Vía: El País
Blanca Edith se quedó el mismo día sin trabajo y sin casa por culpa del coronavirus. Ni ella ni su empleador se han contagiado, pero la cuarentena les ha dejado sin ingresos a los dos. “Él es autónomo, se dedica a la construcción. Yo estaba de interna en la casa para cuidar de su mujer, que está enferma, pero cuando vio que dejaba de trabajar me dijo que no podía seguir pagándome, y lo entiendo”, explica. Tiene 72 años y llegó hace 14 a España desde Paraguay. “Sigo trabajando porque no he cotizado lo suficiente. A veces no he tenido contrato o han sido por menos horas de las que hacía. Ahora me he venido a la casa de la amiga donde dormía los fines de semana. Ella sigue de cuidadora, pero con mucho miedo por ella misma y sobre todo por la señora a la que cuida. Yo voy a pedir la ayuda que ha prometido el Gobierno y rezo para que esto dure poco”.
Un informe de la Fundación Alternativas con datos de la Seguridad Social estimaba en 521 euros la pensión media de las empleadas del hogar al llegar a la jubilación. En España hay 393.358 dadas de alta en un régimen especial sin derecho a paro y los sindicatos estiman que al menos otras 200.000 trabajan en la economía sumergida. Desde el estado de alarma, son 12.060 altas menos. El Gobierno aprobó un subsidio para el colectivo para abonarles el 70% de la base de cotización. “Es un alivio, pero ha llegado tarde, porque los despidos empezaron hace un mes y no podrán cobrar hasta mayo, y las que están en la economía sumergida tampoco tienen acceso a él”, explica Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, asociación que defiende los derechos del colectivo.
Son uno de los sectores más vulnerables, pero incluso en su precariedad hay escalas. Las más desprotegidas son las internas. “Tienen mucho miedo a hablar y pocas oportunidades para hacerlo en privado”, explica Elías. “Pero así como estos días hemos visto a empleadores ayudando a sus empleadas, también hemos detectado que con la cuarentena, otros han dejado sin descanso a las internas, haciéndolas trabajar a todas horas. Muchas son inmigrantes sin papeles y están en condiciones muy duras porque a veces también es difícil separar los cuidados de dependientes de las tareas del hogar”, añade. Un inspector de Trabajo puede presentarse por sorpresa en una empresa, pero no en una casa donde aparentemente no trabaja nadie.
Alejandra, colombiana, tiene 30 años y lleva ocho en España. Trabajaba en nueve casas y ahora en ninguna. “En tres de ellas, me han dicho que me seguirán pagando aunque no vaya, mientras ellos sigan teniendo ingresos. Otros tres me han dicho que ya no cuentan conmigo y del resto no sé nada. En marzo solo ingresé 200 euros y las facturas llegan igual: alquiler, gas, teléfono…”. Alejandra está dada de alta en la seguridad social pero solo por dos horas a la semana. Trabajaba 40. “Me preocupa sobre todo porque en Colombia, mi madre y mi hermana, que tuvo un accidente, dependen de mí. Normalmente les enviaba unos 500 euros al mes”. Olga, colombiana de 41 años, comparte esa preocupación. “Trabajaba en cinco casas y parte de mis ingresos se los enviaba a mis padres y a mi hermana, porque tengo una sobrina enferma. Estoy muy agradecida a los empleadores que han dicho que me seguirán pagando. Sé que otras están mucho peor que yo”.
El 98% del sector son mujeres, y cerca del 60%, extranjeras, sin incluir a las que han obtenido la nacionalidad. Olga, por ejemplo, lleva 22 años en España.
Las últimas medidas para endurecer el confinamiento establecen entre las actividades consideradas esenciales el cuidado de menores y dependientes. En el caso de los niños, la mayoría de sus padres teletrabajan ahora desde casa, aunque no en todos los casos. En el sector de la dependencia, 250.812 profesionales atienden a unas 450.000 personas que necesitan cuidados o ayuda a domicilio. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, asegura que están trabajando contra reloj para evitar una pesadilla que se repite en su cabeza: “Abuelos que mueran solos en casa porque su auxiliar de hogar no ha podido atenderlo al estar enferma”. “Los trabajadores sociales están haciendo una reevaluación de todos los casos para detectar ese tipo de situaciones”. El confinamiento, explica, ha provocado que personas que antes no necesitaban esa ayuda ahora sí la precisen. Por ejemplo, porque el familiar que se desplazaba a su domicilio unas horas ya no pueda hacerlo; porque han cerrado los centros de día, a los que acudían 96.527 mayores, o porque la cuidadora ha enfermado.
Olaya tiene 43 años y desde 2009 trabaja como auxiliar de hogar en Jaén a través de la empresa Macrosad, proveedora de cuidadores para la diputación provincial. “Cuido a cuatro dependientes de entre 77 y 92 años. Esas personas dependen de mí, de que vaya a levantarlos, a darles el desayuno o la comida… Algunos tienen familiares cerca y otros no. Están muy asustados y a mí me preocupa mucho contagiarles, aunque tomamos todas las medidas de protección. Cuando llego me sacan enseguida el tema y yo se lo cambio rápido, haciéndoles alguna broma. Cuidar, ahora, también es eso”, explica.
Tamara Sayar se las ha apañado para tratar de hacer en casa los ejercicios de memoria que Hermann Schreiber, enfermo de alzhéimer, realizaba en el centro de día que ahora está cerrado. Y no solo eso. Para que esté contento le hizo creer que los aplausos de las ocho eran para su concierto de armónica por la ventana. El vídeo que grabó se hizo viral y la mentira piadosa, realidad, porque ahora los vecinos también aplauden a Hermann.
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España las llama “heroínas sociales”. Los necesarios se han vuelto imprescindibles. Y los vulnerables lo son aún más.