El camino de la reconstrucción del tejido social y de un marco estable de paz y convivencia democrática en nuestra sociedad se encuentra jalonado por muchos y variados obstáculos. En algunos casos, como en el reconocimiento de todas las víctimas y del daño causado, se han dado pasos, aunque aún siguen faltando muchos otros. Lamentablemente, con las personas privadas de libertad no se ha avanzado. A pesar de que todas estas cuestiones tienen nexos en común, unos avances no deben condicionarse a otros. Todos deben darse guiados por la defensa radical de todos los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas. En Podemos Euskadi y Podemos Navarra abordamos la situación de las personas presas desde una perspectiva integral de derechos humanos que, entre otras cuestiones, plantea el acercamiento a su lugar de origen o de residencia de sus familiares, asegurarles un trato humanitario, así como avanzar en políticas de justicia restaurativa que faciliten la reinserción social. Queremos señalar que todavía hoy, tal como vienen reivindicando numerosos juristas, organizaciones pacifistas y de derechos humanos, las personas presas ven lesionados sus derechos fundamentales de forma absolutamente injustificable. La defensa de los derechos humanos conlleva necesariamente el rechazo y condena –ética y política– de toda violencia y vulneración de los mismos, el reconocimiento de todos los sufrimientos injustos y, en el caso que nos ocupa, a manifestar necesariamente nuestra cercanía con el sufrimiento de las personas presas así como con el de sus familiares. La orientación vengativa de la política penitenciaria rige desde hace demasiado tiempo estando sometida a la excepcionalidad legal, a su uso con fines políticos y a la discrecionalidad. El alejamiento supone una pena añadida a la condena y un castigo cruel e injusto a las familias de las personas presas, el cumplimiento íntegro de penas contraviene el principio de reinserción social y el trato que reciben las personas presas con enfermedades graves o incurables está lejos de ser humanitario. Incluso los presos acogidos a las políticas de justicia restaurativa, que han apostado por el reconocimiento del daño, el arrepentimiento y han pedido perdón a las víctimas, están teniendo graves dificultades para acceder a los derechos penitenciarios que legalmente les corresponden. Estas políticas eran inaceptables cuando ETA mataba y más aún si cabe hoy que ya no lo hace. Por todo esto, exigimos al Gobierno central modificar la actual política penitenciaria promoviendo:
● El acercamiento de las personas privadas de libertad a su lugar de origen o de arraigo social.
● Un trato humanitario conforme a los más exigentes estándares internacionales, especialmente en el caso de las personas presas con enfermedades graves o incurables. Así como acabar con el régimen de aislamiento prolongado.
● La valoración de la situación penitenciaria de las personas presas por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria de la CAE y de la CFN, eliminando cualquier elemento de excepcionalidad al respecto. Así como el traspaso a los Gobiernos vasco y navarro de las competencias en materia penitenciaria tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Gernika y en la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra.
● La progresión de grados y el acceso a beneficios penitenciarios en igualdad de condiciones que el resto de la población penitenciaria y la aplicación de los criterios señalados por el TEDH en lo que respecta al cómputo de penas, considerando tanto las del estado español como las del francés. Asimismo, instamos a las personas presas a seguir avanzando en el rechazo de la violencia reconociendo lo injusto del daño causado desde la revisión crítica del pasado. El arrepentimiento no supone ninguna renuncia a los objetivos políticos, sí a unos medios totalmente equivocados e injustificados. Es evidente que ese arrepentimiento sólo puede nacer de una sincera voluntariedad, y que la reinserción social es un derecho, no un deber, pero no es menos cierto que una amplia mayoría de nuestra sociedad se lo está demandando. Las políticas de justicia restaurativa son una buena oportunidad para la reparación del daño causado a las víctimas y para consolidar la paz y la convivencia. Esa revisión del pasado, esa deslegitimación del uso de la violencia es la mejor garantía de no repetición en un futuro.
Podemos Navarra