No estamos en el siglo XIX, pero en algunas ocasiones lo parece: la secretaria del Ayuntamiento de Fustiñana ha sido condenada a un año de inhabilitación y a abonar 3.240 euros por negarse a tramitar matrimonios civiles durante los años 2018 y 2019.

El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona asegura que la secretaria, natal de la localidad ribera, "sabedora de la normativa aplicable y conocedora o debiendo conocer las obligaciones inherentes a su cargo", se negó a tramitar expedientes matrimoniales. 

La inculpada que podrá recurrir el fallo en la Audiencia de Navarra, no declaró objeción de conciencia para negarse y sí que aseguró que ella creía que no se tenía que encargar el matrimonio en el Registro Civil. 

Y esta cerrazón, que obligó a varias parejas fustiñaneras a casarse en Tudela, ha conllevado una sanción que ha estado razonada, entre otros asuntos, con el expediente de desobediencia del 'caso Torra'. Ahí es nada...

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