El Convenio, instrumento financiero











La cuestión del Convenio con el Estado burbujea desde hace tiempo como consecuencia de la concatenación de una serie de elementos empujando todos en la misma dirección, y no la más favorable para Navarra: ofensiva jacobina del Gobierno del PP en la última legislatura; sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional que, con interpretaciones como mínimo peculiares, fueron comiéndose el meollo de la capacidad de Navarra en materia tributaria; y las consabidas acusaciones de privilegio de los partidos centralistas, dentro de un esquema ideológico centralizador y uniformizador como base de un nacionalismo español que, fiel a su naturaleza histórica, se define en el ataque y la imposición. Y si Ciudadanos es el exponente más claro, esta concepción anida también -y con notable pujanza- en el PP y el PSOE.

Lo que ha ocurrido ahora es que el Gobierno de Navarra ha dado un puñetazo en la mesa y el burbujeo ha pasado a ebullición. Lo primero que muestran las reacciones de uno y otro signo que se han sucedido -de cargos políticos, responsables orgánicos o meros particulares- es el elevado grado de desconocimiento que existe sobre el Convenio (el consejero del ramo es una notable y notoria excepción). No sé si la actuación del Gobierno navarro ha sido la adecuada y si tiene posibilidades de éxito. Doctores tiene el derecho que sabrán responder, pero a primera vista el agarradero jurídico parece endeble. No obstante, está claro que la situación había llegado a un nivel de degradación que requería alguna actuación contundente, máxime cuando son cifras insignificantes para el Estado pero sustanciales para Navarra. La bilateralidad que exhiben y a la que se agarran quienes, con el paso cambiado, critican al Gobierno, no consiste en contemporizar con el matón del colegio mientras te está pisando la cabeza, sino en impedir que tenga ocasión de pisarte la cabeza. Salvo, como parece ser el caso, que restrinjamos la navarridad, la bilateralidad y el autogobierno a lo meramente folclórico. Ahí sí: nadie nos gana en prestancia con la boina (aunque sea de Tolosa, qué se le va a hacer).

Conviene aclarar que las liquidaciones que se practiquen desde que expiró el último quinquenio son provisionales, a la espera de la negociación del nuevo. Por tanto, en rigor no se está pagando de más. Si de la actualización resulta una liquidación menor, se devolverán las cantidades pagadas en exceso. Ahora bien, en lo puramente crematístico y al margen de otras consideraciones, eso no significa que a Navarra le dé igual, porque en las circunstancias actuales de fuerte restricción presupuestaria implica un drenaje de liquidez con un elevado coste de oportunidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la base sobre la que se calcula la aportación va mucho más allá del coste de la monarquía, el ejército y las embajadas. Así, en 2010 se fijó la cuantía de las cargas asumidas por Navarra en 68 mil millones de euros y las no asumidas en 168 mil millones. Es decir, las cargas asumidas por Navarra representan el 29% del gasto total del Estado, y realiza su aportación por el 71% restante. Vamos, que la autonomía de Navarra no es, desde luego, el no va más.

Ahora bien, ¿cómo se calcula la aportación? Este es un aspecto no menor que está en la base del enfrentamiento entre las dos administraciones. La cuestión es que prácticamente toda la información necesaria para calcular la aportación en el año inicial del quinquenio y toda la necesaria para calcular la actualización anual procede del Estado, y si es complejo desentrañar su composición incluso desde dentro, no digamos ya desde fuera. Pero, en cualquier caso, es el Estado quien certifica sus propias cifras y quien, además, da por buenas -o no- las de Navarra. No parece que haya mucha bilateralidad en la base misma del sistema. Se explican así las discrepancias entre administraciones. Por eso sería de gran interés conocer, no sólo las cifras que maneja la Hacienda de Navarra, sino la metodología utilizada para llegar a ellas. Que el resultado final se quede más cerca o más lejos de la posición oficial depende crucialmente de su solidez, algo hasta ahora difícil de calibrar por la falta de información.

Esta es la superficie del asunto. El consejero Aramburu parece interesado únicamente en negociar con el Estado la aportación. Habrá que ver si el Estado está de acuerdo o quiere aprovechar la coyuntura para ajustar cuentas. Y, en todo caso, hay al menos dos cuestiones pendientes de cierto calado.

La primera de ellas es el mecanismo de actualización en cada año del quinquenio, que no deja de ser absurdo, puesto que únicamente tiene en cuenta la evolución de la recaudación del Estado. Además, está obsoleto. Con los medios técnicos disponibles se puede tener el cierre de cuentas a primeros de año, por lo que la aportación se podría liquidar en el primer trimestre con datos reales.

En segundo lugar, el cálculo del ajuste por IVA -mal diseñado, parcheado y que ha perjudicado sistemáticamente a la Hacienda navarra- se hace por un método transitorio que habrá que resolver definitivamente con una fórmula que tenga en cuenta la capacidad real de consumo de Navarra (y esto es independiente de la manera en que Volkswagen comercialice su producción).

En una perspectiva temporal más amplia, y desde el punto de vista de los consensos políticos necesarios, habrá que optar entre una visión totémica pero sin contenido del Convenio o avanzar efectivamente hacia el autogobierno en materia fiscal (sean cuales sean las metas finales de cada quien). El actual modelo es insostenible a largo plazo puesto que es desequilibrado y asimétrico de origen. Al margen de mitificaciones interesadas, la desigualdad de las partes que, supuestamente, pactan, hace que el Estado vaya ganando terreno y Navarra, lógicamente, lo vaya perdiendo. Y si el sistema, por su propia naturaleza, empuja en esa dirección, la desidia negociadora de los últimos tiempos, más centrada en la mitología jurídica que en los contenidos económicos reales, no ha hecho sino agravar las cosas.

El Convenio es un instrumento financiero. Ni más, ni menos. Una herramienta para alimentar financieramente la capacidad de autogobierno y de decisión. Detrás de las formulaciones ampulosas hay guarismos, fórmulas y cifras que delimitan el campo de acción. Constituye un grave error elevarlo a los altares de la identidad colectiva y despreciar, obviar o ignorar su contenido real, porque el rey terminará por llevarse la hacienda y la vida. Nos quedará, como al alcalde de Zalamea, el honor. Pero, ay, el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios.

Juan Carlos Longás, NOTICIAS DE NAVARRA

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