido en 2019 por el Parlamento de Navarra y apoyado por varios ayuntamientos navarros. 

 Alcanzar el equilibrio territorial que evitando la concentración de población y actividad en grandes macrourbes, y corregir el abandono y desertificación de otros espacios con una Carta de Derechos Mínimos para todas las ciudadanas y ciudadanos. 

 Alcanzar una deseable digitalización controlada de forma democrática para aprovechar sus ventajas y revertir sus consecuencias indeseables.


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