David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, desveló durante 13 horas al juez Eloy Velasco el funcionamiento de una red corrupta de comisiones a cambio de adjudicaciones que incluía pagos a alcaldes y financiación de campañas electorales en decenas de municipios de Madrid. Una trama de la que él era el cerebro junto con el exsecretario general del PP de Madrid, exconsejero de Presidencia de Madrid y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, a quien acusa incluso de lucrarse y de ser el ideólogo de operaciones inmobiliarias que su empresa desarrolló en esa localidad del sur de Madrid cuando él era alcalde.
El propio Granados participó en la empresa de Marjaliza usando, para ocultar su nombre, a la mujer de su jefe de gabinete en el Ayuntamiento, en un porcentaje que en su primer día de declaración cifró en un 10 o 20% y al día siguiente rebajó al 2%. Marjaliza, compañero de filas de Granados en Alianza Popular, detalla que el exconsejero se llevaba entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda que él vendía, operaciones que se hacían parte en negro, hasta el punto de que llegó a acumular “millones” que luego escondió en Suiza con su ayuda.
Pero la confesión de Marjaliza no se queda en Granados, sino que afecta a decenas de alcaldes y concejales de localidades como Parla, Pinto, Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle, Aranjuez, Torrejón de Velasco, Alcalá de Henares, Valdemoro, Móstoles, Getafe, Moralzarzal y Collado Villalba. El cerebro de la trama apunta directamente a Tomás Gómez, exalcalde de Parla y exsecretario general de los socialistas madrileños, y afirma haberle pagado “mítines, banderolas, bebidas, muchas cosas” a cambio de la adjudicación de “seis o siete parcelas” para la construcción de viviendas.
“Me decían, ¿quieres viviendas en este suelo? Sí. Preséntate a este concurso. Nos presentábamos a 20 parcelas y nos adjudicaban cuatro. En el caso de Parla nos adjudicaron seis o siete por un total de 400 y pico viviendas”, relata en su declaración, en junio de 2015 en sesiones de tres días.
MANGONEO También señala al número 3 del equipo de Cristina Cifuentes y actual consejero de Medio Ambiente de Madrid, Jaime González Taboada, entre los supuestos perceptores de comisiones ilegales y le acusa de “mangonear” contratos del Plan Prisma, destinado a repartir inversiones en los pueblos de la Comunidad. “El que mangoneaba allí era él”, sentencia tras revelar un método “no escrito” para cobrar las comisiones: un tercio para los técnicos, un tercio para Granados o la Consejería y un tercio para “los que estaban allí”, es decir, los directores generales, “Jaime González Taboada con su gente”.
La trama se extendía a la vivienda pública y el empresario revela al juez que, en los años en los que operaba la Púnica, el 98% de las viviendas protegidas en España se adjudicaban previo pago de comisiones a los ayuntamientos. Como norma general la red pagaba “paquetes” que podían ser de 200.000, 300.000 o 50.000 euros, casi siempre después de la adjudicación.
Cuando el boom inmobiliario comenzó a tambalearse, la Púnica se reconvirtió y dirigió sus negocios a actividades como adjudicaciones de contratos de eficiencia energética valiéndose de la empresa Cofely.