FCC amenaza con querellarse contra los que digan que ha sido beneficiada por la Mancomunidad de la Ribera
La astracanada en la que se ha convertido la resolución del contrato de limpieza viaria de diecisiete localidades riberas parece no tener fin. Y en este caso el protagonismo se lo está llevando FCC, que estuvo a punto de ganar el concurso de la Mancomunidad de la Ribera de forma improcedente (el TAN obligó al organismo supramunicipal a readmitir a su rival, que fue expulsada por un informe de uno de los tres técnicos que tutelaron el proyecto: el controvertido Fermín Corella).
FCC parece que dolida por la crisis reputacional que sufre en el sur de la Ribera por las denuncias mediáticas y políticas ante el sorprendente final de un proceso que será fiscalizado por la Cámara de Comptos porque fuerzas como PSN-PSOE e Izquierda-Ezkerra no parecen fiarse de su higiene.
Contraataque
Felipe Carmelo Aguas, director de la delegación de FCC en Navarra y Gipuzkoa, salió ayer al paso de las críticas a su compañía. El directivo alardeó en un artículo de opinión firmado en Diario de Navarra de la supuesta ética de su empresa, imputada en 2019 por la Audiencia Nacional porque Anticorrupción sospecha que pagó 82 millones de euros en mordidas para obtener adjudicaciones en Panamá.
Aguas, directivo de una compañía cuyo expresidente reconoció ante un juez en 2013 que dos filiales de FCC Construcciones habían realizado donaciones al Partido Popular, está molesto porque lo que se dice de su empresa.
Aguas, que parece olvidar la relación entre FCC y el PP, denuncia ahora sobre el concurso de limpieza viaria "la politización interesada que de este proceso de licitación se ha hecho" y pide que la polémica se resuelva "lo más rápido posible para beneficio de la ciudadanía de la Ribera".
"Acciones legales"
El director de la delegación navarra y gipuzkoana de FCC, presidida por Esther Koplowitz, también dice que la compañía "emprenderá acciones legales contra toda la persona física o jurídica que haya podido poner en duda su honorabilidad".
Tiene trabajo Aguas, que quizás tenga que denunciar al juez Ismael Moreno, que atribuyó a FCC la comisión de delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales por supuestamente haber pagado sobornos en Suiza para construir dos líneas de metro en Panamá.
Aguas también tendrá que deunciar a José Mayor Oreja, expresidente de FCC y hermano del ministro del Interior de Aznar, que admitió donaciones al PP de dos filiales de una compañía que, según la Audiencia Nacional, logró casi 600 adjudicaciones de gobiernos controlados por la formación conservadora entre 2002 y 2012 por valor de más de 4.000 millones de euros.