La Fiscalía pide 22 años de cárcel a "La Manada" y 50 a los jóvenes de Alsasua










365 días han pasado desde que tres de los ocho detenidos por la presunta agresión a un teniente y a un sargento fuera de servicio y a sus respectivas parejas en octubre de 2016 en un bar de la localidad navarra de Alsasua entraron a prisión. De los siete que entraron en prisión inicialmente, la magistrada Carmen Lamela —la misma que también ha enviado a la cárcel a Oriol Junqueras y a varios 'exconsellers' del Govern— dejó en libertad a cuatro de ellos, manteniendo a los otros tres —Oihan Arnanz, Adur Ramírez y Aratz Urrizola— entre rejas.

La magistrada entonces ratificó su postura de que la agresión a los agentes constituye un delito de terrorismo, en concurso ideal con lesiones, atentado y delito de odio. Por todos estos delitos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó una pena de 50 años de prisión para los siete acusados por la agresión: 12 años y medio por cada uno de los delitos que se les imputan. Esto es lo que ha ocurrido durante los últimos 365 días:



- 14 de noviembre de 2016: las autoridades detienen a Oihan Arnanz, Aratz Urrizola, Jon Ander Cob, Jokin Unamuno, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Ainara Urkijo, Adur Ramirez, Aritz Urdangarin y Edurne Martínez. La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, calificó de "exageración" la decisión de decretar el ingreso en prisión de seis de los ocho detenidos.


- 16 de noviembre de 2016: el Ayuntamiento de Alsasua emite una declaración institucional en la que manifiestan su desacuerdo con la calificación penal de los hechos en cuestión y en la que define de "innecesarias" las detenciones llevadas a cabo tras esta agresión.

- 22 de noviembre de 2016: la jueza instructora de la causa, Carmen Lamela, un mes y cinco días después de esos sucesos procesa a nueve de los supuestos agresores a los que imputa los delitos de terrorismo en concurso con atentado, lesiones y un delito de odio. Junto a todos ellos fueron arrestados dos menores de edad que son puestos a disposición del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional cuyo titular es el juez José Luis de Castro.

- 26 de noviembre de 2016: el Ayuntamiento, apoyado por el Gobierno de la Comunidad Foral, convoca una manifestación masiva en apoyo de los nueve encausados, siete de los cuales permanecen en prisión. A la marcha se suman PNV, Bildu, PSOE y Podemos para demostrar su rechazo a la actuación de la Audiencia Nacional en Alsasua.

- 20 de diciembre de 2016: la magistrada Lamela pone en libertad a cuatro de los siete encausados que estaban en prisión por la agresión del 15 de octubre. Los otros tres —Arnanz, Ramírez y Urrizola— continúan en la cárcel por su "especial liderazgo y protagonismo" en los actos violentos y por no poder asegurar que, una vez puestos en libertad, no atenten contra bienes de los agredidos o cometer otros hechos delictivos.

- 23 de marzo de 2017: la Guardia Civil critica a Podemos por decir que los agresores de los agentes son "tan víctimas" como los atacados", todo esto a raíz de un documento en el que muestran su preocupación por la actuación de la Audiencia Nacional.

- 19 de junio de 2017: el Parlamento de Navarra aprueba una nueva declaración institucional de apoyo a los tres jóvenes que continúan en prisión. Denuncian la falta de proporcionalidad de la Justicia y el hecho de que el Supremo haya declarado competente a la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos.

- 4 de julio de 2017: la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de 50 años de prisión para siete de los acusados por la agresión de Alsasua.

- 16 de octubre de 2017: la Unión de Guardias Civiles entrega al alcalde de Alsasua un escrito en el que le reprocha su falta de sensibilidad hacia los agentes agredidos y pide la "máxima colaboración" con el cuerpo.

- 14 de noviembre de 2017: se cumple un año de la detención e ingreso en prisión de los acusados por la agresión a los dos agentes. La presidenta del Gobierno navarro, Uxue Barkos, insiste en un desayuno informativo organizado por Europa Press en que no ve "proporcionalidad" en las penas que la Fiscalía solicita para los agresores, aunque reitera que son actos "inadmisibles" y que no se pueden permitir.

Vía: El Confidencial