ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE, HIRU y CGT han exigido medidas urgentes para hacer frente a la siniestralidad laboral en Navarra. Estos sindicatos explican que "la pandemia ha vuelto a poner de manifiesto que los recursos públicos asignados a seguridad y salud laboral son totalmente insuficientes". 

"Las últimas estadísticas oficiales de siniestralidad laboral publicadas por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) reflejan un descenso general del 20,6% en el año 2020 con respecto al año anterior. Sin embargo, cabe destacar que ello es consecuencia del estancamiento de la actividad económica y la disminución de la población expuesta, debido a la crisis sanitaria del coronavirus", añaden. 

Y aseguran que "los datos siguen muy negativos en cuanto al cómputo de personas fallecidas, sin tener en cuenta el peso del subregistro en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La crisis en el contexto del coronavirus ha supuesto que el año 2020 cerrara con una tasa de paro del 11,65 % en Navarra. A estos datos habría que añadir las 34.439 personas que han estado en situación de ERTE o ERE entre abril y diciembre del año 2020". 

Y a pesar de todo, afirman, "11 personas murieron por accidente laboral el pasado año, y se desconoce el número de personas fallecidas por patologías relacionadas con el amianto o por haber contraído el coronavirus en su puesto de trabajo". 

57 accidentes diarios

Según las estadísticas oficiales, cada día 57 personas sufren un accidente de trabajo en Navarra, con un índice de incidencia de 32,6 siniestros por cada mil personas ocupadas. Las citadas centrales sindicales dicen que "a pesar de lo alarmante de los datos, éstos se encuentran muy alejados de la realidad, ya que en el caso de transportistas, cooperativistas y trabajadoras del hogar, entre otros sectores, los accidentes no se registran o son ocultadas por las propias empresas para evitar sanciones económicas y otras responsabilidades". 

"En ese sentido, más el 99% de los accidentes son calificados como leves, y los escasos estudios al respecto afirman que existe una subdeclaración entre 3,5 y 15 veces superior que en accidentes graves. El problema del subregistro es especialmente grave en el caso de las enfermedades profesionales, donde las mutuas rechazan sistemáticamente el origen laboral de las patologías y derivan su atención a Osasunbidea, siendo dicho coste injustamente asumido por un sistema público cada vez más privatizado y descapitalizado", explican. 

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