La consultora 40db ha realizado una macroencuesta encargada por la Plataforma Independiente de Medios y sufragada por suscripción popular. Este trabajo viene a cubrir el hueco que dejó libre el CIS, que dejó de preguntar a los españoles sobre su opinión sobre la forma de Gobierno cuando la popularidad de la Casa Real comenzó a caer en picado por los numerosos de corrupción que salpican a la familia Borbón.
Este macrosondeo, que se compone de 3.000 encuestas, refleja que el 40,9% de los españoles están a favor de la proclamación de la III República. Este dato se dispara en la Comunidad Foral de Navarra, donde la opción republicana recaba el 60% de apoyos.
Tan solo el 34,9% de los españoles está a favor de mantener la monarquía como forma de Gobierno. Este dato estaría relacionado con el desprestigio de Juan Carlos I (que sigue exiliado en una dictadura como son los Emiratos Árabes), las sombras que planean sobre Felipe VI (que aparecía como heredero de una cuenta en Suiza y cuya luna de miel fue sufragada por un testaferro de su padre) y el posicionamiento político de la institución (lastrada por el desafortunado discurso del 3-O y la campaña del jefe del Estado contra el Gobierno democrático).
La monarquía pierde apoyos
La monarquía ha dejado de contar con los apoyos transversales que disfrutó en los inicios de Juan Carlos I, que supo ganarse simpatías en los ámbitos del PSOE y el PCE, para pasar a convertirse en una institución escasamente aceptada entre los más jóvenes (solo el 21,4% de las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años apoyan a la monarquía).
Tampoco recaba apoyos en territorios como Cataluña (el 66,5% votarían a favor de la III República), y en formaciones que no discuten la forma de Estado como el PSOE (el 55% de sus votantes se muestra partidario de la opción republicana).
Dos de los problemas que arrastra Felipe VI, que es calificado desde opciones republicanas como 'el nieto político de Franco', son la ilegitimidad de su origen (su proclamación no fue respaldada por consulta popular) y el encaje jurídico de la figura española del jefe del Estado, ya que el marco constitucional confunde la inviolabilidad propia de funciones constitucionales con impunidad para cometer delitos.