Vía: El Diario
La dinámica se repite desde hace casi 40 años: las fuerzas progresistas presentan en el Congreso leyes que permiten avances en derechos sociales y el Partido Popular –hasta 1989, Alianza Popular (AP)– activa toda su maquinaria para rechazar esos progresos que, sin embargo, al cabo de los años, cuando ya disponen de un gran apoyo social, utiliza e incluso trata de asumir como propios. Son esos "debates morales" que la actual dirección del PP reconoce que "dividen al partido" –a lo largo de la historia siempre ha habido sectores del partido más abiertos, que han abogado por dar libertad de voto en estos asuntos o que directamente se han saltado la disciplina de voto– y que la dirección trata de evitar a toda costa.
El primer precedente se dio en 1981 con la ley del divorcio, a la que Coalición Democrática –de la que formaba parte AP– dijo 'no' en el Parlamento. Y el último ejemplo se daba esta misma semana, cuando los populares votaron en contra de la admisión a trámite de la ley de eutanasia con argumentos de la extrema derecha, al asegurar que con la norma la izquierda intenta "ahorrar costes" en Sanidad. Entre medias, el PP siguió el mismo patrón rechazando inicialmente las normas sobre el aborto (1985 y 2010), el matrimonio entre personas del mismo sexo (2005) o la igualdad (2007).
Hace ahora 39 años, el 22 de junio de 1981, tras una larga tramitación parlamentaria, el Congreso aprobaba una de las leyes más polémicas de la Transición, la del divorcio, después de más de cuatro décadas de dictadura franquista en las que el matrimonio se consideraba por ley un acto religioso para toda la vida y que, por tanto, derogó la primera normativa al respecto aprobada en 1932, durante la Segunda República.
Durante su paso por el Congreso se produjeron numerosas votaciones en las que los antecesores del ahora PP se manifestaron siempre en contra de la normativa, a la que trataron de poner todos los impedimentos posibles. Coalición Democrática, en la que estaba integrada AP, la rechazó, y su portavoz y posterior presidente fundador del PP, el ya fallecido Manuel Fraga Iribarne, explicó sus argumentos asegurando, simplemente: "No es hora de leyes como la de divorcio".
Décadas después, en las filas populares son múltiples los dirigentes divorciados aunque en 2005, cuando el Congreso eliminó el requisito de separación para poder tramitar los divorcios, el PP se abstuvo.
Un consenso que no existió
Desde su llegada a la presidencia del PP, Casado ha apelado al "consenso" para justificar su idea de regresar a la norma del aborto de 1985, la primera que se aprobó en España. El consenso, sin embargo, no era tal. Coalición Popular, las siglas bajo las que entonces se encontraba AP, llevó a cabo una férrea oposición a la ley y votó en contra de la misma en 1983 en el Congreso de los Diputados, la primera vez que se debatió.
También interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue aceptado, por lo que el Ejecutivo de entonces, presidido por Felipe González, tuvo que incluir las enmiendas señaladas en dicho texto, que consistían en que siempre debía mediar un médico para que no hubiera extralimitaciones en la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres.
En 2010 se aprobó la ley de plazos actualmente en vigor, que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación, y a la que el PP también se opuso. Y, en diciembre de 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó otra reforma de la normativa, que eliminaba la posibilidad de abortar libremente en las primeras semanas y establecía un sistema de indicaciones más restrictivo que el de 1985 al eliminar las malformaciones como supuesto específico para abortar y exigir dos informes (en vez de uno) para demostrar el daño en la salud psíquica y mental de la madre.
Ante la falta de consenso, Rajoy anunció la retirada del anteproyecto de ley en septiembre de 2014, lo que provocó la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón, su principal impulsor, como ministro de Justicia. En 2015, el PP registró en el Congreso una nueva reforma de la ley del aborto, pero esta vez puntual, para exigir el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieren interrumpir su embarazo, que fue aprobada gracias a su mayoría absoluta y que sigue en vigor en la actualidad.
El lío de las peras y las manzanas
Los populares también se opusieron a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005. "El matrimonio siempre ha sido una institución entre un hombre y una mujer", dijo entonces Mariano Rajoy poco tiempo antes de que la normativa fuera aprobada en el Congreso de los Diputados. La iniciativa, dijo Rajoy, no respondía a una reclamación del colectivo LGTBI, sino a "una manía del Gobierno de parecer moderno".
Tras su aprobación, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, una queja que mantuvo hasta 2012 –Rajoy ya gobernaba con mayoría absoluta–, cuando dicho tribunal consideró que la ley era constitucional. Las declaraciones homófobas de dirigentes populares han sido constantes, pese a que en 2015, el entonces vicesecretario sectorial del partido y hoy portavoz en el Senado, Javier Maroto, contrajo matrimonio con su marido, José Manuel Rodríguez, en un enlace al que acudió la plana mayor del partido con su entonces líder, Mariano Rajoy, a la cabeza.
En 2013, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz afirmó que "existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio [el igualitario]" no debe tener "la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada", señaló en unas conferencias organizadas por el Vaticano.
Nueve años antes, en 2004, la entonces concejala y luego alcaldesa de Madrid, Ana Botella, pronunciaba unas polémicas palabras que le perseguirían durante todo su mandato sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo: "Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta". Más de una década después, las bodas entre homosexuales han sido asumidas por el PP.
La Ley de Igualdad, "absurda" y "excluyente"
Los populares tampoco apoyaron la Ley de Igualdad de 2007, que, por ejemplo, amplió los permisos de maternidad, incluyó los de paternidad y estableció a todos los partidos políticos la obligación de presentar a las elecciones listas paritarias. El entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, calificó la medida de "absurda" y "excluyente", tratando de justificar la abstención de su grupo.
En este caso los populares también presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue rechazado en 2008. El recurso del PP fue, en concreto, contra la disposición de la ley que imponía la paridad de las listas electorales, de modo que ninguna de las candidaturas tuviera más del 60% ni menos del 40% de cada sexo en poblaciones de más de 5.000 habitantes. El partido consideró en su recurso que dicho precepto restringía con carácter general "los derechos de personas en atención a su género".
Personas "empujadas" al fallecimiento
El último avance social rechazado por el PP ha sido la admisión a trámite de la ley de eutanasia, cuyo proceso legislativo inició el Congreso esta misma semana con el apoyo de todos los grupos excepto el de los populares y Vox. En un paso más en su estrategia de acoso y derribo contra cualquier propuesta del nuevo Gobierno progresista, los populares llegaban a acusar este martes al PSOE de plantear la normativa para ahorrarse dinero en sanidad.
El portavoz sanitario de los populares, José Ignacio Echániz, aseguraba que "el PSOE tiene un grave problema de sostenimiento de los servicios públicos" y que "esto", en alusión a la proposición de ley sobre la eutanasia, "es una manera de evitar costes". La iniciativa corresponde por tanto, según él, a la "filosofía de la izquierda para evitar costes". Para el PSOE, añadía, la eutanasia "es una política de recortes".
"Una persona que sea crónica, polimedicada, pluripatológica, que sea mayor y que necesite con intensidad tratamientos y diagnósticos clínicos no gasta menos de entre 15.000 y 20.000 euros al año. Si a esto le suma usted su pensión y sus prestaciones por dependencia, estamos hablando de que cada vez que una de estas personas fallece o es empujada al fallecimiento por la vía de la eutanasia, el Estado está ahorrando muchísimo", sentenciaba Echániz, conocido por sus recortes en la sanidad pública cuando era consejero de Castilla-La Mancha bajo la presidencia de María Dolores de Cospedal.