Cinco años después de que el Parlamento de Navarra aprobara una ley foral para cubrir las consecuencias de la imposición del copago farmacéutico del Gobierno del PP -un repago en realidad de medicamentos vía impuestos y vía compra-, sobre los bolsillos de miles de pensionistas y ciudadanos navarros, el Tribunal Constitucional ha resuelto dejar sin efecto aquella normativa. La propuesta fue impulsada entonces por el PSN y apoyada por NaBai, Bildu e I-E y tuvo el voto en contra de UPN y PP, que optaron por seguir las directrices del PP en contra de los derechos sociales de los navarros y navarras. Es cierto que esa ley foral nunca fue aplicada porque el Gobierno de Barcina se apresuró a asumir el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Estado al poco de aprobarse, pero la anulación ahora de la misma por parte del TC vuelve a dejar en evidencia al menos dos cuestiones de fondo democrático en la actual evolución autoritaria y centralista. Por un lado, la medida pretendía ser una flotador de auxilio en favor de quienes con menos recursos -pensionistas y familias y personas en desempleo de larga duración, entre otros-, se vieron en 2012 abocados a sufragar una parte de los medicamentos sanitarios hasta entonces gratuitos bajo la excusa del control del gasto público y el déficit, y su anulación evidencia que las políticas neoliberales de recortes y austeridad dejaron de lado las necesidades y calidad de vida de las personas. Y en segundo lugar, aunque esta sentencia del Tribunal Constitucional ya no tenga efectos prácticos porque Navarra mitigó los efectos del repago por la vía de las ayudas directas para saltarse el veto del Estado -hasta 240.000 personas con un gasto global superior a los 132 millones de euros-, su argumentación jurídica de fondo supone un nuevo ataque al autogobierno, ya que señala que la Comunidad Foral no puede tomar sus propias decisiones legislativas para mejorar y facilitar las condiciones de vida de los navarros y navarras pese a que sean el propio dinero del conjunto de la sociedad navarra vía impuestos y a través de los Presupuestos el que asumiera ese coste de justicia social. El fallo del Tribunal Constitucional, en la misma línea mantenida hasta ahora contra las más de 15 leyes navarras recurridas en los últimos años por UPN y el PP, supone imponer una injusta y absurda uniformidad e igualdad a peor, que de tener que hacerse efectivo ahora perjudicaría gravemente a miles de navarros y navarras.
Editorial de Noticias de Navarra, publicado ayer jueves