El cese de altos cargos de UPN costó más de 1 millón de euros a Navarra










Tal y como señala Noticias de Navarra, el 12 de agosto concluyó el pago de las cesantías que el Gobierno de Navarra ha tenido que abonar durante dos años a quince ex altos cargos de UPN de la legislatura de Yolanda Barcina. Durante este tiempo, el Ejecutivo ha desembolsado un total de 1.204.586,47 euros de las arcas forales destinados a estos pagos a las personas que fueron cesadas tras el cambio de Gobierno en 2015. De esta cifra, 1.007.720,51 euros es la cantidad ingresada por quienes tuvieron responsabilidades en el anterior Ejecutivo, mientras que los otros 196.865,96 euros se han destinado a sufragar los convenios suscritos con la Tesorería General de la Seguridad Social de los interesados, que de esta forma mantienen sus cotizaciones mientras se encuentran en situación de desempleo.

Los beneficiarios han sido exmiembros del Gobierno de Navarra, exdirectores generales de la Administración y exdirectores gerentes de los organismos públicos, nombrados en su día por UPN. De entre ellos, la mayor retribución recibida se la lleva la que fuera consejera de Salud, Marta Vera, que de julio de 2015 a julio de 2017 ha disfrutado de un total de 121.493,04 euros. A rebufo de Vera y compartiendo segunda posición, se encuentran el exdirector general de Turismo y Comercio, Carlos Erce, y su homóloga en Cultura, Ana Carmen Zabalegui, quienes suman un total de 88.531,73 euros recibidos en dos años.

Estos tres ex altos cargos han percibido íntegras el total de sus retribuciones. En el caso de Marta Vera, el sueldo mensual que ha recibido durante dos años ha sido de 5.062,21 euros. Del mismo modo, Carlos Erce y Ana Carmen Zabalegui recibieron un salario de 3.686,84 euros en 24 mensualidades por su condición de exdirectores generales.

Quienes les siguen de cerca son Iñigo Huarte, exdirector general de Recursos Educativos, y el que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morras, que al incorporarse al Gabinete de Barcina más tarde que el resto de sus compañeros, no ha tenido derecho a recibir retribuciones durante dos años. En cualquier caso, Morrás ha podido disfrutar de 86.600,93 euros durante algo más de año y medio. En cuanto a Huarte, se le ha compensado con un total de 86.828,50 euros, algo menos que Zabalegui y Erce ya que en febrero de 2017 cobró 2.246,84 en lugar de los 3.686,84 a los que tenía derecho, al tener una incursión profesional.

COMPLEMENTAN SUS SALARIOS Al reincorporarse al mercado laboral, los interesados solo perciben la diferencia entre su sueldo y la cesantía a la que tienen derecho. En el caso del exconsejero de Educación, José Iribas, percibió completas sus mensualidades hasta febrero de 2016, ya que a partir de junio de ese año complementa su sueldo profesional con 1.062,20 euros de cesantía, en lugar de los 5.062,21 a los que podía optar. En total se ha desembolsado 54.678,07 euros.

Lourdes Goicoechea también renunció a sus cesantías en abril de 2016 cuando se reincorporó al despacho profesional en el que trabajaba antes de ocupar el cargo de vicepresidenta primera del anterior Gobierno. Desde agosto de 2015 hasta su reincorporación, Goicoechea recibió 5.378,60 euros mensuales, que alcanzan el total de 49.795,43 euros en algo más de medio año.

El que no ha renunciado al cobro de sus cesantías ha sido Juan Luis Sánchez de Muniáin a pesar de que actualmente ejerce como parlamentario de UPN en la Cámara foral. El exvicepresidente segundo del Ejecutivo de Barcina complementa su salario en el Parlamento (49.916 euros al año) con el cobro de una cesantía de 1.260,10 euros al mes. Sánchez de Muniáin agotó las retribuciones a las que tenía derecho el 23 de julio y acumula una cantidad de 30.242,40 euros en concepto de cesantía, es decir, sin contar su sueldo en la Cámara.

De los siete exdirectores generales restantes, solo dos desarrollan una actividad laboral de forma regular. Se trata de Eradio Ezpeleta y de Teresa Nagore. El primero fue responsable de la Agencia Navarra de Emergencias y recibe 268,93 euros al mes desde abril de 2016, una cantidad muy inferior a los 3.602,27 que le correspondían, siendo el que menos ha recibido con un total de 28.500,34 euros. Lo mismo ocurre con Nagore. La que fuera directora gerente del Instituto Navarro de Familia e Igualdad complementa desde marzo de 2016 su salario profesional con 1.971,57 euros de cesantía lo que suma 35.851,48 euros en poco más de año y medio.

También tuvo una leve incursión profesional el año pasado la exdirectora general de Política Económica y Empresa, Mª Jesús Valdemoros, por lo que antes de ayer cerró sus retribuciones con 64.980,90 euros, en lugar de con los 88.531,73 a los que podía optar. En cuanto a Mariano Oto y Patxi Pérez, ambos finalizaron el cobro de sus cesantías en marzo con una suma de 72.309,64 y 70.049,96 euros respectivamente. La lista de ex altos cargos la cierran Prudencio Induráin, con una cantidad de 63.865,59 euros percibidos entre agosto de 2015 y enero de 2016, y Valentín Elizondo, que acumula un total de 65.460,77 euros.

UN DERECHO RECONOCIDO POR LEY El cobro de las denominadas cesantías es un derecho recogido en el artículo 3 bis de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral. Esta ley establece el régimen aplicable y las percepciones que pueden percibir los altos cargos una vez que cesan en sus responsabilidades.

La razón que llevó a aprobar esta ley obedece a que los altos cargos no pueden “realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios similares con las Administraciones Públicas, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese”. Sus beneficiarios tienen derecho a “percibir una prestación económica mensual cuya cuantía será igual a la doceava parte del 80% del total anual de las retribuciones que estuvieran percibiendo en el momento del cese”, según se precisa en el texto de la ley. Esta compensación, equivale por tanto al 80% del salario anual que tenían cuando estaban en activo.

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