Los litigios de UPN han costado 67 millones de euros a Navarra en 2017








Por Ibai Fernández en Noticias de Navarra:

Un escalofrío recorre la Ciudad del Ega. El Jurado de Expropiación acaba de acordar que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra debe pagar 4,3 millones a dos constructoras como compensación por la fallida operación urbanística impulsada por UPN y PSN en plena burbuja inmobiliaria, y que puede ascender hasta los 20 millones si, como parece previsible, los tribunales dan la razón al resto de propietarios de los terrenos en el paraje de Oncineda. Lo que amenaza con llevar a la quiebra al Consistorio estellés, que cuenta con un presupuesto anual de 11 millones. El de Oncineda es un ejemplo más de cómo algunas decisiones políticas anteriores al cambio de Gobierno siguen lastrando las cuentas públicas y condicionando la capacidad de actuación de las distintas administraciones. Solo en este 2017 el Gobierno de Navarra ha tenido que abonar 67,4 millones por sentencias contrarias heredadas de la etapa de UPN.

De ellos, la mayor parte, 51,3 millones, corresponden a la ampliación de la Ciudad del Transporte. Otra operación urbanística, en este caso en 2008 en Imárcoain, basada en un modelo de gestión de suelo industrial que revertía en beneficio de los promotores privados, pero con los riesgos a cargo del sector público. 600.000 metros cuadrados para la construcción de naves de las que solo la mitad están ocupadas, algunas parcelas incluso siguen siendo de cultivo. Sin embargo, distintas sentencias del Tribunal Supremo a lo largo de este año han confirmado el justiprecio que por las expropiaciones que había fijado el TSJN, y que triplicaba lo que había abonado el Gobierno foral. Elevando a 49,2 millones las indemnizaciones adicionales a los propietarios de los terrenos, a los que además el Gobierno ha tenido que abonar un 5% adicional en concepto de intereses.

De esta forma, lo que inicialmente iba a costar 20,2 millones se ha acabado disparando hasta los 71,5 millones. Un desembolso inesperado que ha obligado al Ejecutivo foral a aprobar una ley específica con la que poder afrontar el gasto, que se ha sufragado con cargo al fondo de contingencias y con el mayor margen de déficit que el Estado concedió en abril a las comunidades autónomas.

Durante este año, el Gobierno de Navarra también ha tenido que afrontar otras dos sentencias condenatorias heredadas de la legislatura anterior. Una, relacionada con las vacaciones no pagadas a los docentes, y la otra, por las ayudas familiares no abonadas al personal temporal. Ambas han sido de carácter retroactivo, y han supuesto un gasto adicional de 7,6 y 8,5 millones.

LA EXTRA DE 2012 En total, los gastos heredados por las sentencias judiciales han supuesto en 2017 un gasto imprevisto de 67,4 millones, que se incrementan hasta los casi 100 si se incluyen los 30 millones correspondientes a la devolución de la paga extra suprimida por el Gobierno de UPN en 2012, y que se ha abonado con cargo a los presupuestos de este ejercicio.

La cifra todavía se eleva más si se suman los intereses de la deuda y el peaje en sombra que Navarra debe pagar cada año. Compromisos financieros vinculados a inversiones en grandes obras públicas realizadas por los últimos gobiernos de UPN, y que hoy condicionan la capacidad de inversión de la Administración foral. Solo en intereses de la deuda Navarra pagará este año 98,3 millones, y otros 85,8 por los peajes en sombra de las autovías a Logroño y a Jaca y del Canal. Obras ya finalizadas pero por las que debe seguir pagando un canon anual. Y que con todo lo anterior suponen 281 millones de gasto solo en 2017.

LA FACTURA DE ESTE AÑO

281

Durante 2017 Navarra va a tener que destinar 281,5 millones para afrontar el coste de decisiones tomadas por el Gobierno de UPN, tanto por infraestructuras como por sentencias contrarias de distintos tribunales. Si se descuentan los gastos obligatorios, como la aportación al Estado, los gastos corrientes, el personal o los medicamentos, supone el 34,2% del gasto de todo el año.

51.3 millones por la Ciudad del Transporte. El Gobierno de Navarra expropió en 2008 varios terrenos en Imárcoain por los que pagó 20 euros el metro cuadrado. Diversas sentencias han elevado ahora el precio hasta los 57 euros el metro, por lo que el Gobierno ha tenido que indemnizar a los propietarios con 49 millones adicionales y un 5% en intereses.

16,1 millones por los derechos y vacaciones no abonadas al personal temporal. La Justicia dio la razón al personal docente contratado que no cobraba vacaciones y al personal temporal que no tenía derecho a las ayudas familiares. Ambas con efectos retroactivos.

30 millones por la devolución de la paga extra de 2012. Obligado desde Madrid para reducir el gasto de aquel año, UPN suprimió la paga extra de diciembre de 2012 a los trabajadores públicos. Tras dos devoluciones del 25% este año se ha completado el 50% restante.

98,3 millones en intereses. Por la elevada deuda acumulada durante los años de crisis.

85,8 millones en peaje en sombra. Las constructoras adelantaron el dinero y el Gobierno paga ahora un canon anual por el uso de las autovías A-12 y A-21 y la primera fase del Canal. De aquí a 2044, Navarra deberá pagar 2.850 millones en peajes en sombra.

60.000 euros por medir mal una carretera. Aunque la autovía del Pirineo tiene una longitud real de 45,421 kilómetros, una sentencia obliga al Gobierno a pagar por los 46,097 kilómetros que firmó. Supondrá 2,4 millones de euros hasta 2039.

Comentarios